Presidente Santos anunció presentación de dos iniciativas al respecto, mientras que el Fiscal ‘madrugó’ con un proyecto de ley con el mismo objetivo, aunque enfocado en lo electoral; por su parte, verdes le apuestan a una consulta popular.
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Desde hace décadas que la corrupción en el sector público y privado se ha enquistado en el tejido del país, llevándose recursos vitales especialmente para inversión social en las capas más desfavorecidas de la población. Por ello son muchas las iniciativas y medidas que han adoptado distintos gobiernos con el fin de combatirla con pocos resultados. No obstante este momento en que las Farc empiezan a dejar de ser el principal dolor de cabeza nacional, desde diferentes frentes se alista una artillería contra este flagelo.
El Gobierno
Al intervenir en el foro ‘Corrupción en Colombia: la peor forma de violencia’, en abril pasado, el presidente Juan Manuel Santos anunció un paquete de nuevas medidas para seguir fortaleciendo la lucha contra este grave problema y los corruptos.
Una de éstas es que se fortaleció el Grupo Anticorrupción de la Dijin de la Policía Nacional con 100 nuevos funcionarios.
De igual forma anunció que se les dará más dientes y herramientas a las Superintendencias para que investiguen y sancionen con más rapidez y mayor contundencia. Las pruebas que recauden podrán ser usadas por la Fiscalía General como evidencia en sus procesos.
Así mismo, Santos dijo en esa ocasión que se le pedirá al Consejo de la Judicatura que autorice la creación de jueces especiales para los delitos contra la administración pública y otros para la extinción de dominio.
Además, el Jefe de Estado pidió al Ministerio de Educación que vuelva a instaurar la educación cívica para hacer más pedagogía en valores. “El primer paso para vencer la corrupción es transformar nuestra manera de pensar, nuestra actitud, nuestra indiferencia y recuperar la cultura de la legalidad”, dijo.
Otras medidas que anunció Santos en esa ocasión es la bancarización total del sistema de contratación con el Estado, de forma que todos los pagos a contratistas, así como los pagos de ellos a sus subcontratistas y empleados, se hagan por medios bancarios y nunca en efectivo.
Dijo también que se concertará con el sector privado normas sobre el cabildeo o lobby; en tanto que sobre el acuerdo de paz anunció la creación del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto para que cualquier ciudadano pueda hacer seguimiento a la inversión de los recursos, nacionales e internacionales, para su implementación.
Santos también anunció en esa ocasión la radicación en el Congreso de un paquete de medidas anticorrupción: un proyecto de Protección de Denunciantes para que nadie tenga miedo de denunciar. Se extenderán las herramientas de incentivo a la denuncia para seguir destapando casos de corrupción.
Un proyecto de ley que crea el Registro de Beneficiarios Reales, que permitirá saber, en tiempo real, cuáles son las personas que en realidad se lucran de una empresa o negocio. Y una Ley que reduce y condiciona los beneficios por allanamiento a cargos, y que elimina la casa por cárcel para los corruptos.
Además de estas medidas, el presidente Santos anunció que se expedirá un decreto que extiende a los entes territoriales y a las personas de derecho privado que administran recursos públicos la obligación de publicar toda la información relacionada con su gasto, sin excepción, en el Portal Central de Transparencia Fiscal del Estado.
Este paquete legislativo contra la corrupción está pendiente de llegar al Congreso por parte del Gobierno. No obstante, Santos anunció el pasado jueves al momento de instalar la cuarta legislatura que “vamos a presentar en esta legislatura las iniciativas que ya he anunciado para hacer más efectiva esta lucha, por ejemplo, para restringir la casa por cárcel y otros beneficios que hoy existen para los delincuentes de cuello blanco”.
De igual manera el pasado viernes, el Jefe de Estado promulgó la Ley 1849 que aumenta la eficacia del Código de Extinción de Dominio para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a los corruptos, para lo que la nueva norma acelera los procesos, incentiva la denuncia ciudadana y permite darle mejor uso a los bienes afectados.
Con esta Ley “damos más dientes, más herramientas, más capacidad a las autoridades para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción”, aseveró Santos.
El Fiscal
Ante la Secretaría de la Cámara, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, presentó al comienzo de esta legislatura el proyecto de ley anticorrupción que busca otorgar herramientas procesales para la investigación y judicialización de estos actos.
Martínez Neira explicó que la iniciativa contempla en materia electoral cárcel para quien porte dinero en efectivo durante la jornada y en los tres días anteriores a los comicios.
Igualmente el ente investigador plantea castigar, con hasta 12 años de cárcel, al servidor que utilice su función o patrimonio público para apoyar campañas electorales, candidatos o partidos políticos.
Por otra parte el proyecto establece sanciones a las personas que sirvan de testaferros para adquirir u ocultar bienes con dineros procedentes de la corrupción.
Además propone penalizar a los contadores, revisores y jefes de control interno que presten sus servicios para evitar la identificación o rastreo de propiedades o dinero que tengan origen ilícito.
“Vamos a romperle el espinazo a la corrupción, si un ciudadano al aprobarse esta ley omite denuncia de corrupción incurrirá en pena de prisión de 6 a 8 años”, puso de relieve el Fiscal.
Consulta verde
A pesar de que la consulta anticorrupción tiene hasta este miércoles para la entrega de planillas a la Registraduría Nacional con mínimo 1’762.083 firmas de respaldo, dos de las promotoras de la iniciativa, las congresistas del Partido Alianza Verde, Claudia López y Angélica Lozano, han determinado que recibirán todo el material con rúbricas hasta el día de hoy.
Se requieren mínimo 1’762.083 firmas para que la Registraduría fije una fecha para la realización de la consulta y, según los últimos balances, ya van por los 2 millones. Sin embargo, Angélica Lozano, representante a la Cámara, dice que sólo dormirá tranquila si logran entregar 2’500.000, pues el objetivo es “blindar la propuesta”, previendo que muchas firmas pueden ser invalidadas o anuladas por diferentes razones.
Esta consulta busca preguntar a los colombianos para que decidan en las urnas sobre 7 puntos contra la corrupción: reducir de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes el sueldo de los Congresistas y altos funcionarios del Estado; aquellas personas condenadas por corrupción deberán pagar la pena en la cárcel sin ningún tipo de beneficio y sus contratos serán terminados unilateralmente; todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a usar pliegos tipo para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo.
Además obligar que el presupuesto de inversión de Alcaldías, Gobernaciones y Nacional, se desglose y priorice en Audiencias Públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación; obligar a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa, de manera periódica y detallada; establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos; y limitar al máximo 3 periodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas y Congreso.
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