ERA 1979. Como en toda la región, un puñado de jóvenes se armó para derrocar al gobierno de turno. El dictador tropical, Anastasio Somoza, fue apartado del poder por la guerrilla. Un apellido se abrogó la victoria de la insurgencia: los Ortega, en especial,  Daniel.

De la celebración del 19 de julio de aquella revolución a hoy, Daniel Ortega se ha convertido en el mismo hombre contra el que peleó hace cuatro décadas. Es como Somoza, pero de izquierda.

La autocracia al momento de aferrarse al poder no tiene ideología. Antes fue la derecha somocista la que no quiso salir de Managua, ahora es la hegemonía de los Ortega, la cual ostenta un enorme emporio y actúa en connivencia con grupos paramilitares.

En tres meses de protestas, van más de 280 muertos (algunas ONG calculan que son casi 350) en el marco de las protestas contra el gobierno orteguista, que, afianzado por el apoyo de grupos irregulares, se niega a negociar al menos las elecciones anticipadas, una de las peticiones de la oposición.

La negativa de Ortega ha hecho que diferentes voces de la izquierda latinoamericana critiquen su dictadura. “Siento que algo que fue un sueño, se desvía. Cae en autocracia. Hay momentos que hay que decir: me voy”, dijo José Mujica ayer en el Congreso de Uruguay.

No es legítima defensa

Las violaciones de Derechos Humanos y la clara connivencia con grupos paramilitares han hecho que el régimen pierda credibilidad en la comunidad internacional. Sin embargo, Ortega mantiene algunos respaldos que le hacen creer, al igual que Nicolás Maduro, que existe un bloque “anti imperialista” y “anti intervencionista”.

Esta semana el Foro Social de Sao Paulo, una iniciativa que reúne a la izquierda “alternativa” del mundo, ha firmado una declaración en la que  rechaza “el injerencismo y condena las acciones desestabilizadoras, violentas y terroristas de la derecha golpista”.

En Cuba algunos representantes de la izquierda, reunidos en este evento, han dicho que en Nicaragua se he intentado dar un “golpe suave” abalado por “los organismos internacionales”. Esta, además, ha sido respondida por el Gobierno conforme a la “legítima defensa” de los pueblos, dice el texto.

No se trata, sin embargo, de una “legítima defensa” abalada por el Derecho Internacional. Lo que se ha visto en Nicaragua, según la CIDH, la UE y la ONU, es una sistemática y violenta represión contra sectores opuestos al Gobierno y llevada a cabo con operativos combinados entre paramilitares y fuerzas policiales.

“Operación limpieza”

El Estado, tras las primeras movilizaciones en abril, que dieron lugar a un diálogo entre opositores, la curia y delegados de Ortega, ha generado un estado de caos en el país. Las movilizaciones al principio se concentraron en el centro, sobre todo en Managua, pero de a poco se han ido regando por ciudades como Jinotega y Diriamba, activando mecanismos de represión por parte de la policía (y sus aliados).

Llamadas “operaciones limpieza”, la policía en connivencia con paramilitares han matado a centenares de opositores. Ayer, en entrevista con la AFP, el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abro, calificó la situación de “alarmante”. “Cada vez es peor”, dijo.

Su declaración, hecha en la antesala de la reunión extraordinaria de la OEA en Washington, coincidió con la toma -recuperación para el Gobierno- de Masaya, una histórica ciudad  que se convirtió en un bastión contra Somoza, pero ahora resiste la llegada de grupos paramilitares asociados a Ortega.

Conocidos como la JS (Juventudes Sandinistas), grupos irregulares del Gobierno, que se asemejan a los “colectivos” del chavismo, visten de civil, esconden su cara con pasamontañas y transitan las calles de las ciudades nicaragüenses sin dios ni ley.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó que dos personas murieron en la denominada “toma de Masaya” como consecuencia de las acciones de los paramilitares. El Gobierno justifica su acción para bloquear los intentos golpistas de los “terroristas”.

El lunes, en la Asamblea Nacional de Nicaragua, la coalición gobiernista aprobó la ley contra, entre otras cosas, “el Financiamiento del Terrorismo”, con la cual intenta combatir a la oposición callejera. En el artículo 394 del texto, se estipula que toda persona “que no participe directamente en situaciones de conflicto armado, o destruya o dañe los bienes públicos o privados, será castigado con penas de entre quince y 20 años de prisión”.

Amparado en esta ley, el Gobierno ha aumentado la represión en Nicaragua y busca desactivar a las fuerzas opositoras. Para algunos sandinistas como Paula Oquist, Secretario de la Presidencia, el golpe “ha sido derrotado”, declaración hecha un día antes de las movilizaciones del 19 de abril que conmemoran la victoria sandinista en 1979.

Por la magnitud del conflicto y el número de muertos, la situación en Nicaragua parece estar más cerca de “empeorar”, como dijo Abrao, que de lograr la estabilidad que anuncia el sandinista.

Muchos sectores de la sociedad civil se han agrupado para hacerle frente a Daniel Ortega. Campesinos, gremios, estudiantes y otro tipo de civiles han configurado un bloque que pretende, al menos, elecciones anticipadas. La respuesta de Ortega a esta petición sigue siendo no.

La OEA, ayer en la sesión sobre Nicaragua, insistió en la convocatoria de comicios anticipadamente para lograr algún grado de estabilidad. En una resolución aprobada por 21 países, el organismo condenó “la represión de las manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua, que dejan más de 280 muertos desde abril, y exhorta al gobierno de Daniel Ortega a acordar un calendario electoral con los opositores”.

Andrés Gonzáles, embajador de Colombia en la OEA, dejó claro que el Gobierno en vez de tratar a los opositores de “golpistas” deberían “entender que  son personas que están siendo sujetas a la criminalización por defender sus posturas”.

El escenario es hoy, día del aniversario 39 de la victoria del sandinismo, tan incierto como hace cuarenta años cuando Ortega y su hermano aguantaban los ataques de las fuerzas de Anastasio Somoza. Todo puede pasar.