Está pendiente por salir en el Consejo de Estado un fallo de fondo acerca de una acción de nulidad contra un decreto y una resolución de los cuales depende poner en práctica esta técnica para extraer petróleo y gas, controvertida en varios países por eventuales impactos en el ambiente

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La idea del Gobierno, de traer al país el fracking, sigue embolatada después que esta semana 20 congresistas de distintas bancadas y una ONG, preocupados por el impacto que podría tener en el ambiente, radicaron ante el Consejo de Estado un incidente de desacato alegando que en el Decreto 328 de febrero pasado, no se cumplen las condiciones dadas por este Alto Tribunal para avanzar con los proyectos piloto, con los cuales la administración Duque espera verificar que se puede desarrollar con seguridad esta técnica a gran escala.

El incidente de desacato hace parte de una acción de nulidad ante el Consejo de Estado que presentaron en 2016 la Alianza Colombia Libre de Fracking y la Universidad del Norte contra el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, expedidos por el gobierno Santos, en donde se fijan los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales; a través de esta técnica, hoy en boga de algunos países como Estados Unidos porque incrementa la explotación de petróleo y gas, pero que también es motivo de discusión por sus eventuales impactos en los acuíferos.

Dicha normatividad permitiría al Gobierno nacional dar el banderazo para que la estatal Ecopetrol, además de empresas privadas nacionales y extranjeras incorporen el fracking en sus actividades de explotación.

Sin embargo, el Consejo de Estado, atendiendo la referida acción de nulidad, mediante un Auto del 8 de noviembre de 2018 decretó una medida cautelar suspendiendo provisionalmente el Decreto 3004 y la Resolución 90341. No obstante, el alto Tribunal mientras se da un fallo de fondo, permitió los proyectos piloto de investigación integral y los condicionó al cumplimiento de siete requisitos.

Precisamente, los siete condicionantes que estableció el Consejo de Estado son los mismos que recomendó la comisión de expertos que conformó el Gobierno para que le aconsejara sobre la viabilidad ambiental de desarrollar esta técnica en el país.

Dicha comisión entregó un informe positivo para este mecanismo en la exploración de yacimientos no convencionales en el país, sin embargo, recomendó primero desarrollar proyectos piloto en los que se compruebe que no se afectan las comunidades ni las fuentes hídricas.

Es decir que en este momento está suspendida la normatividad que habilita hacer fracking en Colombia hasta que el Consejo de Estado falle de fondo al respecto; y por otro lado, sobre la posibilidad de realizar proyectos piloto, se tiende un manto de duda debido al incidente de desacato que dejaría en vilo al Decreto 328 de febrero pasado, en el cual se fijan lineamientos para los mismos.

Razones de los accionantes

Juana Hofman, asesora jurídica de la Alianza Colombia Libre de Fracking, la ONG que junto con 20 congresistas de distintas bancadas radicaron el citado incidente de desacato, dijo a EL NUEVO SIGLO que el Consejo de Estado le fijó unas “condiciones muy estrictas al Gobierno nacional para adelantar los proyectos piloto de investigación integral, condiciones que consideramos no están dentro del Decreto 328 de este año”.

Hofman explicó que en caso que el alto Tribunal les dé la razón, este Decreto se caería y el Gobierno tendría “que volver a expedir una nueva reglamentación que incorpore todos los condicionantes que dio el Consejo de Estado”.

De igual forma está viva la demanda de nulidad contra el Decreto 3004 y la Resolución 90341, frente a lo cual Hofman dijo que “estamos bastante positivos en el fallo de fondo, ese proceso ya está cerrando, se ha atrasado un poco por la suspensión de términos pero ahora tenemos las dos últimas audiencias”.

El incidente de desacato que presentaron los 20 congresistas y la Alianza Colombia Libre de Fracking argumenta que el Decreto 328 incumple las condiciones dadas por el Consejo de Estado porque no incorpora los pasivos ambientales que ha generado la industria de los hidrocarburos en yacimientos convencionales; no contempla un plan de acción concreto para desarrollar las capacidades y el fortalecimiento institucional; no observa los estándares legales para garantizar integralmente la transparencia y el derecho de acceso a la información.

De igual forma aducen que no establece una disposición que regule el concepto de licencia social y la forma en que esta se otorga por parte de las comunidades locales; no contiene una estrategia de gestión del riesgo en los términos de las recomendaciones del comité de expertos; y el decreto contiene disposiciones que no garantizan el carácter científico de los proyecto piloto de Investigación.

Por su parte, Jorge Eduardo Londoño, uno de los 20 parlamentarios que presentó dicho incidente de desacato, dijo a este Diario “esperamos que el Consejo de Estado remedie las imprecisiones que hay en ese Decreto, que no cumple con los mínimos requeridos” que establece esta alta Corte. Añadió que “por eso decidimos iniciar un incidente de desacato para que el Gobierno nacional tenga en cuenta todos esos preceptos que exige el fallo del Consejo de Estado”.

Así mismo, el Senador de la Alianza Verde remarcó su oposición a que haga fracking en Colombia, “primero porque no tenemos una institucionalidad que sea capaz de controlar ese ejercicio de fracturación hidráulica; segundo porque no tenemos un inventario de fuentes hídricas; tercero, no tenemos un inventario cierto de fauna y flora; y no tenemos los estudios científicos de la afectación que eso va a tener en la salud de las personas que van a estar expuestas a esos procesos”.

El Decreto

Este Diario buscó la reacción del Ministerio de Minas acerca del incidente de desacato que radicaron frente al Decreto 328 de febrero pasado, el cual, como se dijo, fija los lineamientos para el desarrollo de los proyectos piloto de fracking. Sin embargo, no fue posible y esta Cartera tampoco se pronunció públicamente al respecto, tal vez porque precisamente ayer se posesionó Diego Mesa Puyo como ministro, tras la renuncia en días pasados de María Fernanda Suárez.

En marzo pasado, la entonces ministra Suárez dijo, tras ser expedido este Decreto que, “la decisión se tomó teniendo en cuenta las mesas de concertación que se efectuaron a nivel nacional durante dos meses, donde se recibieron opiniones y sugerencias de ciudadanos, expertos y diferentes entidades públicas y privadas”.

Añadió Suárez en esa oportunidad que “una vez concluya el piloto hay una fase de evaluación donde se incorporan los resultados de todas las variables que se han monitoreado para poder tomar una decisión de si se puede continuar o no”.

De otra parte, el Ministerio de Minas publicó para participación ciudadana el proyecto de resolución por la cual se establecen lineamientos técnicos para el desarrollo de los proyectos piloto de fracking, en el cual -entre otros- define que se podrán adelantar en las cuencas sedimentarias del Valle Medio del Magdalena y Cesar Ranchería.