La indagatoria del 3S | El Nuevo Siglo
Martes, 31 de Julio de 2018

Buscar lo más pronto posible la cosa juzgada

* La palabra de Uribe contra la de un convicto

La fecha para la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez fue establecida finalmente por la Corte Suprema de Justicia para el próximo 3 de septiembre. Si bien hay razones para pensar, según los expertos, que hubiera procedido inicialmente una versión libre, es bueno, dentro del ambiente crispado que vive el país, salir lo más pronto posible de los procedimientos judiciales. No obstante, en el proceso también hay citadas a lo menos treinta personas adicionales, inclusive de otras causas, lo cual hace suponer de antemano que la controversia probatoria será bastante prolongada.

Esto porque, la verdad sea dicha, o por lo menos de lo que se puede observar del auto radicado del proceso 52240, contra el expresidente, es apenas una parte del viejo pleito entre los senadores Uribe Vélez e Iván Cepeda Castro. Como se sabe, desde hace tiempo, el parlamentario del Polo Democrático había sido denunciado por el exmandatario precisamente por la supuesta manipulación de testigos en el caso atinente al, aún más viejo,  pleito de la hacienda “Guacharacas”. Fue en la reapertura de esta investigación donde, varios lustros después, terminó implicado Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, en una causa judicial a la que sigue vinculado pero de la que salió en libertad hace unos meses, luego de que la Fiscalía no hubiera hallado, en el término de los dos años establecidos por una nueva ley, elementos adicionales a los controvertidos por la defensa.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, exoneró al mismo tiempo al senador Cepeda Castro, el pasado febrero, pero compulsó copias para investigar la conducta del expresidente. Adujo el máximo tribunal que, por el contrario, el congresista del Polo Democrático solo había adelantado actividades humanitarias, en sus múltiples visitas a la cárcel, inclusive con asistencia monetaria y asesoría jurídica para los reclusos, sin que por ello pudiera aducirse que se tratara de sobornos o fraude en busca de un interés testimonial determinado, para implicar al senador Uribe Vélez. Además, luego de que, entre otras cosas, ya había adelantado un debate, hace cuatro años, contra aquel, en el hemiciclo parlamentario, parte de lo cual, asimismo, podría derivarse de este nuevo episodio que sería, en ese sentido, solo otro elemento en los ires y venires de este proceso altamente prolongado.

Por eso, en modo alguno, son convenientes las dilaciones, pues de una vez por todas ha de concluirse, en uno y otro sentido, el procedimiento. De hecho, el senador Cepeda Castro es nuevo testigo en esta causa, tal cual lo cita la Corte Suprema de Justicia, en compañía,  como se dijo, de otros abogados e individuos sindicados o sentenciados en distintos expedientes, así como otras personas naturales.

En tanto, de lo visto en el acervo probatorio que, al parecer, ha perdido casi por completo la reserva sumarial, se denota un teatro entre afirmaciones y desmentidos permanentes, que implican básicamente un choque entre dos palabras, la de un expresidente de la República de Colombia y la de un convicto por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. 

Es posible que con una versión libre se hubiera podido despejar el caso, pero una indagatoria es principalmente, como se sabe, un medio de defensa y, por lo tanto, el expresidente tiene, por derecho propio, que controvertir la idea espesa que se ha dejado flotar en el ambiente, no sin incredulidad de la opinión pública,  de que podría haber incurrido en dádivas y prebendas para que el principal testigo de la causa se retractara de las sindicaciones iniciales contra él y su hermano. Es decir que ello, como parecería ser el motivo de la indagatoria, fuera el resultado de un soborno y, en esa dirección, de un fraude procesal con el propósito de confundir a las máximas autoridades judiciales. Pero de ocurrir lo contrario, es decir, que efectivamente se compruebe que el expresidente no tuvo nada que ver, salvo dar curso dentro de los procesos judiciales a un testimonio obviamente fundamental, tanto en su caso como en el de su hermano, pues tendrá que cerrarse de una vez y por todas el caso, y no solamente dar plena cabida constitucional, en favor del exmandatario, de la duda razonable, sino emitir un fallo de inocencia comprobada.

Lo que no es dable en el país es, ciertamente, mantener en vilo, no solo a la opinión pública y a la operatividad de la justicia, sino generar un suspenso nocivo para Colombia en el exterior.  La cosa juzgada es, pues, un requerimiento insoslayable para el país. Es entendible, claro está, que por gajes del procedimiento interno, se pueda recurrir a las recusaciones que ayer presentó la defensa, con base en una estructuración jurídica de falta de garantías. No obstante, como están las cosas, un pleito de esta índole, ante la máxima corporación de lo judicial, podría llevarse, en buena medida, una parte sustancial del gobierno del nuevo presidente, Iván Duque, ni siquiera posesionado, cuya coalición tiene en el senador y expresidente Álvaro Uribe su puntal más acreditado y eficaz. Es razonable, en esa dirección, la solicitud que hace el Centro Democrático de que no renuncie a su curul puesto que, de lo inferido del radicado, no hay razones para ello. Y, en cambio, sí sería un triunfo no a lugar de la oposición, sin posibilidad de recomposición alguna.