Desconexión Bogotá-Nación

  • Urge escenario institucional de coordinación
  • Tampoco hay interlocución Alcalde-Congreso

 

Dos días atrás el presidente electo Iván Duque y el alcalde bogotano Enrique Peñalosa se reunieron para analizar la agenda común a implementar a partir de la posesión del primero el próximo 7 de agosto. Seguridad, la primera línea del Metro, otras soluciones para movilidad vial e infraestructura, centraron la agenda. A ello se suma que, precisamente, en la edición de ayer de este Diario se informaba que los entrantes o reelegidos parlamentarios capitalinos estaban urgiendo una reunión con el burgomaestre para definir un plan de acción conjunto sobre los intereses de la ciudad a defender e implementar desde el Legislativo.

Ambas circunstancias son, naturalmente, positivas. Sin embargo, no en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que es necesaria una mayor coordinación entre los gobiernos Nacional y de Bogotá. Es innegable que los distintos presidentes y alcaldes –cuyos periodos de mandato institucional son muy discordantes- suelen fijar agendas bilaterales de forma marcadamente subjetiva y, si se quiere, coyuntural. Agendas cortoplacistas en las que, por lo general, no se ven apuestas por grandes objetivos en políticas y medidas macro y estructurales, sino que priman compromisos alrededor de obras y proyectos muy puntuales,  que llevan a consensos mínimos o demasiado específicos en materia de acción gubernativa y presupuestal de lado y lado.

Para algunos analistas esa falta de acompasamiento institucional entre la Casa de Nariño y el Palacio Liévano a lo largo de las últimas décadas se debe, primordialmente, a tres aspectos en particular. En primer lugar, a que los gobiernos nacionales y distritales, al menos en lo corrido de este siglo, han estado ubicados, la mayor parte del tiempo, en orillas políticas e ideológicas distintas, ya que en la capital del país hubo tres gobiernos de izquierda consecutivos  mientras que la derecha o la centro derecha regía los destinos de todo el país. Sería interminable la lista de desencuentros sobre ópticas y políticas que se dieron a lo largo los cuatrienios de Garzón, Moreno y Petro con los ejecutivos nacionales encabezados por Uribe y Santos. Sólo a partir de la llegada, hace dos años y medio, de Peñalosa a la alcaldía capitalina se volvió a recuperar una hoja de ruta proactiva entre las políticas generales y las citadinas en temas tan sensibles como la vivienda, movilidad vial, infraestructura y seguridad.

En segundo lugar es claro que al no existir un marco regulatorio taxativo y permanente que señale el cómo, cuándo, dónde y para qué tiene que existir una definición conjunta de agendas entre la Casa de Nariño y el Palacio Liévano, esa coordinación queda sujeta a la voluntad de los titulares de lado y lado. Años atrás, por ejemplo, se llegó a plantear que siendo la capital del país la responsable de más del 20 por ciento del PIB nacional, albergando un porcentaje similar de la población total y estando en el centro de poder político, económico, social y gremial, debería existir un escenario de rango institucional que convocara al Presidente y el burgomaestre cada cierto tiempo con el fin de revisar, impulsar o corregir una obligatoria agenda conjunta.

Y, por último, es evidente que ese cortocircuito no se da sólo a nivel de los ejecutivos, sino también de los legislativos. Si bien se trata de dos escenarios funcionales con distinta índole, preocupa la desconexión entre los concejales capitalinos y los congresistas, sobre todo los Representantes a la Cámara elegidos por la circunscripción capitalina. Pese a pertenecer casi que a los mismos partidos no hay mayor  interlocución entre cabildantes y parlamentarios, como tampoco se busca una concordancia entre los acuerdos y las leyes que tocan asuntos bogotanos. Y aún más grave resulta el hecho de que tampoco exista un canal de comunicación y coordinación permanente entre los congresistas que, se supone, representan los intereses de la capital en el Legislativo, y los alcaldes de turno. Todo lo contrario, lo que se ha visto en los últimos años son pulsos, con evidente telón de fondo político, entre el Palacio Liévano y los Representantes a la Cámara en torno a si el Legislativo puede citar y adelantarle debates al burgomaestre.

Visto todo lo anterior, queda claro que urge determinar un escenario institucional para la definición y coordinación de la agenda Nación-Bogotá, que no sólo fije las políticas y medidas a implementar desde las esferas nacionales y distritales, sino que haga seguimiento permanente a su desarrollo. Una instancia a la que asistan el Presidente y el Alcalde, así como ministros y secretarios. Mientras dicho escenario no exista, este absurdo cortocircuito funcional será imposible de superar.