Cuando se inició la investigación al final del año pasado, la justicia de Estados Unidos estimó que la firma brasileña pagó cerca de $29 mil millones en sobornos, pero las pesquisas de la Fiscalía han determinado que las coimas superarían los $80 mil millones
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Entre más avanzan las investigaciones colombianas por el escándalo de Odebrecht crece el número de involucrados, de imputados y la cifra de los sobornos que pagó la multinacional brasileña para hacerse a contratos de obra pública. La Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y ahora la Corte Suprema de Justicia tienen sus ojos puestos sobre uno de los hechos más graves de corrupción en la historia del país.
La Fiscalía sorprendió el pasado martes, al entregar nuevos avances en su investigación, pues dijo que los sobornos que pagó la constructora brasileña por la Ruta del Sol II ascenderían a más de $84.000 millones.
Cifra muy superior a la revelada el pasado 21 de diciembre de 2016 por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el cual alertó que las coimas de Odebrecht habrían ascendido en el país a la suma de 11,1 millones de dólares, esto es alrededor de $21.550 millones de la época.
La Fiscalía colombiana ha avanzado en esta mega-investigación a pesar de algunas restricciones que ha encontrado en la justicia brasileña para acceder a los expedientes de las pesquisas que se adelantan por los sobornos que Odebrecht pagó allí en el marco del caso Lava Jato en la estatal Petrobras.
A finales de mayo pasado, el procurador Fernando Carrillo lamentó la solicitud que hizo su homólogo brasileño, Rodrigo Janot, al Supremo Tribunal Federal (STF) para que se mantenga bajo reserva toda la evidencia obtenida dentro de los acuerdos de colaboración con los directivos de la multinacional, con el fin de que no se vean afectadas las investigaciones.
“El levantamiento de esa reserva contribuye a la transparencia y cualquier acción en contra de ello simplemente va a contribuir a la opacidad, luego, si de verdad quieren que se conozca quiénes son los responsables, ojalá se levante esa reserva y cumplan con la palabra”, dijo Carrillo.
En tanto que el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, solicitó a finales de mayo pasado a las autoridades de Brasil con base en los mecanismos de cooperación judicial la entrega de pruebas en el caso Odebrecht.
El Fiscal General anunció el pasado martes que por los hallazgos en esta investigación serán imputados el ciudadano portugués Eder Paolo Ferracuti, representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., a quien se le imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
El ciudadano brasileño Marcio Marangoni, funcionario del Consorcio Constructor Ruta del Sol - Consol, a quien se le imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
El también brasileño Amilton Ideaki Sendai, funcionario de la Constructora Norberto Odebrecht S.A., a quien se le imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
Federico Gaviria Velásquez, a quien se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos, tráfico de influencias de particulares y enriquecimiento ilícito de particulares. Gaviria, quien se encuentra privado de la libertad, se allanó a los cargos de concierto para delinquir, lavado de activo y enriquecimiento ilícito de particulares.
También será imputado Eduardo José Zambrano Caicedo, representante de Consultores Unidos, por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Zambrano se allanó a los cargos de enriquecimiento ilícito de particulares.
Así mismo, Gustavo Adolfo Torres Forero, representante legal de la Compañía Profesionales de Bolsa, quien fue capturado el pasado martes y se le imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
De igual manera, la Fiscalía General de la Nación citará a audiencia de formulación de imputación a las siguientes personas por su participación en estos hechos: Mauricio Vergara Flórez, quien como funcionario del Consorcio SION habría contribuido para la simulación de los contratos y la entrega posterior de dineros. Se le imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
También se citará audiencia de formulación de imputación para el caso de Gabriel Dumar Lora, también funcionario del Consorcio SION, quien habría contribuido para la simulación de los contratos y la entrega posterior de dineros. Se le imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Así como a Basima Patricia Elías Nader, quien habría recibido dineros con destino al senador Bernardo Elías. Se le imputará el delito de lavado de activos.
Los congresistas
La investigación ha podido determinar que con los sobornos de Odebrecht no solo se beneficiaron algunos funcionarios del Ministerio de Transporte y el Invias sino políticos e incluso congresistas.
El primer político en caer fue el exsenador Otto Bula, quien fue capturado en enero último porque recibió 4,6 millones de dólares de la compañía brasileña para lograr que le adjudicaran a Odebrecht un otrosí al contrato de la Ruta del Sol II para la construcción de la variante Gamarra-Ocaña.
Bula aceptó cargos de cohecho para dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito, y se comprometió a colaborar con la justicia a cambio de obtener algunos beneficios penales. El ‘ventilador’ que encendió ha sido determinante para que más personas sean vinculadas por la Fiscalía a este caso.
Una de los aspectos que más llama la atención de lo que Bula ha testimoniado a la Fiscalía es la participación que en estos hechos habrían tenido algunos congresistas y ex congresistas.
En marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia en sendos oficios a la Cámara de Representantes y al Senado indagó datos de 12 parlamentarios, específicamente los “integrantes de las comisiones (…) Tercera y Sexta durante los periodos 2010-2014 y 2014-2018”. El segundo punto pregunta sobre si siete senadores y exsenadores “fueron autores o promovieron debates de control político durante los dos periodos antes mencionados”.
El alto Tribunal preguntó en esa oportunidad por Bernardo Miguel Elías Vidal, Musa Besaile Fayad y y José David Name, de La U; Roberto Gerlein Echavarría, del Partido Conservador; Iván Duque Márquez, del Centro Democrático, y Arleth Casado de López, del Partido Liberal.
En cuanto a la Cámara indagó datos Alfredo Ape Cuello Baute, José Alfredo Gnecco Zuleta y Manuel Guillermo Mora Jaramillo, de La U; Alejandro Carlos Chacón Camargo, del Partido Liberal, y Ciro Alejandro Ramírez Cortés, del Centro Democrático.
Por su lado la Fiscalía adelantaba la investigación contra varios parlamentarios y ex parlamentarios que estarían comprometidos en este gigantesco hecho de corrupción. Al punto que el pasado martes, anunció que los fiscales de conocimiento han dispuesto la compulsa de copias de las evidencias testimoniales y documentales recaudadas, con destino a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta de los senadores Bernardo Miguel Elías Vidal, Musa Besaile Fayad, y Antonio Guerra de la Espriella, así como el ex senador y actual director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano Becerra, “quienes han sido mencionados en las diligencias surtidas en la indagación, como presuntos beneficiarios de estos pagos”, indicó el ente acusador.
Añadió que los testimonios recaudados, adicionalmente, “hablan de la existencia de pagos a un grupo de parlamentarios vinculados a los senadores Bernardo Miguel Elías Vidal y Plinio Olano, cuya identificación individual en esta fase de indagación no es posible llevarla a cabo por parte de la Fiscalía General de la Nación, por falta de competencia. Por esta razón, todo el acervo probatorio será trasladado a la Corte Suprema de Justicia a fin de que en esa sede jurisdiccional se adelante la individualización de los presuntos beneficiarios de estos pagos”.
Así mismo, dentro de las evidencias se advirtió la presunta comisión de tráfico de influencias de los senadores Bernardo Miguel Elías y Antonio Guerra de la Espriella, y del Representante a la Cámara Ciro Rodríguez.
Estos parlamentarios se mostraron sorprendidos por haber sido vinculados a esta investigación y aseguraron que demostrarán su inocencia.
El senador Musa Besaile (La U) indicó que "no sé a quién le hemos incomodado, lo que sí sé es que tengo mi frente en alto y le estoy dando la cara al país diciéndole que no tengo nada que ver con esos señores y pueden buscar, esculcar todo en este país y nada me va a relacionar con ellos porque nunca existió este episodio".
El parlamentario, que obtuvo la votación más alta del país en las pasadas elecciones de Congreso con poco más de 140.000 votos, señaló que "nunca he pisado las instalaciones de la ANI. Desde el 2000 no tengo ninguna relación con él, no existe ninguna relación con el señor Otto Bula, no existe una foto, no existe una llamada, no existe un mensaje, ni siquiera que hayamos coincidido en una reunión social".
Agregó que "la política se ha convertido en la profesión más peligrosa del país. No sé ni quiero pensar que detrás de todo esto haya intereses políticos. No sé a quién le hemos incomodado con nuestra votación. Se avecinan unas elecciones presidenciales donde sabemos que el equipo del senador Musa Besaile es importante y empuja con fuerza".
Por su parte, el exsenador Plinio Olano dijo que “respaldo totalmente la investigación de la Fiscalía y estoy dispuesto a colaborar con lo que se pueda para aclarar los temas de nuestras conductas”.
Agregó que “tengo la certeza y la tranquilidad para decir que jamás recibí ninguna dádiva, apoyo ni dinero de Odebrecht porque no gestioné nada a favor de ellos”.
De otro lado, el representante a la Cámara Ciro Rodríguez recalcó que “mis actuaciones como representante de Norte de Santander han sido transparentes, no he recibido nada por parte de nadie”.
Dijo que “estoy presto a responder ante la Corte Suprema de Justicia porque reitero mi voluntad absoluta para colaborar y esclarecer mi caso”.
Aseguró tuvo la oportunidad de reunirse con algunos funcionarios de Odebrecht, pero que en ningún momento recibió dineros.
“Nunca hablé con ellos sobre la gestión de la vía Ruta del Sol II, mi gestión siempre la hice ante instituciones públicas para lograr sacar adelante la vía Ocaña-Gamarra”, precisó Rodríguez.
Mientras que el senador Antonio Guerra, Cambio Radical, afirmó que “le he pedido al fiscal general que haga públicas las pruebas que tiene en mi contra para decir que soy responsable de ese delito”.
Aseguró que “no conozco a nadie de Odebrecht y no tengo ningún nexo con ellos. (…) No recibí dádivas, ni para mi beneficio personal, ni para ninguna campaña”.
Corte pone ojos sobre el Congreso
En junio pasado el Consejo Nacional Electoral abrió investigación formal a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en el año 2014, para determinar si se violaron los topes económicos y le dictó pliego de cargos por el caso Odebrecht.
La formulación de cargos no solo es al excandidato Óscar Iván Zuluaga, sino a todo el comité de inscripción que en su momento se denominó ‘Mano firme, corazón grande’.
Además, el CNE insistirá a la Fiscalía General de la Nación para que se logre localizar al publicista Duda Mendonça y pueda llegar a buen término la investigación.
La noticia se dio luego de que el Consejo Electoral prácticamente desistiera de la investigación argumentando que el caso había caducado y luego de que el Procurador pidiera ante el Consejo Nacional Electoral revisar nuevos escenarios para que las indagaciones no prescriban, la Procuraduría presentó un concepto en el que expresa que el caso de Odebrecht no puede quedar en la impunidad.
Horas antes de esta determinación, el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó el concepto enviado y en el que se pide revisar nuevos escenarios con el fin que las investigaciones no precluyan por el presunto financiamiento de las campañas presidenciales del año 2014 por parte de la empresa brasileña Odebrecht.
Cabe señalar que Carrillo había enviado una comunicación al Consejo Nacional Electoral en la que expresó que se deben tener las últimas comunicaciones enviadas por las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, para afirmar el momento desde el cual empiezan a correr los términos.
En el proceso que se adelanta contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga, existe un primer momento para contar los tres años de la caducidad que tiene el CNE para investigar los hechos denunciados, los que deberían empezar a contabilizarse a "partir de la última fecha de presentación de las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Fondo Nacional de Financiación Política sobre las observaciones al informe de ingresos y gastos de campaña".
Un segundo escenario, según el Agente Especial, para hablar de caducidad, sería a "partir del día en que se efectúe el ingreso o gasto con destino o con ocasión de la campaña, cuando este se realice con posterioridad a la rendición del informe".
Igualmente, el Procurador General manifestó que hasta el momento las autoridades brasileñas no han entregado la información solicitada por el caso Odebrecht. “Eso es lamentable, hay algo en cooperación judicial internacional que no está funcionando”.
En tanto que el Consejo Electoral está pendiente de determinar si investigará o no la campaña presidencial de Juan Manuel Santos por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht.
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