Las regiones y territorios pagaron $10 billones en contratos con entidades sin ánimo de lucro en el periodo 2014-2016. Esta suma equivale al 13% del total del rubro de contratación total que en los últimos tres años llegó a $80 billones, realizaron municipios y departamentos.

El reporte de contratación fue de $38,9 billones para el 2014 y de $41,1 billones para el 2015.

Los departamentos donde más se contrataron entidades sin ánimo de lucro fueron Córdoba (23%), Cauca (21%), Atlántico (20%), Sucre (19%), La Guajira (19%), Bolívar (15%) y  Cesar (15%).

Bajo este contexto, según la Auditoría, las entidades sin ánimo de lucro, entiéndase fundaciones, corporaciones y arquidiócesis, son las más beneficiadas en los últimos años por su participación creciente en la contratación estatal.

Si bien es cierto, que su contratación no está prohibida, lo es el hecho de que el aumento significativo como contratistas del Estado tanto nacional como territorial, dificulta el control a la ejecución de los recursos públicos. No sobra recordar que el contratista con ánimo de lucro se encuentra en desventaja frente a estas entidades por su régimen tributario.

Sin embargo, la Auditoría no advierte que esta situación genere ninguna ilegalidad ni se contraponga a ninguno de los principios que rigen la actividad contractual en Colombia.

No obstante, debe advertirse la posibilidad de un riesgo real sobre la idoneidad de muchas de estas fundaciones, corporaciones y/o asociaciones  en el cumplimiento de los objetos contractuales.

Adicionalmente estas entidades sin ánimo de lucro en ocasiones contratan múltiples objetos en varios sectores como es el caso de la Universidad de Antioquia que contrató entre 2014 y 2015 $248 mil millones en al menos 17 sectores, Colanta 6 sectores, Cohan 5 sectores, Asociación de municipios del Alto Sinú 6 sectores.

Adicionalmente es necesario hacer un llamado en cuanto a los beneficios tributarios de estas entidades sin ánimo de lucro. Según datos de la DIAN existen más de 71.000 de estas entidades en Colombia de las cuales el 77% (54.933) se encuentran en el Régimen Tributario Especial, mientras que el 23% (16.729) no son contribuyentes; se nota un costo de oportunidad en cuanto al recaudo para el Estado se refiere.

Por otro lado el 48% de las entidades (33.069) cuentan con Actividades económicas no clasificadas, esto permite que las ESAL tengan objetos sociales muy generales que abarcan toda clase de sectores y de actividades.

Con lo anterior, se establece que las dos ventajas serían la tributaria y la posibilidad de participar en gran cantidad de actividades que hacen que las sociedades con ánimo de lucro compitan en condiciones de desventaja. 

Sobre la misma línea, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha aprobado la convocatoria para 2016 de subvenciones en colaboración con asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para la contratación de desempleados para realizar servicios de interés general en Santander. Para lo que se destinará un total de 700.000 euros.

Esto, de acuerdo al Boletín Oficial de Cantabria (BOC), donde se explica que los beneficiarios de las ayudas son asociaciones, fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Cantabria.

Por su parte, el objeto de la convocatoria es subvencionar los costes laborales generados por la contratación de personas desempleadas para la ejecución de servicios de interés general y social, como medio de adquisición de práctica profesional y para la mejora del número de ocupados.

Por consecuencia, el importe total que se destina a las ayudas es de 700.000 euros y la cantidad máxima que se podrá otorgar a cada solicitante no excederá los 60.000 euros.