¿Y el monopolio de las armas?

  • Reciclaje “autorizado” de la violencia
  • Alguien que defienda la Constitución

 

COLOMBIA necesita recuperar la noción del monopolio de las armas por parte del Estado. Muchas son las ocasiones en que se hicieron procesos de paz pero el armamento ilegal sigue pululando por doquier. De hecho la entrega de las armas no suele ser el indicativo que suponga la paz porque, de inmediato, es fácil para los disidentes mantener una parte de los arsenales o adquirir nuevos.

En realidad el único proceso de paz prácticamente completo que ha tenido el país fue el del M-19, aparte de remanentes pequeños como la desaparición del ADO o del Quintín Lame. Grupos como el Epl se entregaron, en parte, pero hubo disidencias que aún hoy, después de tantos lustros, siguen golpeando en el Catatumbo o se reconvirtieron en paramilitares. El Eln, a su turno, ha tenido algunas pequeñas divisiones que optaron por incorporarse a la civilidad, pero en su gran mayoría se ha mantenido en el monte. El último caso es el de las Farc que si bien entregó 7 mil armas, otra parte del arsenal quedó en manos de las disidencias que ahora parecerían acrecentar su armamento y acciones violentas.

De otro lado lo mismo ocurrió con los jefes paramilitares que se desactivaron durante la doble administración de Álvaro Uribe. Aunque en muchas regiones mejoró el orden público, contingentes no desmovilizados o reincidentes luego se convirtieron en las denominadas “bacrim” y ahora mantienen alianzas hasta con los carteles mexicanos de la droga.

Casi nunca se hace el cálculo de cuánto es el armamento que ronda ilegalmente por el territorio colombiano. Pero es evidente que una parte importante de la población permanece armada, no como acicate de la legítima defensa, sino como mecanismo ofensivo. Y es ahí donde se da, precisamente, el núcleo del problema del orden público en la nación. Pareciera, entonces, que de alguna manera se admite esa ilegalidad. Y no existe, como se dijo, el concepto de que las armas deben estar en manos de las fuerzas legítimas.

Hoy, ciertamente, uno de los desconsuelos del proceso de paz con las Farc es el de no haber podido recuperar a favor de la soberanía nacional los territorios donde estas predominaban. No se tuvo en cuenta en tal sentido el monopolio de las armas por parte del Estado, no sólo en cuanto a las Farc en sí mismas, permitiendo el desdoblamiento de las disidencias, sino dejando que esas zonas fueran ocupadas por otras fuerzas ilegales. Es ahí donde se produce, precisamente, la debacle por la racha de asesinatos de líderes comunales y regionales. Y donde también se da la lucha por los corredores estratégicos del narcotráfico. No se trata, claramente, de ninguna identidad política armada, sino de mantener la pugna por el negocio de la droga.

Ahora el Gobierno emite una nueva ley en busca de la rendición de las “bacrim” y la entrega de su armamento. Faltaría ver si la norma tiene un desarrollo eficaz. En todo caso, grave sería que ello no ocurriera y que efectivamente no se recupere, como se dijo, la noción del monopolio de las armas por parte del Estado.

Mientras esto último no ocurra el reciclaje de la violencia estará a la orden del día. Otra cosa, por ejemplo, ocurre en los Estados Unidos donde se pueden portar armas, de corto y largo alcance, dentro de los postulados constitucionales de ese país. Ello, ciertamente, viene suscitando grandes polémicas, porque de esa enmienda proviene también el riesgo de que se produzcan  grandes matanzas y otras conductas demenciales que se repiten como una patología enfermiza, particularmente contra los centros educativos.

En Colombia, el porte de armas, diferente de lo establecido para la Fuerza Pública, es absolutamente restrictivo para los civiles. Las armas no hacen parte de los criterios de libertad.  Por lo tanto se debería tener la suficiente fuerza coactiva legal para reprimir a aquellos que las detentan como cosa natural y parte de la idiosincrasia nacional.

Alguien, pues, debe recordar que el monopolio de las armas por parte del Estado es una de las cláusulas fundamentales de la Constitución colombiana. Mientras esto no ocurra y no exista tampoco una política pública al respecto, seguiremos sufriendo la violencia como la peor endemia que durante décadas y décadas ha venido caracterizando al país.