CAMBIO EN LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO FUE UN FRACASO
Colombia se hunde en bonanza cocalera

Foto archivo El Nuevo Siglo
Cifras son dicientes e inapelables. La extensión de los narcocultivos oscila entre 150.000 y 190.000 hectáreas, al tiempo que hay récord en materia de potencial de toneladas de cocaína producidas. Restringir la fumigación aérea, disminuir la operatividad antinarcóticos paralelo a la negociación con las Farc y el incentivo perverso de lo pactado en La Habana sobre erradicación y sustitución de narcocultivos, así como el impacto de las disidencias y las bandas criminales, las principales causas de un fracaso que, faltando apenas un año del mandato Santos, ya parece imposible reversar.

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El cambio en la estrategia antidrogas operado por el gobierno Santos simple y llanamente fracasó. Los sucesivos informes, realizados por distintas entidades y con metodologías diversas, coinciden en que la extensión de narcocultivos, la producción de cocaína y otros estupefacientes así como la rentabilidad misma del ilícito negocio están disparadas.

 

Una prueba más de ese fracaso se dio esta semana al conocerse las conclusiones del último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

 

Dicho informe reporta un incremento del 52% en los territorios afectados por cultivos de coca al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016.

 

El mayor crecimiento se registra en zonas fronterizas, especialmente en Nariño, Putumayo y Norte de Santander, los mismos territorios con mayor número de hectáreas reportadas en el informe del 2015.

 

Paradójicamente algunas instancias gubernamentales esperaban el crecimiento de los narcocultivos, aunque no en 52%. No hay que olvidar que apenas hace algunos meses el Departamento de Estado norteamericano reveló también su informe anual, en el que indicó que al cierre de 2016 Colombia ya contaba con más de 188.000 hectáreas de sembradíos ilícitos, dando un campanazo de advertencia ya que en 2015 se habían reportado 159.000 hectáreas.

 

Cuando se conocieron esas cifras, varios funcionarios públicos colombianos pusieron en duda la metodología de monitoreo que utiliza el Departamento de Estado y dijeron que otra realidad mostraría el informe de la ONU. Sin embargo, al final de cuentas, si bien es cierto que el reporte del Simci señala que sólo hay 146.000 hectáreas, inferior a las 188.000 que señala el informe de EU, el crecimiento porcentual fue mayor en el primero que en el segundo.

 

Pero si las cifras sobre extensión de narcocultivos son alarmantes, más lo terminan siendo las relacionadas con el potencial de producción de cocaína que se deriva del aumento de los cocales.

 

Según el informe de la ONU, la producción potencial de cocaína en Colombia se estima que aumentó en un 34%. Es decir que pasó de 646 toneladas en 2015 a 866 en 2016. Se trata de un récord, ya que ni siquiera en épocas anteriores al Plan Colombia, que estructuró el gobierno Pastrana y arrancó el de Uribe, se había llegado a semejante nivel de producción del alcaloide.

 

A ello debe sumarse que la rentabilidad del negocio del narcotráfico, lejos de disminuir, se ha incrementado de manera por demás sustancial. El Simci concluye que el  precio promedio del kilo de hoja de coca es hoy por hoy 43% más alto respecto a las estimaciones del 2013, año en el que la tendencia de aumento del área sembrada empezó a escalar.

 

En otras palabras, que contrario a los análisis de algunos expertos, el incremento de la oferta de cocaína no ha llevado a que el precio de la misma, tanto a nivel de nuestro país como puesta en los mercados del extranjero, haya caído. Todo lo contrario, la rentabilidad es aún mayor, y ello se explica en gran parte por la devaluación del peso colombiano frente al dólar, es decir que los narcotraficantes reciben más dólares por cada kilo que exportan de cualquier estupefaciente.

 

Otra de las pruebas de ese auge cocalero que vive Colombia desde hace cuatro años es, paradójicamente, el incremento en el decomiso de cargamentos de droga. Según el Simci, en 2016 se registró un 49% más de incautaciones de cocaína, llegando a 378 toneladas, pese a que en 2015 sólo cayeron en manos de las autoridades 253 toneladas.

 

Polinal

Razones del retroceso

 

Según el informe del Simci en “estos últimos años, se ha configurado un escenario de transición en la estrategia de lucha con implicaciones directas en la dinámica de los cultivos ilícitos: una densificación de la siembra en los núcleos más tradicionales aumentando la disponibilidad de biomasa con el consiguiente aumento de la producción, una participación más activa de las comunidades afectadas, la reactivación de los mercados ilegales en las regiones afectadas por cultivos ilícitos, el surgimiento de nuevos grupos ilegales o la lucha de los existentes para adueñarse del negocio y la percepción de menor riesgo para la actividad ilícita”.

 

Para más allá de esa conclusión, lo cierto es que en el fracaso antidroga la principal causa fue el cambio de estrategia en los últimos años operado por el actual Gobierno. Un cambio de estrategia en el que hubo tres elementos básicos y determinantes.

 

En primer lugar, haber abandonado la estrategia de fumigación aérea de narcocultivos con el glifosato. Si bien la decisión de restringir las aspersiones sobre los grandes cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola se tomó a finales de 2015 con base en un concepto de una agencia adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que calificó el fungicida como potencialmente cancerígeno, lo cierto es que se prometió que rápidamente se escogería otro químico para poder continuar con estas operaciones.

 

Dos años después no ha sido posible encontrar otro herbicida que permita reanudar las aspersiones aéreas que, sin duda alguna, son la herramienta más eficiente para combatir el incremento de los cocales, no sólo por la cantidad de terreno que se puede abarcar con este tipo de fumigaciones, sino porque las erradicaciones manuales de la mata tardan un 80 por ciento más y el riesgo de ataques de la guerrilla, las bandas criminales y los narcotraficantes es mayor para uniformados y civiles.

 

La segunda falla garrafal del gobierno Santos en materia de lucha antidrogas vino por cuenta de las negociaciones de paz con las Farc. Para nadie es un secreto que a medida que fueron avanzando las tratativas en La Habana, la operatividad de las Fuerzas Militares y la Policía contra los reductos territoriales de esa guerrilla fue bajando progresivamente. Esa reducción en las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública, incluso antes de que se pactaran las primeras medidas de desescalamiento bélico (según las cuales la guerrilla no atacaría a los uniformados, y el Estado no bombardearía los campamentos subversivos) terminó favoreciendo a los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola, que no sólo se vieron a salvo de la presión militar y policial en muchos sectores del país, sino que, al no tener tampoco encima el riesgo de las fumigaciones aéreas, vieron crecer la productividad de sus sembradíos, ya que las matas entre más altura ganan dan una mejor cosecha y el alcaloide, una vez es procesado en los narcolaboratorios, resulta de mejor calidad.

 

No hay que olvidar que en repetidas ocasiones tanto el uribismo como las agremiaciones de militares y policías retirados advirtieron que las Farc aprovecharon esas ‘treguas unilaterales’, que en el terreno se convertían casi que en treguas ‘bilaterales’, para aumentar su participación directa en el negocio del narcotráfico, no sólo en materia del ‘impuesto’ o ‘gramaje’ que cobraban a los cultivadores, sino operando claramente como un “cartel” que negociaba con las mafias mexicanas y de otras latitudes. Se comprobaron alianzas con el Eln, carteles y bandas criminales para movimiento y venta de alijos de droga.

 
“El Gobierno,  ante la evidencia del auge cocalero, insiste en que podrá erradicar 100 mil hectáreas antes de un año”

 

Es más, aunque los voceros de las Farc lo han negado en repetidas ocasiones, lo cierto es que fue precisamente en medio de esa coyuntura que se empezó a generar un grupúsculo de comandantes de frente y cuadrilla que evidenciaron dudas sobre la utilidad del proceso de paz en marcha y comenzaron a poner peros y reservas a lo que se iba pactando en La Habana. Surgieron así las primeras ‘rebeliones’ al interior de la facción armada que, luego, incluso después de firmarse el pacto, decidieron ya darle la espalda definitiva al proceso y convertirse en disidencias armadas, asociándose incluso con el Eln y las Bacrim. No deja de ser paradójico, y las mismas autoridades estadounidenses lo han advertido, que las zonas en donde se ha denunciado la presencia de estos grupos de guerrilleros disidentes, son las mismas en donde hay una mayor densidad de narcocultivos, como es el caso de Nariño y Guaviare.

 

Una tercera razón que explica este descalabro antidroga tiene que ver con un hecho de que altos funcionarios gubernamentales admitieron que hubo un “incentivo perverso” derivado de las tratativas en Cuba. Como se sabe, el primer punto de la agenda de discusión entre el Gobierno y las Farc fue el relativo al desarrollo agrario. Tanto en este, como también en el punto 4, relativo a la lucha contra el narcotráfico, las partes pactaron no sólo que se privilegiaría la erradicación manual, voluntaria y terrestre de los sembradíos ilícitos, sino también que dentro de todo el plan de sustitución de cocales se daría una compensación económica a los campesinos así como otras ayudas en materia financiera, de asistencia técnica y comercialización, para que pudieran optar por sembradíos legales y rentables.

 

Obviamente las Farc se encargaron de transmitir todos esos pactos a los campesinos cocaleros que viven en su zona de influencia, lo que generó poco a poco un “incentivo perverso”, pues muchas familias y dueños de fincas pequeñas y medianas se lanzaron a sembrar hoja de coca, marihuana y amapola, con el objetivo no sólo de sobrevivir con este sembradío en los últimos tres años, sino con la vista puesta en postularse, una vez se firmara el acuerdo de paz en La Habana, para los programas de erradicación voluntaria y acceder a las compensaciones económicas del plan de sustitución.

 

Débil respuesta

 

Como se dijo, el Gobierno es consciente de que ya es inocultable el retroceso en la lucha antidroga. El propio fiscal general Néstor Humberto Martínez ha reiterado que la erradicación manual de cocales es muy deficiente y por lo mismo ha urgido al Consejo Nacional de Estupefacientes que estudie la posibilidad de reanudar las fumigaciones aéreas, recibiendo una respuesta negativa del Ejecutivo en varias ocasiones, pese a que la Corte Constitucional abrió una luz al respecto.

 

El Ejecutivo, por el contrario, tiene todas sus esperanzas puestas en su nuevo plan de erradicación voluntaria. El propio presidente Santos indicó recientemente que se tenía “mucha fe en el plan que hemos puesto en marcha de una combinación de una erradicación forzada y una sustitución de cultivos para lograr que por lo menos 100.000 hectáreas desaparezcan y puedan sembrarse productos legales”.

 

A su turno el vicepresidente Óscar Naranjo aseguró que el Gobierno reconoce las cifras entregadas por la ONU sobre el aumento de los cultivos pero, recalcó, que "nadie se llame a engaño pensando que el Gobierno bajó la guardia. Que nadie se llame a engaño pensando que estas cifras inmovilizan al Gobierno".

 

Naranjo advirtió que los años de erradicación de cultivos en los que siempre hubo resiembra de los mismos tiene que quedar en el pasado con la aplicación de una estrategia integral que ya está en marcha y que tendrá que redundar en la disminución a cero de este factor.

 

Reiteró el Vicepresidente que el Gobierno Nacional se propuso acabar este año con 100.000 hectáreas de coca: 50.000 hectáreas a través de erradicación forzosa y la sustitución voluntaria de otras 50.000.

 

Agregó que a 5 de julio, se han erradicado 20.297 hectáreas de cultivos ilícitos. En cuanto a la sustitución de cultivos, en lo corrido de 2017 se ha llegado a acuerdos colectivos para la sustitución voluntaria con cerca de 80.000 familias en 13 departamentos del país. Indicó que durante el 2016 se efectuaron 193 capturas con fines de extradición y se logró la cifra más alta de incautación de cocaína en los últimos 14 años. Puntualizó que a julio de este año ya se han incautado 200 toneladas de cocaína pura, cifra que supera la tendencia del año anterior.

 

Vista la reacción del Gobierno queda claro, entonces, que el Ejecutivo se enfoca en mirar hacia adelante más que en analizar la razón del descalabro, quizá por lo evidente de sus causas. Sin embargo es obvio que sabe que su margen de acción en este campo ya es muy limitado, no sólo porque le queda apenas un año de mandato, sino porque a nivel externo la tolerancia a esta crítica circunstancia es cada día menor. Por ejemplo, es obvio que con el cambio de administración en Estados Unidos, el gobierno Trump tiene su enfoque puesto no tanto en el proceso de paz, sino en cómo frenar el auge de los cultivos ilícitos. Tanto en la reunión que sostuvieron los presidentes Donald Trump y Juan Manuel Santos, a finales de mayo en Washington, como en otros encuentros de altos funcionarios, este ha sido el principal tema de discusión, ya que por más razones que el gobierno colombiano dé para excusar el aumento de los sembradíos ilícitos y de la producción de cocaína, es claro que a la Casa Blanca el tema no le cuadra.

 

No hay que olvidar, por ejemplo, que uno de los condicionamientos del gobierno Trump a la ayuda externa es que sea verdaderamente productiva y que el país receptor también haga un esfuerzo en materia económica. En ese orden de ideas no deja de ser sintomático que la ayuda al Plan Colombia para 2018 fue recortada en un 35% en mayo pasado.

 

¿Funcionará la estrategia del Gobierno para revesar el fracaso en la lucha antidroga por cuenta del cambio en la estrategia? Esa es la gran pregunta. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se muestra tan confiado que apuesta a que si no se erradican esas 100.000 hectáreas renuncia. Sin embargo, otros analistas y sectores consideran que al Ejecutivo le resta muy poco tiempo para una estrategia tan ambiciosa y que le está pasando lo que a los alumnos desaplicados, que tratan de salvar al año académico cuando ya las clases están a punto de terminar.

 

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