Fiscalía apunta nueva arma a corruptos | El Nuevo Siglo
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Sábado, 22 de Julio de 2017
Redacción Política

La iniciativa del fiscal Néstor Humberto Martínez apunta a combatir la financiación ilegal de las campañas políticas, castigar más drásticamente las trampas en los procesos de contratación pública, el testaferrato en detrimento de la administración pública y el ocultamiento o destrucción de pruebas. Aquí la exposición de motivos del proyecto.

La corrupción es uno de los principales flagelos que afectan a la sociedad colombiana. Distintos informes, estudios y diagnósticos han demostrado que el índice de corrupción en Colombia se mantiene en niveles porcentuales muy altos respecto a la mayoría de países de la región.

Esto significa que persiste en nuestro país una tendencia a cometer actos corruptos relacionados en especial con procesos electorales, contratación pública y desempeño de los servidores públicos.

Adicionalmente, este fenómeno -que ha permeado la institucionalidad desde hace años y ha comprometido importantes recursos presupuestales y bienes públicos- parece ir en aumento.

De acuerdo con los datos internos, la Fiscalía General de la Nación ha registrado en lo que va corrido del año 2017 un incremento del 14% en las denuncias presentadas por actos de corrupción.

Lo anterior es justificación suficiente para que el Estado priorice la implementación de políticas públicas encaminadas a prevenir, reducir, investigar y judicializar las conductas delictivas que se han identificado como principales generadoras de corrupción.

En el marco del diseño de esas políticas se inscribe este proyecto de ley.

Así, esta iniciativa busca atacar las consecuencias de este fenómeno delictivo que -de acuerdo con cifras de Transparencia por Colombia- le cuesta a los colombianos $9 billones anuales, lo que representa el 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB). En otras palabras, busca adoptar medidas de carácter integral, inscritas en una política criminal coherente, que suministren herramientas para que la corrupción sea perseguida y castigada sin tregua.

Lucha global

Esta iniciativa reconoce además que las graves consecuencias de la corrupción han sido advertidas incluso por instancias internacionales, las cuales han elaborado instrumentos transnacionales que promueven la lucha frontal contra la corrupción, bajo la premisa de que todos los componentes de este flagelo y las causas que lo producen deben ser desterrados.

Estos instrumentos internacionales encuentran su fundamento en la convicción de que los actos de corrupción pueden implicar el desconocimiento de los derechos humanos.

Así, por ejemplo, los tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas han concluido que este fenómeno criminal impide que los Estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, porque los actos de corrupción interfieren con el deber estatal de “proteger a las personas” y garantizar la efectividad de los derechos.

En consecuencia, la corrupción podría considerarse incluso una violación a los derechos. De allí que Colombia deba fortalecer sus herramientas para atacar las conductas corruptas en todos los niveles del sector público e incluso privado.

Para desarrollar esta labor es necesario tener en cuenta los lineamientos generales consignados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Convención Interamericana contra la Corrupción, los cuales han reconocido la gravedad de los efectos de este fenómeno que “socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.

Por otra parte, la gravedad de la corrupción y de sus efectos para la sociedad colombiana también ha sido reconocida por la Corte Constitucional. El alto Tribunal al revisar la exequibilidad de la ley que aprobó la Convención Interamericana contra la Corrupción señaló que los delitos asociados a esa conducta quebrantan los pilares del ordenamiento constitucional.

En ese orden de ideas, dicho Tribunal enumeró los principios que los actos corruptos transgreden abiertamente en tanto impiden su realización efectiva, a saber: la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Asimismo, hizo suyas las palabras del experto en desarrollo internacional y consejero del Banco Mundial en relación con la corrupción como agravante de la desigualdad, al señalar que implica sembrar “las semillas de tensiones sociales y políticas, amenaza la propia estructura de la sociedad y mina la eficacia del Estado y la legitimidad política de los gobiernos. Lo anterior indica que -al unísono- los instrumentos y jurisprudencia nacional e internacional reclaman la necesidad de eliminar la corrupción para que las sociedades prosperen.

Ahora bien, en la medida en que impacta negativamente distintos ámbitos de la sociedad civil y el Estado, para combatir la corrupción se requiere de una multiplicidad de estrategias en diversos niveles y ámbitos de intervención.

En esa medida, la presente propuesta responde a la necesidad de fortalecer los instrumentos jurídico-penales que nos permitan ser más eficaces en la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta -además-, que desde la política criminal del Estado se hace imperativo empoderar a los fiscales y jueces para puedan contrarrestar a los corruptos de forma más efectiva. En ese orden de ideas este proyecto de ley facilita la judicialización y sanción tanto de los servidores públicos como de los particulares que sean autores o participes de delitos contra la administración pública.

Este proyecto es también una manifestación de la iniciativa legislativa que la Constitución le asigna al Fiscal General de la Nación en el diseño de la política criminal del Estado y contempla distintas modificaciones normativas para contrarrestar las principales conductas que se han identificado como generadoras de corrupción. Entre ellas, medidas enfocadas a combatir el fenómeno en campañas políticas, procesos de contratación pública, el deber de denuncia de hechos asociados a la corrupción, testaferrato en detrimento de la administración pública, ocultamiento o destrucción de pruebas, entre otros, en tanto que si bien la lucha integral contra la corrupción requiere de medidas multidisciplinarias, lo cierto es que las competencias en materia legislativa de la Fiscalía General de la Nación se circunscriben exclusivamente al ámbito político criminal.

 

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