Los partidos políticos engrosan hoy el listado de las instituciones democráticas víctimas de la implementación del Acuerdo de paz. El abandono de toda ambición de poder por parte de la U marca el inicio del proceso de su disolución, que se llevará cabo por el ministro Irragorri designado para oficiar sus honras fúnebres, y con la abnegada disposición de Roy Barreras para cumplir la tarea de sepulturero. Melancólico final para una colectividad nacida para servir de soporte del gobierno Uribe y que mediante malabarismos propios del clientelismo y de la carencia absoluta de ideología logró mantenerse en esa condición hasta hoy, en el melancólico atardecer de la administración Santos. 

Esta triste agonía de la U no debe alegrar a ninguna otra colectividad. Todas ellas se encaminan a cumplir el mismo proceso por causa del acompañamiento ciego y dócil a las estratégicas concesiones a las Farc que engalanan el Acuerdo de paz. Esas disposiciones, elevadas arbitrariamente a la categoría de nomas supremas, implican una sustancial derogación del orden jurídico vigente cuya intangibilidad se asegura por los próximos 12 años. Consagran la petrificación de unas reglas acordadas entre Gobierno y Farc, con menosprecio de la voluntad del constituyente primario que las rechazó en el plebiscito, y destinadas a favorecer la impunidad de los perpetradores de delitos atroces para que formalicen la creación de un partido político que construirá su poder sobre los escombros de los partidos que torpemente consintieron su decaimiento. 

El partido de las Farc nace en condiciones inmejorables gracias a la financiación sustraída de la reparación de las víctimas, y rodeado de los náufragos del hundimiento de los partidos. Sus primeros diez congresistas no necesitarán el apoyo de la voluntad popular y se verán acompañados por 16 curules adicionales otorgadas a representantes de organizaciones afines que simularán una condición de víctimas de la que obviamente carecen. Esas circunscripciones denominadas “de paz” serán el complemento necesario para consolidar un dominio territorial en regiones dominadas por actividades ilegales y sembradas de zonas de ocupación por los contingentes de desmovilizados de la guerrilla. 

Los partidos mayoritarios y las demás colectividades menores declinan en la medida en que persistan en su condición de gregarios del gobierno de turno y de soportes de un ordenamiento jurídico y político que induce a su desaparición. Basta observar a la mayoría de aspirantes a la presidencia recurrir a la recolección de firmas para entender los peligros que acechan a unas colectividades huérfanas del apoyo ciudadano. Su decadencia y la burla con la que se consumó el robo del plebiscito abren las puertas al desmonte del régimen democrático cuya consumación se avizora en pocos años. Es aún tiempo de reversar ese proceso.