En firme quedó la investidura del senador Gustavo Petro, según decidió el Consejo de Estado.

En el análisis jurídico se determinó que pese a que existen tres condenas emitidas por la Contraloría de Bogotá contra Petro cuando fue Alcalde no dan lugar para declarar su "muerte política".

El fallo sostiene que dichas sanciones fiscales se fundamentan en actos administrativos que fueron emitidos por la Contraloría Distrital de Bogotá y no constituyen sentencias judiciales.

El fallo sostiene que dichas sanciones fiscales se fundamentan en actos administrativos que fueron emitidos por la Contraloría Distrital de Bogotá y no constituyen sentencias judiciales. Según el Consejo de Estado, para que se produzca la causal de pérdida de investidura, debe existir una sentencia judicial que pruebe que una actuación dolosa o gravemente culposa del congresista como servidor público haya dado lugar a una condena de reparación patrimonial en contra del Estado.

El alto Tribunal concluyó que, si bien es cierto que existen tres condenas de tipo fiscal en las que Gustavo Petro fue condenado por decisiones relacionadas con la contratación de maquinaria para la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá, cuando el demandado fungió como alcalde Mayor de la Capital, estas no dan lugar a la pérdida de investidura.