CAMBIOS EN MODELO PREVENTIVO
Crean Estatuto contra las finanzas Ilícitas

Foto archivo El Nuevo Siglo

El ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, anunció que la cartera que preside está elaborando un Estatuto contra las Finanzas Ilícitas orientado a evaluar la efectividad de los mecanismos de prevención, detección, investigación, judicialización y sanción en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. El gran objetivo: fortalecer la respuesta del Estado en la lucha contra los mercados criminales y las finanzas ilícitas.

El anuncio tuvo lugar durante la intervención del alto funcionario en el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que organiza en Cartagena la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).

Según el titular de la cartera de Justicia, dicho Estatuto se apoyará en cinco puntos principales: el primero, el suministro de herramientas prácticas a los funcionarios judiciales para que puedan investigar y sancionar delitos diferentes al narcotráfico pero que también son fuente de lavado de activos, tales como el contrabando, el tráfico de personas y los que atentan contra la administración pública.

El segundo, la lucha contra los cabecillas criminales y sus finanzas para desarticular redes delincuenciales, ya no concentrándose en los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, el contrabando o la minería ilegal.

El tercero, la priorización de la persecución de los activos con un valor significativo, pues en estos momentos la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra más de 12 mil bienes muebles en proceso de extinción de dominio o extintos que no tienen ningún valor, lo que genera altísimos costos de administración.

El cuarto, la puesta en marcha de reformas en los mecanismos de prevención y control; y el quinto, el fortalecimiento de los mecanismos de Cooperación Internacional para que los funcionarios judiciales entiendan de manera integral el uso y la aplicación de las Convenciones de Palermo, Viena y Mérida, así como los 20 acuerdos bilaterales que se han firmado en materia de asistencia judicial internacional.

Igualmente, el Ministro destacó cómo el Decreto-Ley 903 de 2017 se expidió con el propósito de buscar y poner a disposición del Estado los bienes y activos de las Farc para reparar a las víctimas del conflicto.

Gil Botero anotó, además, que los cambios en la figura de la enajenación temprana permitirán que el Estado pueda deshacerse de más de 11 mil bienes, entre los que se encuentran carros en desuso, colchones, zapatos y muebles, los cuales le generan al Estado un costo anual de administración que ronda los 15 mil millones de pesos.

Cabe señalar que el auditor general, Felipe Córdoba, aseguró en días pasados  que  ante la crisis tanto técnica como administrativa, el modelo de control fiscal del país requiere un cambio a una vigilancia más eficaz y rápida, donde existan herramientas para los contralores.

“Más que el control de advertencia es que el modelo debe cambiar completamente. Aquí debe haber un control preventivo, concomitante y posterior. Ni el control fiscal ni ninguna clase de control debe generarle miedo al funcionario público, no podemos seguir en el mismo esquema de las asustadurías, por eso es tan importante que nosotros tengamos capacidad de hacer un esquema preventivo en el que se le haga acompañamiento al funcionario público, a ese funcionario que realmente no tiene la capacidad y el conocimiento para poder desarrollar temas claros y básicos dentro de esos municipios alejados del país”, consideró el auditor.

Agregó de la misma manera, “Es importante que el esquema de control fiscal cambie hacia un esquema mucho más rápido y eficiente, pero además que genere garantías a todas las personas que sean verificadas, investigadas y procesadas para que no se genere lo que se ha venido produciendo en el país, que es un control fiscal paquidérmico, lento y que cuando creemos que hay un resultado contundente, luego se caen ante los tribunales, porque no tenía la solidez técnica para poder salvaguardar el recurso público a tiempo”.