¿Y el orden público?

  • Las realidades de la “guerra” aquí y ahora
  • Beneficio de inventario a la anarquía reinante

 

Es curioso registrar como para algunos sectores aún no ha terminado la campaña presidencial. En ese caso aducen, por ejemplo, que el país va de nuevo para una “guerra”. Y no se entiende por qué ha de ser así cuando se supone que se superó el llamado conflicto interno y los voceros de la exguerrilla han dicho que no tienen las más mínimas intenciones de regresar al monte.

Desde luego, el Gobierno entrante hereda una situación de orden público deplorable. En muchas regiones del país, como acaba de acontecer en Argelia, Cauca, los combates entre el Eln y las disidencias de las Farc causaron una mortandad que demuestra la ausencia de soberanía en distintas partes de territorio. Es, como se sabe, la lucha por los corredores estratégicos de la criminalidad, sean ellos para el narcotráfico, la minería ilegal o el contrabando de madera.

En la herencia también figura, por descontado, el lamentable caso de la denominada implementación del proceso de paz. Resulta verdaderamente pasmoso que en los mismos territorios del país, donde se había prometido una dosis importante de financiación para el “posconflicto”, ello se haya perdido en maniobras sospechosas que investigan las autoridades pertinentes.

Basta con recordar, asimismo, que el fragmentado proceso de paz tenía como uno de los objetivos, no solamente la consolidación territorial, sino el despeje integral de los cultivos ilícitos.  Hoy en día, por el contrario, estos pasaron de 43 mil hectáreas, en 2013, a más de 209 mil, en 2017. Semejante situación incide, efectivamente, en el apogeo de comercialización de cocaína, hasta más de 900 toneladas métricas del alcaloide, cifra jamás vista en la historia de la nación.

A diario, por lo demás, se presentan asesinatos de líderes sociales y comunales, en diferentes veredas y municipios. Pareciera, al respecto, que a muy pocos interesa el saldo mortal que se incrementa con el paso de las semanas. El reproche cotidiano es una gigantesca mácula que es imposible de borrar si no se recupera, naturalmente, el sentido de la autoridad.

Muchos de los que se declaran en oposición, de antemano, sin siquiera esperar la posesión presidencial, se reducen a lo que puede ocurrir con la justicia transicional (JEP). Pero no se dan cuenta de que en aquellos territorios nacionales abandonados a su suerte se está viviendo una gigantesca erosión en el tejido social como resultado de la anarquía reinante.

No es esto, por supuesto, una “guerra” en la dirección que apuntan aquellos embebidos en la ruta de violencia subversiva en el país, de la cual se empezó a salir justamente cuando las instituciones templaron su desenvolvimiento. Desde entonces, hace más de una década y media, el secuestro bajó vertiginosamente, la tasa de homicidios disminuyó de forma considerable y el éxodo campesino principió a reducirse a partir del despliegue de la Fuerza Pública y la recuperación de las vías. No fue lo anterior resultado del proceso de paz, sino del ejercicio de la autoridad legítima. Y fue entonces cuando la guerrilla, al menos la más antigua del país, produjo la desmovilización de los siete mil hombres-arma que quedaron después de haber tenido contingentes hasta por veinte mil efectivos.

Hoy lo que existe, en buena medida, es la situación asfixiante de los cultivos ilícitos sin que se dé una estrategia eficaz al respecto. Esa bomba de tiempo es la que hereda el gobierno entrante y la que concita el interés del Eln, las bacrines y las disidencias de las Farc, entre otras manifestaciones delincuenciales que se rotan las insignias con la denominación de los carteles mexicanos.

El gobierno entrante, ante todo, deberá hacer un irrestricto beneficio de inventario, es decir un corte de cuentas de cómo se recibe el país en materia de orden público. En ello, asimismo, es indispensable conocer con exactitud la situación de las fronteras, tanto de Tumaco a Sucumbíos, como del Táchira al Catatumbo. Allí, por ejemplo, se sabe que el Eln hoy predomina sobre algunas bacrines y también es claro, según las autoridades, que hay refugio en Venezuela cuando de evadir la autoridad colombiana se trata.

Hablar de “guerra futura” por modificaciones a los acuerdos de La Habana, cuando en este momento el territorio nacional es caldo de cultivo para desmanes inverosímiles es tratar de tapar el sol con las manos. Podrá ajustarse la JEP y otros ingredientes del proceso con las Farc, pero lo que hoy es imperativo radica en saber con plena exactitud y credibilidad cuál es la órbita real en que se soporta el orden público y los mecanismos a tener en cuenta para enfrentar la violencia reciclada.