Off the record

Foto archivo El Nuevo Siglo

Inquietudes rojas

En el Partido Liberal hay inquietud respecto a qué pasará con la titularidad de los entes de control en el gobierno de Duque. Algunos de sus congresistas, en privado, sostienen que es absolutamente claro que el fiscal Néstor Humberto Martínez proviene de las toldas de Cambio Radical, en tanto que el procurador Fernando Carrillo tiene un origen gavirista  de antaño pero luego fue ministro santista. Sobre el saliente contralor Edgardo Maya se recuerda que su llegada al cargo estuvo disputada con un candidato liberal en 2014 y que fueron los votos de La U, precisamente por orden del presidente Santos, y de la mayoría de la coalición de Unidad Nacional, los que terminaron primando para que llegara a la jefatura del ente de control fiscal. Para varios parlamentarios rojos, más allá de la debacle en las elecciones presidenciales, por la ínfima votación de su candidato Humberto de la Calle, el liberalismo tiene una bancada importante en Senado y Cámara y ello le da derecho a aspirar a que uno de los suyos llegue a la jefatura de uno de los entes de control.

 

Inquietudes verdes

 

Hay inconformismo en círculos cercanos al senador Antonio Navarro por lo que se considera como “peligroso síntoma” de incumplimiento de los acuerdos a que se había llegado al interior de la llamada Coalición Colombia para que el saliente congresista fuera el candidato de ese bloque en 2019 a la Alcaldía de Bogotá. Las alarmas se han prendido luego desde que tanto voces del Polo como de algunos sectores fajardistas y de la Alianza Verde han empezado a poner sobre la mesa que con Navarro hay solo un acuerdo referente a una precandidatura en la Coalición pero que, eventualmente, podrían surgir otros aspirantes del mismo bloque y tendría que acudirse a un mecanismo interno o a una consulta en las urnas para escoger al aspirante definitivo que buscara la sucesión de Enrique Peñalosa en los comicios de octubre del próximo año.

 

Entierro anunciado…

 

Una alta fuente del Banco de la República le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que en el Emisor ya se da como un hecho que el proyecto de simplificación monetaria que cursa en el Congreso y propone eliminar tres ceros al peso, no tiene ningún futuro. Esto porque el gobierno entrante de Duque lo considera, de un lado, inoportuno e inconveniente por el estado actual de la economía y, de otro, costoso ya que podría significar una inversión superior a los 300.000 millones en el cambio de billetes y monedas, precisamente cuando aún no ha terminado de ingresar al universo monetario la última “familia” de billetes. Es más, algunas de esas denominaciones, específicamente el billete de 100.000 pesos, tiene todavía una circulación restringida por la demora de los cajeros automáticos y otros medios de pago en adecuarse al mismo.

 

Ojo a las demandas

 

Un exmagistrado del Consejo de Estado alertó sobre “la vena rota” en materia de recursos públicos que puede significar para la Nación y el patrimonio de todos los colombianos la racha de asesinatos de líderes sociales, comunitarios, indígenas, campesinos, activistas de derechos humanos y de procesos de restitución de tierras, contra la minería ilegal así como de veedores ciudadanos que denuncian casos de corrupción a nivel municipal y regional. Según el jurista -hoy titular de uno de los más importantes bufetes del país- cada asesinato de personas con estas características deriva muy seguramente en una demanda contra el Estado bajo la sindicación de que, por acción u omisión, no se actuó de manera eficaz y a tiempo para proteger la vida de las víctimas. “… Aquí hay un riesgo presupuestal muy alto que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado debe ponderar de manera urgente y delinear una estrategia de respuesta, tanto en el campo preventivo como en el procesal”, añadió el exmagistrado en charla off the récord.