Generó polémica la primera propuesta del designado ministro de Defensa, Guillermo Botero, saliente presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

“Respetamos la protesta social, pero también creemos que ésta debe ser ordenada y que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”, dijo.

“Sobre eso”, anotó, “el próximo gobierno podrá realizar grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido. Necesitamos mucho diálogo preventivo con las comunidades”.

Para Botero, “las luchas sociales se han convertido en un factor de decisión para proveer bienes y servicios públicos sin un previo análisis técnico. Estas vías de hecho conducen a realizar inversión pública en sectores específicos de la sociedad y no en políticas de impacto general”.

Por su puesto, las reacciones no se hicieron esperar.

La senadora electa Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, manifestó que “esperábamos que el designado ministro de Defensa del gobierno Duque, Botero, se refiriera a los mecanismos de protección a líderes sociales después de 322 asesinados. Y no. Nos sale con que va restringir la protesta social”.

Según Aurelio Suárez, excandidato a la Alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático, “es un desatino que el primer anuncio de ese ministro sea que reglamentará la protesta social”, mientras que Alexander López, senador de ese mismo partido, comentó que a Botero “lo que más le preocupa es la protesta social” y en cambio “no se da cuenta del asesinato de líderes sociales, que el país está invadido en coca y que la seguridad ciudadana está en su peor momento”.

Sin embargo, el saliente representante  por Bogotá, Alirio Uribe, también del Polo, recordó lo propuesto por Botero “hay que hacerlo por orden de Corte Constitucional”, en referencia a que en abril del año pasado, cuando la sala plena de ese alto tribunal tumbó los artículos del nuevo Código de Policía que regulaban el derecho a la reunión y a las manifestaciones en público, le dio un plazo de dos años al Congreso para que regule el derecho a la reunión.