Lula, el candidato preso

  • La peligrosa estrategia del PT
  • Castigo electoral  a los corruptos
  •  

La situación política en Brasil se torna cada día más caótica. El próximo 15 de agosto vence el plazo para la inscripción ante el Tribunal Superior Electoral de los candidatos presidenciales que competirán por la sucesión de Michel Temer en los comicios del 7 de octubre. Pese a que lleva más de cien días preso, tras ser condenado en abril pasado a 12 años de prisión por corrupción y lavado de activos, el expresidente Inácio Lula Da Silva continúa encabezando los sondeos, en tanto que los otros candidatos, que no tienen ninguna restricción judicial inhabilitante,  se quejan de que el cuestionado Partido de los Trabajadores (PT) esté utilizando la prisión del exmandatario como una estrategia política que favorezca a un eventual sustituto suyo en la contienda proselitista.

Aunque Lula Da Silva insiste fallidamente en que es inocente y que la condena hace parte de un complot político y judicial para bloquear su muy posible acceso al poder, tras haber gobernado entre 2003 y 2010,  la justicia brasileña a su más alto nivel ha dejado en claro que no hay anomalía alguna en este proceso ya fallado como tampoco en las otras cinco causas penales vigentes contra el exmandatario. También se ha recalcado por parte de los magistrados y jueces que la normatividad es muy clara en cuanto a que ninguna persona que esté condenada en firme puede ser inscrita como candidato a un puesto de elección popular y, por tanto, si el PT y el exmandatario insisten en la postulación, esta será inmediatamente anulada por la justicia electoral.  Paradójicamente la norma más clara en este aspecto es la llamada ley de “ficha limpia” que entró en vigor, precisamente, durante uno de los dos gobiernos de Lula y que establece de forma taxativa e inapelable la inelegibilidad por un periodo de ocho años de cualquier dirigente político que haya sido condenado por un tribunal colegial, es decir, compuesto por más de un juez. Este es el caso de Lula puesto que su condena inicial por parte del emblemático juez Sergio Moro ya fue ratificada en segunda instancia por un tribunal federal regional.

Para varios analistas de la política brasileña tanto el exmandatario como el PT están llevando a cabo un juego muy peligroso, al tratar de mantener en el imaginario de los sectores de izquierda que el condenado puede ser candidato, a sabiendas de que es imposible desde el punto de vista legal y constitucional.  Esa controvertida expectativa, que sirve además de cortina de humo para esconder los escándalos de corrupción y sobornos de los gobiernos de Lula y la destituida Dilma Rousseff, podría terminar generando un grave problema de orden público cuando se confirme que la prometida aspiración es inviable.  No hay que olvidar que meses atrás cuando se ordenó el encarcelamiento del expresidente, quien hoy permanece recluido en la sede de la Policía Federal de Curitiba, miles de sus partidarios amenazaron con crear un escudo humano alrededor del expresidente para evitar, a como diera lugar, su detención por parte de las fuerzas policiales. Ante la inminencia de un choque entre esas turbas y las autoridades el condenado no tuvo más alternativa que acceder a entregarse para evitar así un baño de sangre.

La tensión es tan alta a menos de un mes para el cierre de las inscripciones de candidaturas, que ya algunos sectores del PT empiezan a reflexionar en torno a si no llegó la hora de resignarse a la suerte jurídica de Lula y pensar en otros nombres que defiendan sus banderas en los comicios de octubre frente a aspirantes de partidos de centro y centro derecha, más aún en un país en el que casi todas las colectividades resultaron salpicadas por los escándalos de sobornos y tráfico de influencias de “Lava Jato”,  Petrobras y Odebrecht . Sin embargo esta alternativa se estrella con el hecho de que, salvo Lula, el resto de los nombres de posibles aspirantes en la izquierda  apenas sí marcan en las encuestas, evidenciando que la ciudadanía del país más grande de Suramérica se prepara para asestar en las urnas el más duro castigo electoral a una clase política corrupta y desprestigiada  que llevó a esa nación a la peor crisis institucional, económica y social de las últimas décadas.