Son muchas las hipótesis que se manejan frente a los responsables del asesinato de los líderes sociales, que han sido víctimas de atentados en diferentes regiones del país, por motivaciones que todavía no son establecidas aunque se sabe que las causas que defienden incomodan a algunos sectores.
Varios factores comunes rodean esos crímenes, que en su mayoría ocurrieron en zonas de alta influencia de organizaciones de narcotráfico y en otros departamentos donde se mueven negocios ilícitos como la minería ilegal. Lo cierto es que el origen puede ser tan variado como los posibles victimarios.
No se puede hablar de un plan orquestado para acabar de manera sistemática con quienes defienden iniciativas sociales, como en su momento sí existió contra la Unión Patriótica, que en los años ochenta y noventa fue objeto de un genocidio, aunque la Defensoría del Pueblo habla de 311 muertes desde 2016, perpetradas en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle y Risaralda principalmente.
La ocurrencia de crímenes, que supera los 90 durante lo corrido de 2018, puede ser una circunstancia que está siendo aprovechada para que se presenten nuevos casos, y no es sistemática porque no se podría señalar a un solo autor, pero sí preocupan características similares de las actividades de las víctimas: líderes de comunidades étnicas como resguardos indígenas y negritudes, ambientalistas, dirigentes de organizaciones sociales y de juntas de acción comunal.
Esta ola de violencia ensombrece aún más la situación de derechos humanos en el país, tan criticada en el ámbito internacional donde califican a Colombia como uno de los principales agresores de activistas, porque además de los asesinatos, se registran amenazas, secuestros y extorsiones.
Aunque fueron tomadas como desacertadas las declaraciones del Ministro de Defensa, al señalar que algunas de las personas fallecidas tenían vínculos con grupos al margen de la ley, es claro que cada hecho debe ser investigado de manera particular y buscar los autores intelectuales, porque emprender operativos para capturar solo a los sicarios que perpetraron los ataques, no permite determinar la procedencia de los mismos.
Los organismos de seguridad del Estado, entre ellos la Unidad Nacional de Protección, encargada de salvaguardar la vida de quienes están en inminente riesgo, son los encargados de preservar a los dirigentes amenazados, sin embargo no es una tarea fácil, teniendo en cuenta el contexto en que se dan las agresiones, zonas rurales de gran influencia de organizaciones ilegítimas.
Quienes están asesinando defensores de derechos humanos tienen vínculos con grupos armados ilegales, que se incomodan con las causas promovidas a favor de la sustitución de cultivos ilícitos, la restitución de tierras o la preservación del ecosistema; estructuras de diferente origen como autodefensas, guerrilla o disidencias de ella, narcotráfico, entre los que se cuentan carteles de la droga mexicanos, que después de la firma del proceso de paz han emprendido campañas armadas en disputa del territorio.