Ante el Juzgado 16 Penal Municipal de Bogotá, con función de garantías, la Fiscalía General de la Nación les imputó a siete empresarios nacionales y extranjeros cargos relacionados con las irregularidades que se habrían presentado en la modernización de la infraestructura de Reficar y que ocasionaron sobrecostos por un valor superior a los 610.140 millones de pesos.
En consecuencia, deberán responder penalmente los señores Philip Kent Asherman, representante legal CB&I, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente, como beneficiario de la contratación en el año 2010.
A su turno, Massoud Deudehban, director de proyectos y representante legal CB&I 2009, fue imputado por peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito a favor de particulares.
De otro lado, fueron imputados el expresidente de Reficar S.A., Orlando José Cabrales, y el miembro de la junta directiva Pedro Alfonso Rosales por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía Anticorrupción le imputó al presidente de Reficar 2012- 2016, Reinoso Yáñez, los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y varios concursos de falsedades ideológicas en documento público, por los estados financieros entregados y formados en los años 2013 al 2015.
De la misma manera, el vicepresidente jurídico, Felipe Arturo Laverde, responderá penalmente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros e enriquecimiento ilícito a favor de terceros
También, fue judicializado el revisor fiscal entre 2013 y 2015, Carlos Alberto Lloreda, por incurrir presuntamente en un concurso de falsedades ideológicas en documento público y complicidad en peculado por apropiación a favor de terceros.
Los empresarios están vinculados a la investigación por la suscripción de dos contratos, acuerdos y enmiendas con la firma CB&I, supuestamente, sin el cumplimiento de los requisitos legales de contratación administrativa y estatal, en hechos ocurridos desde el 20 de enero de 2009 hasta diciembre de 2010.
“Existió el direccionamiento de la contratación para beneficiar a CB&I, violando el régimen de contratación aplicable para la época, no obstante de entidad pública con recursos de los colombianos”, agregó el delegado de la Fiscalía General.
El funcionario judicial resaltó que para la fecha de estas nuevas contrataciones, es decir julio de 2010, Reficar ya contaba con capital 100 por ciento público con la salida de Glencore en el 2009.
“Todas estas personas beneficiaron a la firma CB&I liberándola de las obligaciones contraídas en un contrato suscrito en noviembre de 2007, es decir, en representación ilegal de los intereses de los empresarios Deudehban y Ashermanse”, sostuvo fiscal del caso.
Para la Fiscalía, Cabrales, Laverde y Rosales no verificaron el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato EPC de 2007, toda vez que no lo liquidaron como debió ser de acuerdo con la ley de contratación estatal, según evidencia la investigación.
Advirtió el delegado de la Fiscalía que el objeto era el de diseñar, proveer la ingeniería, fabricar, entregar un sitio, una planta, erigir los trabajos, lograr la terminación mecánica para adelantar las pruebas de cumplimiento y suministrar toda la mano de obra y la supervisión de la misma, entre otras actividades.
“Estas personas debían velar por la seguridad de la inversión y el capital público porque el desfalco superó los 610.000 millones de pesos en sobrecostos”, agregó.
La necesidad de la modernización de Reficar
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, el interés del Gobierno nacional de incentivar las inversiones extranjeras para atraer el capital privado y la necesidad inaplazable de la modernización de la refinería tras las nuevas exigencias del mercado de comercialización de productos refinados, fueron los soportes fundamentales para desarrollar el proyecto.
Igualmente, la existencia de problemas de confiabilidad en el mercado y las exigencias acordes con los estándares internacionales de las instalaciones con el fin de aumentar la capacidad de refinación de los crudos, y la integración de la cadena petroquímica.
De acuerdo con el fiscal del caso, con este propósito, se determinó el carácter estratégico con el objetivo de modernizar la refinería mediante la inclusión en el plan de desarrollo 2003 – 2006 y la necesidad de contribuir a la balanza comercial del país.
En consecuencia se dispuso del soporte normativo implementado en la Ley 812 de 2003, que determinaba la mayor participación de capital privado posible y la financiación parcial proveniente de la enajenación de inversiones no estrategias de Ecopetrol.
Entretanto, se desarrolló la resolución 3312 de 2004 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), la cual determinó la importancia estratégica de la alianza con un socio para el desarrollo de la modalidad contractual “llave en mano”, que pretendía evitar los sobrecostos.
Del mismo modo, la resolución Conpes 3336 de 2005 con el fin de gobernar la actuación de los funcionarios y empresarios involucrados en este proyecto.
Según la imputación de cargos, en el año 2006 después de un proceso de selección, la sociedad Glencore adquirió el 51 por ciento de las acciones de Refinería de Cartagena (Reficar), mientras que la empresa colombiana Ecopetrol quedó con el 49 por ciento.
Agregó el fiscal que esta transacción tuvo un valor de 630.7 millones de dólares.
En las próximas horas, la Fiscalía pedirá al juez la medida de aseguramiento en un centro carcelario para los procesados, por la gravedad de los delitos y la afectación a la economía colombiana.
Por su parte, los empresarios decidirán mediante sus apoderados, en audiencia pública desde Washington (Estados Unidos), si aceptan o no los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.
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