Otro ajuste a regalías

  • Control a recursos para ciencia y tecnología 
  • Colciencias y academia con más injerencia 

En mayo pasado, la Contraloría General emitió un completo informe sobre el Sistema General de Regalías en el que dejó al descubierto una serie de falencias muy graves. Se alertó, por ejemplo, de un alto riesgo de corrupción ya que entre 2012 y 2017 las auditorías arrojaron hallazgos con presunta incidencia fiscal por cerca de 840 mil millones de pesos, donde el 40 por ciento corresponde a obras inconclusas. También se recalcó que a diciembre del año pasado había excedentes sin ejecutar por 12,4 billones de pesos, que un 70 por ciento de las licitaciones tenían un único oferente, que los recursos de regalías seguían permeados por el clientelismo y que existían serias dudas sobre la efectividad de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD). No menos grave resultó que una parte de los billonarios recursos se han invertido en proyectos de bajo impacto. También se denunció que mientras temas prioritarios como agua potable y saneamiento básico, vías terciarias, infraestructura educativa, de salud y construcción de vivienda eran relegados en la destinación de regalías, más de dos mil proyectos se dirigían a la construcción de escenarios deportivos, culturales o institucionales, menos prioritarios.

Uno de los asuntos más recalcado en esa radiografía de la Contraloría fue, precisamente, la altísima dispersión y el consecuente riesgo de corrupción que representaba la inversión de regalías en proyectos gaseosos de ciencia, tecnología e innovación. Para la entidad, el Fondo respectivo puso el manejo de estos recursos a depender primordialmente de las decisiones de actores políticos de los departamentos, que generalmente “tienen intereses diferentes a los que exige el desarrollo científico e incluso el desarrollo regional”. Además de ello, muchos proyectos no son ejecutados por personas idóneas y acreditadas ante el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Por último, se indicó que la asignación de los recursos directamente a los departamentos “llevó a que, en la práctica, existan 33 fondos de ciencia y tecnología y no uno”.

No era la primera vez que este tema del Fondo se ponía sobre la mesa. Todo lo contrario, meses atrás hubo muchas quejas de gobernadores y alcaldes cuando el Gobierno decidió redireccionar, para invertirlos en vías terciarias, un billón de pesos no ejecutados del presupuesto de las regalías para proyectos de ciencia y tecnología.

En medio de la polémica, no pocos mandatarios seccionales y locales, así como voceros de la academia, universidades, asociaciones científicas y de grupos de investigación e innovación, advirtieron que el ‘tijeretazo’ era grave no solo porque un país que no invierta en estos rubros está condenado al subdesarrollo, la baja competitividad y la no generación de productos, bienes y servicios con valor agregado, sino porque tal como estaba diseñado el Sistema el cuello de botella en la escogencia, aprobación y financiación de estos proyectos se mantendría año tras año.

Se planteó, entonces, proceder a una reforma urgente, que debería partir de un consenso previo entre el Ministerio de Hacienda, la academia, las asociaciones científicas así como las gobernaciones y alcaldías. Tras ello se presentó un proyecto de ley al Congreso que, aunque tardó en debatirse, al final de cuentas pudo ser aprobado la semana pasada al término de las sesiones extras.

La iniciativa, al menos en el papel, parece ser la solución que se estaba urgiendo, toda vez que debe mejorar sustancialmente el funcionamiento del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, creado seis años atrás.

En ese sentido, una vez entre en vigencia esta ley se habilitará la posibilidad de seleccionar los mejores proyectos por medio de convocatorias abiertas, de tal manera que se garantice su ejecución por parte de entidades expertas e idóneas.

De igual forma, cualquier entidad que haga parte del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, como universidades o entes de investigación, entre otros, participará de las convocatorias, con la posibilidad de que si su proyecto sale seleccionado, podría ejecutarlo directamente. Esto aumentará, sin duda alguna, los niveles de ejecución y transparencia. Igualmente se fortaleció el papel de Colciencias como órgano rector.

Lo importante ahora es que esta reforma arranque y que los 800 mil millones anuales que se destinan al Fondo se inviertan de manera eficiente y transparente. Hay que cerrarle el paso a los politiqueros y redes de contratación y corrupción que pese a todos los controles insisten en esquilmar el erario. Las naciones más desarrolladas, está comprobado, son aquellas que hacen de la ciencia, la tecnología y la innovación su norte productivo. Colombia debe enfocarse en esa ruta.