Tal parece que en Colombia si hay gente por encima de la ley. Por lo menos eso piensan los seguidores del senador Álvaro Uribe Vélez, a juzgar por la reacción que han tenido en contra de la Corte Suprema de Justicia que ha cometido la terrible infracción de llamar a indagatoria a su jefe político. Desde columnistas de tradición uribista, en Bogotá o en Barranquilla, en Medellín o en Pasto, pasando por los representantes y senadores de esa agrupación, hasta múltiples portales de dudosas intenciones y financiaciones, se han dedicado a denostar, a ofender, a calumniar y a estigmatizar a la Corte Suprema y a sus magistrados por el simple hecho de llamar a indagatoria al senador.

Ahora, de pronto, los mismos columnistas que celebraban la cooperación internacional en el caso de alias “Santrich”, que encontraban plausible y deseable que en ese caso no se puedan analizar las pruebas, les ha surgido un rasero diferente para este caso particular al punto de reclamar como garantías toda una serie de procedimientos que en realidad no son obligatorios. En materia penal la regla general es la libertad probatoria y por tanto el juez puede decidir, por ejemplo, autónomamente de qué institución pública o privada se asesora en materia de pruebas técnicas.

Reclaman que al senador no se le ha dado oportunidad de rendir explicaciones, pero callan que una indagatoria es precisamente eso, una diligencia esencialmente defensiva para entregar su propia versión sobre los hechos en los que está presuntamente comprometido. En realidad los uribistas usan esos argumentos solo como pretexto para disfrazar con ropaje jurídico su único y verdadero argumento, Uribe es intocable. Ya lo advirtió una vez el ahora designado embajador en los EE.UU.A por el presidente electo “si llegan a ponerle un dedo a Uribe, se incendia este país”.

Y eso es lo que están haciendo. Para ellos jamás habrá Juez suficientemente digno, ni coyuntura histórica adecuada para adelantar un proceso investigativo contra Álvaro Uribe.  La Corte Suprema de Justicia que ellos han respaldado cuando absolvió a Arango Bacci o a Plazas Vega o al General Suárez Tocarruncho, se torna en sospechosa cuando toma alguna decisión que a ellos no les gusta. Pero cuando no es la descalificación de los jueces, es la de la situación política, Según algunos columnistas uribistas, como algunos miembros de las Farc llegaron al congreso sin pasar por la JEP, entonces hay que suspender todos los procesos penales porque no se puede procesar a nadie “mientras los terroristas están en el Congreso”.

Es la instrumentalización pura y dura de la administración de justicia con fines políticos. La derecha y la izquierda se hermanan en esa intención. Los abogados que desde la otra orilla le celebran a la Corte las actuaciones contra Uribe, son los mismos que han descalificado a sus magistrados cada vez que han absuelto a alguien que ellos han condenado anticipadamente.

Antes de incendiar el país, deberían hacer un acuerdo sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez. Dejen la justicia en paz. Déjenla actuar sin descalificarla anticipadamente. 

@Quinternatte