Prorrogan por seis meses medida de prisión a Bula por Odebrecht | El Nuevo Siglo
archivo
Lunes, 30 de Julio de 2018
Redacción Nacional

El Juzgado 59 Penal de Bogotá con función de garantías prorrogó por seis meses la medida de detención preventiva al exsenador liberal Otto Bula, quien a principios de 2017 fue el segundo capturado por las coimas que pagó la multinacional brasileña Odebrecht a funcionarios y políticos, para asegurar así licitaciones de obra pública.

El exparlamentario, quien es procesado por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares, está llamado a juicio desde marzo del año pasado.

En la diligencia judicial el delegado de la Fiscalía solicitó prorrogar por seis meses más la medida de aseguramiento a Bula, tras señalar que en estos momentos se adelanta una negociación para firmar un preacuerdo con el exparlamentario, quien se ha comprometido a reparar a las víctimas con una finca ganadera avaluada en más de 3.000 millones de pesos, ubicada en el departamento de Córdoba.

“La prórroga corresponde al proceso de colaboración que adelanta el exparlamentario, lo cual ha permitido abrir nuevas líneas de investigación que involucran a funcionarios y particulares con actos de corrupción en contratación estatal”, indicó el fiscal delegado para esta diligencia judicial.

Asimismo añadió que "la prórroga de la medida de aseguramiento por seis meses no vulnera el marco de la investigación, ni tampoco implica impunidad en el proceso, sino que por el contrario el trámite permite continuar la colaboración del procesado con la justicia”. El abogado Alejandro Sánchez, quien ejerce la defensa de Bula, aseguró que su cliente está dispuesto a colaborar con las autoridades en la investigación que se adelanta por las coimas que pagó Odebrecht en Colombia, que la Fiscalía ha calculado en más de 80.000 millones de pesos.

Sánchez indicó que la colaboración de Bula "ha sido vital para ver el trastear y la ruta del dinero y de los sobornos", lo cual, indicó, ha permitido la captura de otras diez personas y la ubicación de una empresa.

 

Su participación

La participación de Bula en este escándalo se presentó en la firma durante el primer gobierno Santos del otrosí en el contrato con Odebrecht para la construcción de la ruta Ocaña-Gamarra, aprovechando los vínculos del político cordobés con parlamentarios y altos funcionarios del Estado para la época de los hechos.

La Fiscalía inicialmente identificó la existencia de un contrato con Bula, por virtud del cual este habría convenido con la sucursal en Colombia de la firma Odebrecht, una comisión de éxito por la suma de 4,6 millones de dólares, para el caso de que la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S obtuviera esta adición.

Los elementos materiales probatorios recaudados dan cuenta de que el contrato aludido habría sido antedatado a mediados del año 2016, asignándole la fecha 5 de agosto de 2013, con la participación de Bula y reconocidos profesionales del derecho, a solicitud de funcionarios de la empresa brasileña.

Al amparo de este contrato la firma Odebrecht habría efectuado pagos desde Brasil por la suma de 4,6 millones de dólares, a favor de empresas internacionales panameñas y chinas, principalmente, acerca de cuyos beneficiarios actualmente indaga la Fiscalía General de la Nación.

Se ha establecido que de dicho monto (4,6 millones de dólares), Bula tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento, por la suma total de 1 millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña “Santos Presidente -2014”. Del millón de dólares se habría descontado una comisión por el 10%, a favor de terceros ya identificados por la Fiscalía.

De igual forma, la Unidad de Fiscales de Extinción de Dominio procedió a la ocupación, con fines de extinción de dominio, de 686 bienes vinculados a Bula, dentro de los que se encuentran 34 inmuebles ubicados en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Antioquia, Sucre y Cundinamarca, así como cinco vehículos, dos sociedades y 645 cabezas de ganado, valorados en más de 53.000 millones de pesos, a los cuales se les pretendía dar apariencia de legalidad, según la Fiscalía.