Venezuela: oposición llama a paro de 48 horas desde el miércoles | El Nuevo Siglo
Foto Agence France Press
Sábado, 22 de Julio de 2017
Agence France Presse

La oposición venezolana anunció una huelga de dos días contra el presidente Nicolás Maduro, tras violentos disturbios durante una marcha en respaldo a los magistrados que designó para una corte suprema paralela, uno de los cuales fue arrestado.

"Estamos convocando a todo el pueblo, a todos los sectores, a 48 horas de paro cívico" el miércoles y el jueves próximos, dijo en rueda de prensa el diputado Simón Calzadilla, a nombre de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Además, la oposición marchará el viernes en su ofensiva final para tratar de frenar la Asamblea Constituyente que impulsa Maduro, cuyos 545 integrantes serán elegidos el domingo 30 de julio.

La agenda de la MUD se informó al cierre de un día marcado por choques entre militares y manifestantes en una marcha en Caracas que pretendía dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y por la detención de uno de los 33 jueces -Ángel Zerpa- que habían sido juramentados el viernes por la mayoría opositora del Parlamento.

"Apoyamos a los nuevos magistrados, porque devolverán su independencia al TSJ, que ahora lo que hace es cumplir órdenes de Maduro", dijo a la AFP Luis Torrealba, un manifestante de 43 años, acompañado por su esposa y su hijo.

Militares bloquearon con gases lacrimógenos la movilización, lo que desató disturbios y trancas de vías con barricadas de basura que se mantenían en horas de la noche.

Decenas de personas resultaron heridas, entre ellas Wuilly Arteaga, un joven músico de 23 años que se ha hecho famoso por tocar el violín entre lluvias de gases lacrimógenos y perdigones en las protestas contra Maduro, que dejan 103 muertos en casi tres meses. Sufrió lesiones en el rostro, causadas -dijo- por perdigones.

"Un secuestro"

"Alertamos al mundo que régimen de Nicolás Maduro desató persecución contra magistrados legítimos", publicó la Asamblea Nacional en su cuenta oficial en Twitter, al denunciar la captura de Zerpa por el servicio de inteligencia, medida que calificó como "un secuestro".

El Legislativo seleccionó un TSJ paralelo al alegar que los jueces de esa corte fueron designados ilegalmente por la anterior mayoría parlamentaria chavista y sirven al gobierno de Maduro.

Ya el TSJ había advertido que la juramentación de estos jueces configuraba los delitos de "usurpación de funciones" y "traición a la patria", castigados con cárcel.

La corte subrayó además que el Parlamento sigue en "desacato", por lo que considera "nulas" todas sus decisiones desde que se instaló en enero de 2016.

El TSJ paralelo forma parte de la estrategia de la oposición para tratar de forzar a Maduro a retroceder en su llamado a Constituyente, pues tilda esa iniciativa como un "fraude" con el que el mandatario pretende convertir a Venezuela en "otra Cuba".

 "Imposible de impedir"

Pero Maduro ratificó en la noche de este sábado que se mantendrá firme en su proyecto.

 

Se va a ser implacable si pretenden generar un proceso de violencia para intentar impedir lo imposible de impedir", advirtió el presidente en una entrevista en la televisora estatal VTV.

Pero sus adversarios tampoco ceden. "Con mucha firmeza este pueblo va a evitar el fraude constituyente", aseveró Calzadilla.

Entre el jueves y el viernes últimos, la oposición realizó un paro de 24 horas que -asegura- fue acatada en 85%.

Maduro y altos funcionarios gubernamentales, en contraste, la calificaron como un fracaso, asegurando que los sectores claves de la economía, incluido el petrolero (fuente de 96% de las divisas del país), trabajaron con normalidad.

La alianza opositora se siente reforzada por un plebiscito simbólico que organizó el domingo pasado contra la iniciativa del mandatario en el que sostiene que participaron 7,6 millones de venezolanos.

También por la presión internacional que enfrenta Maduro. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido que impondrá sanciones económicas a Venezuela si el gobernante impone su Constitiyente, que también ha sido rechazada por varios gobiernos de América Latina y Europa, así como por bloques como el Mercosur.