No era para menos, la noticia ha prendido como fuego de verano en la pradera: el exmandatario Lula da Silva ha sido condenado a 9 años y medio de cárcel por corrupción, en un proceso en donde se asoma el fantasma de la selectividad política con discriminaciones ideológicas. Es claro que esto cambiaría el panorama de las elecciones presidenciales para 2018 y amplifica la crisis política que vive Brasil. En efecto, se hace evidente, en el contexto sudamericano, que las crisis políticas más importantes se centran en Caracas y Brasilia, no obstante existir matices y diferencias fundamentales entre ellas.
En el Brasil de Temer, el epicentro de los problemas ocurre en torno a problemas de corrupción. Es allí donde se generan procesos y mecanismos que han llevado a una falta creciente de credibilidad en los políticos y en el régimen mismo. Al momento de escribir esta nota, dada la dinámica que se tiene en Brasilia con los representantes de poderes públicos, es posible que la avalancha de los escándalos haya cobrado quizá algunas cabezas adicionales en los líderes políticos.
En Venezuela en cambio, la crisis bordea el abismo de una tragedia humanitaria, en un contexto en donde el ejército represivo de la patria de Bolivar, continúa demostrando que es la fuerza que mantiene en el poder a Nicolás Maduro (1962 -). El contraste con Brasil, también radica en que en este último país, la crisis aún tiene en cuenta, jugando un papel decisivo, el Organismo Judicial. En Venezuela, la instancia legal carece de legitimidad en toda la línea.
La presión en las calles brasileñas se está dejando sentir de manera recurrente, enviando un mensaje inequívoco al poder de Planalto en Brasilia. Este pasado domingo 9 de julio, miles de brasileños marcharon en protesta pacífica. La oposición es contra la corrupción, a la vez que se respalda a los investigadores que tienen entre sus responsabilidades el endiablado caso de Petrobras.
Es evidente que, tal y como ocurrió con la destitución de la ahora ex –mandataria Dilma Rousseff (1947 -) se está librando una campaña sin cuartel, en la cual no se tomarán prisioneros, entre el Congreso y el Poder Judicial brasileño. En todo ese escenario es claro que los políticos están tomando en cuenta las facturas político-electorales que la población puede cobrar en las próximas presidenciales, programadas para octubre de 2018. Ellas, desde luego afectarían también el poder legislativo, con la Cámara de Diputados (513 escaños) y el Senado (81 escaños).
La profundidad de la crisis política en Brasil se evidencia también con la iniciativa presentada por la Cámara de Diputados, el pasado 5 de mayo, mediante la cual se pretende que las elecciones presidenciales de 2018 sean llevadas a cabo en 2020. Lo que se buscaría, según los ponentes, no sólo es el retraso de los comicios, sino que los mismos coincidan con la elección de gobernadores en Brasil.
“Que no calle la calle”
La mayor presión de las protestas populares se deja sentir en Río de Janeiro y en Brasilia, pero se extiende a por lo menos unas diez ciudades brasileñas más. El poder de convocatoria se origina en los pronunciamientos que en función de la presencia en los centros urbanos han llevado a cabo muchas de las mismas organizaciones que apoyaron la destitución de la ex Presidente Rousseff. Las marchas van dejando su marca en el imaginario colectivo utilizando la camiseta amarilla, misma que identifica a la selección de fútbol del país.
El planteamiento que se ha hecho reiterativo es apoyar la denominada “Operación Lava Jato”. Se trata de dar respaldo político a quienes -indicando que reciben amenazas- están desarrollando la investigación de multimillonarios desvíos de fondos de la estatal empresa de petróleos, la mencionada Petrobras, a fin de favorecer favores políticos y tráfico de influencias.
Los datos hasta ahora apuntarían a que tales prácticas fueron, en esencia, recurrentes, durante un largo período de tiempo. Quizá desde siempre, aunque la información más confiable se centra en los pasados 15 años. Estas prácticas, además, no sólo involucraron a políticos de todos los niveles, sino que la corrupción no discriminó, no llegó a diferenciar entre credos religiosos, afiliaciones a partidos o colectivos políticos, ni a distinciones de género.
En el centro del debate y la controversia actual, que amenaza con dejar en los archivos de la historia patria el efímero gobierno de Michel Temer (1940 -), se ubica el descrédito de toda una clase política.
En las calles de las ciudades, se coreaba “Que no calle la calle”, además de “Que se vayan todos”. Se trata desde todas las ópticas, de actitudes más pensadas con los deseos que con base en una materialización efectiva de las finalidades. Es realmente muy difícil substituir de tajo a toda una generación política. En especial en un país en donde los financiamientos de campaña ponen de manifiesto a quienes son el poder real en la toma de decisiones y que, producto de lo mismo, el cabildeo es intenso y permanente tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo.
Los personajes que están siendo más cuestionados son Renan Calheiros, un poderoso político que preside el Senado, además de Rodrigo Maia, Presidente de la Cámara de Diputados. Se trata de las dos cabezas más visibles en el parlamento bi-cameral, y también son piezas clave en el entramado que sostiene, hasta ahora al mandatario Temer.
En particular Calheiros -el “político de las siete vidas”- que trabajó con los últimos tres presidentes del país- está enfrentando en la actualidad una docena de investigaciones; entre las que se incluye la red de persistentes y copiosos sobornos que llevó a cabo Petrobras. Una de las consignas a las que se han referido dirigentes de la convocatoria a las marchas rezaba: “Es hora que paguen, queremos limpiarnos de esta banda de ladrones, queremos limpiar a Brasil, queremos un Brasil nuevo”.
Se vislumbran desde ya quienes podrían ser piezas vitales para una renovada generación política. Entre ellos, a manera de estrella ascendente, se va ubicando precisamente el juez Sergio Moro, quien se está convirtiendo en un personaje distintivo contra la corrupción. Sus fallos han enviado a prisión a políticos y empresarios que hasta hace poco eran percibidos como intocables.
Todos deseamos que Brasil pase esta mala hora y que lo haga pronto. Nuevos rostros, nuevas esperanzas, y nuevas actitudes son necesarios para abordar una siempre pospuesta agenda de desarrollo. Es de esperar que la crisis de legitimidad actual pueda ser una gran marea rectificadora para el representativo poder político brasileño.
(*) Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario
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