- ¿Qué pasó con decenas de caletas de las Farc?
- Las disidencias, un problema de marca mayor
Es imposible hablar de un país en paz cuando miles y miles de armas ilegales siguen en manos de los delincuentes. Esa premisa, más que obvia, explica por qué persiste la incertidumbre pese a que hace un año se terminó oficialmente el proceso de desarme de las Farc, que implicó la entrega a la ONU de 7.132 armas individuales así como el compromiso de seguir con la ubicación de más de 1.027 caletas que contendrían pistolas, fusiles, explosivos y otros pertrechos militares. Es claro que en los últimos doce meses los homicidios, lesiones, atentados terroristas y otros daños derivados del conflicto armado interno han seguido disminuyendo, acorde con la tendencia que venía dándose. Como también resulta innegable que la desmovilización de más de 12 mil combatientes y otros efectivos pertenecientes a esa guerrilla ha desembocado en menores casos de alteración del orden, ataques a la Fuerza Pública y hostilidades a la población civil. Sin embargo, estando todavía el Eln, las bandas criminales y las propias disidencias de las Farc delinquiendo en distintos departamentos, sobre todo en zonas de alta densidad de narcocultivos, no se puede hablar, en modo alguno, de un país en donde el Estado tiene el monopolio de las armas.
¿Qué pasó? En lo atinente al acuerdo de paz con las Farc desde el primer momento se advirtió que el número de armas individuales que entregaba a la ONU con miras a ser destruidas era muy bajo frente a las estimaciones de las autoridades sobre el volumen de su arsenal. Duda que aumentó día tras día porque no se permitió ningún peritaje externo sobre qué tipo de armamento se recibió de la insurgencia, su origen y la trazabilidad probatoria respecto a miles de crímenes cometidos por las Farc. También se llamó la atención en torno a que la Misión de la ONU tendría un trabajo muy complejo para ubicar y destruir las armas y explosivos que la guerrilla a desmovilizarse dijo tener en un millar de sitios montañosos a lo largo y ancho del territorio.
Hoy, un año después, lo que pasó con parte de esas caletas es incierto. Una prueba de ello se dio, precisamente, esta semana luego de que, con ocasión del primer año del desarme subversivo, la Procuraduría General indicará que verificó los operativos de la Fuerza Pública para la “ubicación, registro, extracción, destrucción, inhabilitación y disposición final de armamento, municiones y explosivos” en 205 caletas.
De acuerdo con el Ministerio Público, estas caletas encontradas hacían parte de los depósitos de armas que no alcanzaron a ser localizados y neutralizados por la misión de las Naciones Unidas que tuvo a su cargo esa labor por seis meses.
Paradójicamente, una investigación del periódico El Tiempo, con base en el mismo informe de la Procuraduría, reveló que de las 277 caletas que debían destruir las tropas, 54 no han sido extraídas, 25 estaban vacías y 18 no aparecieron.
Se trata, sin duda, de un hecho preocupante, ya que no se sabe a ciencia cierta qué pasó con ese armamento, explosivos y demás pertrechos bélicos. Puede que las disidencias de las Farc hayan saqueado estas caletas, o que algunos subversivos, desmovilizados o particulares las vaciaran para vender en el mercado negro dichos arsenales. Tampoco faltan los que temen que una parte del material pudo ser relocalizado ‘estratégicamente’ por insurgentes como medida de ‘precaución’ por si el acuerdo de paz no da los resultados esperados por esa exfacción insurgente, hoy convertida en partido político.
Entre las dificultades encontradas por los delegados de la Procuraduría para poder extraer las caletas en su totalidad están los riesgos por combates en las zonas, incumplimientos de los desmovilizados para ayudar a ubicar los depósitos clandestinos, errores en las coordenadas suministradas y otras falencias.
Es evidente que la incertidumbre sobre en cuánta proporción se cumplió el desarme de las Farc y qué pasó con los arsenales que desaparecieron o siguen ocultos, no es un problema menor. El propio texto del acuerdo es taxativo sobre la obligación de esa facción hoy desmovilizada de informar y ayudar en la recuperación del material de guerra, so pena incluso de perder los amplios beneficios en materia política, jurídica, económica, social e institucional. El Gobierno saliente y las autoridades están en mora de exigir cuentas al hoy partido político de los desmovilizados al respecto de los arsenales embolatados. Es un caso similar al de las pesquisas de la Fiscalía sobre los bienes de origen ilícito que esa exguerrilla no reportó y que trató de ocultar en cabeza de testaferros, hoy bajo judicialización.
Como se dijo, es imposible hablar de un país en paz cuando miles y miles de armas ilegales siguen en manos de los delincuentes. Las instancias previstas por el propio acuerdo y su proceso de implementación para garantizar el cumplimiento del pacto, no sólo deben funcionar para que la organización desmovilizada denuncie las falencias del Estado, sino también para que este exija a la contraparte que honre los compromisos que adquirió en la mesa sobre desarme completo y verificable. Mientras ello no ocurra poco hay que celebrar en la materia. Lamentablemente seguimos siendo un país cuyo Estado, por acción u omisión, no es capaz de cumplir una de sus premisas más básicas: el monopolio legítimo de las armas.