311 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos se han documentado por la Defensoría del Pueblo desde 2016. El más reciente ocurrió el sábado en la noche con el del profesor Frank Dairo Rincón, coordinador de la campaña de Gustavo Petro en Pitalito (Huila), según informó El Nuevo Siglo.

Es evidente, a pesar de lo que se empeñan en negar la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de la Defensa Nacional, que tan numerosos y frecuentes homicidios concentrados en un específico sector de la población nacional, no pueden ser considerados como hechos aislados.Y menos aún pueden los representantes del Estado emitir informaciones en las que tácitamente justifican los asesinatos de algunas víctimas, señalándolos de vinculaciones no probadas a grupos armados ilegales o de haber pertenecido a ellos en alguna ocasión.

Esos discursos justificatorios son los que han permitido la perpetuación de la violencia en Colombia. El “algo habrá hecho” que es la tan nacional explicación cada que asesinan a alguien, ha hecho carrera desde las primeras violencias. Semejante explicación puede tener varias razones. Desde la de un instintivo mecanismo de defensa para diferenciarse del occiso, pasando por la indolencia de culpabilizar a la víctima, hasta la de justificar los asesinatos con la fórmula de que “era un buen muerto” recientemente utilizada por un ex presidente.

Esa normalización de la violencia y su uso como método del ejercicio de la política es una de las más acusadas características nacionales que nos viene desde nuestros orígenes como país independiente. Asesinatos con finalidad política que tienen asegurada la impunidad por el entrecruzamiento de intereses, pues así como hay algunas autoridades trabajando en descubrir a sus autores y sancionarlos, hay otras no solo interesadas en ocultarlos, sino, en muchas ocasiones, comprometidas en sus perpetramiento.

Desde la tentativa de asesinato del Libertador en Bogotá, pasando por la consumación del de don Antonio José de Sucre en Berruecos, hasta los de Rafael Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Álvaro Gómez, y un largo etcétera de algunos de los mejores hombres nacionales, nuestra hstoria republicana ha sido un reguero de muertos con intencionalidad política e impunidad judicial. Todavía no se sabe quién mató a Sucre, ni el autor intelectual de los asesinatos de Gaitán o Gómez.

Y en esa larga historia de muertos de que se compone nuestra historia nacional, hay un extenso capítulo de los que han caído por el simple hecho de ser defensores de derechos humanos. Eduardo Umaña, Mario Calderón, Elsa Alvarado, Jesús María Valle y Héctor Abad son algunos de los nombres más famosos pero no los únicos. Lo peor de esos asesinatos no es solo la causa que los originó, sino el silencio absoluto de la derecha frente a su perpetración.

Ese es un gran error histórico de la derecha colombiana e incluso de algunos de los que se consideran de centro, la de estigmatizar la defensa de los derechos humanos y justificar con su silencio el exterminio de sus defensores. Ahí siguen haciéndolo hoy. Les parecen sospechosas las marchas y normales los asesinatos de lideres sociales.   

@Quinternatte