Los rectores de todas las instituciones de educación superior le piden al Gobierno nacional que el presupuesto de los centros de enseñanza sea 4 puntos por encima del IPC, manifestó el rector de la Universidad del Tolima, José Herman Muñoz, al comentar que la crisis que atraviesa la entidad a su cargo es solo la punta del iceberg de los problemas reales por lo que atraviesa la instrucción profesional en Colombia.

Muñoz lamentó el chantaje del que fue objeto para lograr que anunciara su renuncia, sin tener en cuenta los graves problemas que tiene la institución por cuenta, entre otras cosas, de una reforma laboral que inició su antecesor Héctor Villarraga en 2012 sin estudio técnico y cuyo propósito era dignificar a los trabajadores, reforma que el Consejo Superior de la época aprobó.

Dicha reforma se sustentó financieramente en dos rubros, anotó Muñoz. El primero, los recursos del balance, para lo cual se calculó un superávit anual de 6.023 millones de pesos en promedio. 

El otro rubro, comentó Muñoz, fueron las transferencias anuales de la Nación, por 2.000 millones de pesos en promedio para los siguientes seis años, derivados de los descuentos del certificado electoral que presentan los estudiantes. 

Esas dos fuentes, que pueden sumar un promedio de 8.000 millones de pesos por año, fueron el soporte de financiación de la reforma laboral propuesta.  

Muñoz precisó que, según documento presentado al Consejo Superior por parte de la administración Villarraga, la propuesta de reforma laboral tendría un costo de 4.044 millones de pesos: 2.397 millones de pesos para el incremento salarial de los 295 funcionarios de planta y 1.200 millones de pesos para los 344 nuevos cargos, partiendo del análisis de que solo se tendría en cuenta la diferencia entre lo pagado (9.459 millones de pesos) y lo proyectado (10.746 millones de pesos).

Sin embargo, relató Muñoz, la realidad ha mostrado que para 2013 los recursos del balance fueron de 2.199 millones de pesos y la transferencia por el descuento del certificado de votación fue de 1.852.357.240 pesos, por lo que el total recibido fue de 3.971 millones de pesos, cuando lo proyectado eran 8.000 millones de pesos. 

Para el 2014 no hubo recursos del balance y la transferencia por el descuento de votación fue de 1.687.155.470 pesos. El total recibido fue de 1.687.155.470 pesos. Otra vez se habían proyectado 8.000 millones de pesos.

Para 2015 no hubo recursos del balance y la transferencia por el descuento fue de 1.529.176.881 pesos. El total recibido fue 1.529.176.881 pesos. De nuevo se habían proyectado 8.000 millones de pesos.

“El caso de la Universidad del Tolima es solo la punta del iceberg de los problemas reales por lo que atraviesa la universidad pública en Colombia. Por esto los rectores de todas las universidades le han pedido al Gobierno nacional que el presupuesto de las instituciones sea 4 puntos por encima del IPC”, manifestó Muñoz.

Para la docente Martha Elizabeth Varón, quien hace parte del Movimiento pro Universidad Siempre Abierta (MUSA), que reúne alrededor de 100 profesores, la Universidad del Tolima atraviesa no solo por una crisis económica sino institucional.

Según Varón, “la actual crisis financiera ha traído como consecuencia que actores de diversos sectores aparezcan en escena para presionar. Y uno de los propósitos que han tenido estos actores desde finales del año pasado se centran en culpar a la actual administración del déficit financiero, cuando es bien sabido por la comunidad universitaria y tolimense que la causa de la crisis es estructural y obedece a un problema de desfinanciación de la educación superior pública, tanto por parte de la Nación como por parte del Departamento. Eso aunado a las exigencias de calidad académica que también cuestan dinero. Y en el caso particular de la Universidad del Tolima a una reforma laboral que se aprobó sin el debido estudio de impacto económico sobre la universidad”.

Varón y Muñoz anotaron que el conflicto es una amalgama de cosas, pero básicamente ha tenido varios momentos álgidos a los largo del semestre. 

Este es el tercer conflicto que se da en la universidad en el primer semestre del 2016, pusieron de relieve. El primero fue a comienzos del 2016 cuando los estudiantes tuvieron que hacer un plantón frente a la Gobernación, para exigirle al mandatario Óscar Barreto girara los 3.600 millones de pesos del año fiscal.

El segundo conflicto se dio por una obra inconclusa del hospital universitario que originó el cierre de la universidad durante semana y media, lo que obligó al rector a negociar con los protestantes su eventual salida del cargo a cambio de la normalización de las actividades en el centro educativo para no generar más traumatismos.

Y el tercer episodio fue la huelga de hambre que se inició el pasado 6 de julio un grupo entre los que se encontraban profesores, trabajadores y estudiantes que reunió al final de la misma 9 personas, exigiendo la renuncia del rector.

“La huelga de hambre se inicia a pesar de que el rector había manifestado a los promotores de la protesta y posterior huelga de hambre su intención de renunciar y aun así se sobre vino una huelga de hambre”, precisó Varón.

Para ellos, lo único claro es que en medio del tire y afloje entre contradictores y defensores de la institucionalidad quedan los 8.500 estudiantes de programas presenciales y 12.500 en programas a distancia que se han visto afectados durante el semestre.

En lo que sí coinciden los profesores asociados a MUSA y la Asociación de Empleados Públicos de Carrera Administrativa de la Universidad del Tolima (Asepcut) es que el déficit no representa ni el 5 por ciento del presupuesto de la universidad, que no justifica que la situación hoy esté en el punto en que se encuentra.

Las organizaciones consideran que la universidad hoy les adeuda a los trabajadores y profesores la prima de navidad de 2015 y la de junio de 2016, razón por la que a finales del año pasado el Consejo Superior aprobó la posibilidad de pedir un crédito de 10.000 millones de pesos a un término de 5 años, con uno de gracia, solicitud que el gobernador Barreto, luego de su posesión, decidió no avalar.

La situación fiscal de la Universidad del Tolima no es distinta a la de otras públicas del país. Por ejemplo, la Gobernación le adeuda a la institución 18.500 millones de pesos desde 1993. 

“Esto, en nuestro entender, se soluciona con un crédito bancario y con un ajuste al presupuesto para reducción de gastos que no resulta imposible de pagar” precisó la docente Varón. 

Otra de las preocupaciones de los docentes es que mientras el Ministerio de Educación exige que se mejore la calidad de la educación en las universidades públicas, los recursos que tiene que destinar la nación a los centros educativos son los mismo desde 1993, sin tener en cuenta el crecimiento exponencial de las universidades y la enorme oferta académica que tiene la Universidad del Tolima en particular.

A esto se le suman las exigencias de acreditación sin el aumento de recursos por parte del Gobierno nacional, la disminución de estudiantes matriculados, consecuencia de la campaña de desprestigio, y la vinculación de docentes de planta con formación doctoral en pro de la calidad.

Para este grupo de docentes lo que está en peligro hoy es la institucionalidad de la universidad y todo por cuenta de un chantaje cuyo único objetivo es que el rector, elegido democráticamente, renuncie, como si la salida de un directivo fuera la medida ideal para que se solucionarán los serios problemas que tiene hoy el Alma Mater tolimense que son mucho más complejos que la permanencia o no en el cargo de un rector.