El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, Luis Guillermo Vélez, confirmó que un Tribunal de Arbitramento condenó a las empresas de telefonía móvil Claro y Movistar a pagar cifras que suman $4,7 billones de pesos, por un caso de reversión de activos.

La confirmación fue hecha por el director de la ANDJE, quien manifestó que en el caso de la compañía Claro tendrá que pagar $ 3,2 billones y Movistar $1,6 billones.

Explicó que la decisión fue adoptada por un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, en beneficio de los intereses del Estado colombiano.

Dijo que este monto es el equivalente a los activos que han debido ser reversados a la Nación producto de la cláusula contractual celebrada entre las partes Nación y compañías en 1994.

De acuerdo con Vélez esta es una decisión de última instancia Y en la decisión más importante en esta materia que se ha llevado a cabo en Colombia Y es el fallo más grande a favor de la Nación en los últimos años.

Antecedentes

El 16 de febrero fue radicado ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá el documento de convocatoria a Tribunal de Arbitramento como medida para resolver el conflicto planteado en noviembre de 2013 entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los operadores Claro y Movistar.

Con esta decisión, el Ministerio buscaba poner fin a la controversia sobre la liquidación de los contratos con los operadores. Después de una sentencia de la Corte Constitucional, de una recomendación por parte de la Procuraduría General de la Nación, de más de 25 mesas de trabajo técnicas y jurídicas entre el MinTIC y los operadores, de exponer ante entes de control como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de la Defensa del Estado, la complejidad técnica del caso de reversión de activos del servicio de telefonía móvil, el MinTIC definió como camino adecuado para proteger el patrimonio público y asegurar la continuidad del servicio, el acudir a convocar al Tribunal de Arbitramento, mecanismo contemplado en los contratos con los operadores.

De acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional corresponden al patrimonio público los bienes afectos al servicio, adquiridos, construidos e instalados, de conformidad con las necesidades y vicisitudes acontecidas, a lo largo de la totalidad de la ejecución de los contratos pactados antes del vigor de las leyes censuradas y su defensa, es expresión del deber constitucional de proteger el interés general. Dicha sentencia llevó a un arduo trabajo técnico y legal en el que han estado involucrados tanto el Ministerio, como las diferentes entes de control así como los operadores Claro y Movistar.

Las mencionadas gestiones concluyen en esta primera etapa con esta convocatoria. Al respecto el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna manifestó: "Con el objetivo de proteger el patrimonio púbico y garantizar la prestación de un servicio vital como lo es hoy la telefonía celular, hemos acudido a este mecanismo como el más idóneo. De hecho, este proceso fue recomendado en dos ocasiones por parte de la Procuraduría General de la Nación como el camino a seguir".