Crece el temor entre los más de 12 mil concejales que tiene el país por el asesinato de tres colegas suyos en lo corrido del año en distintas regiones del país, sin que se sepa hasta el momento por parte de las autoridades en las investigaciones que adelantan, si tiene alguna relación con la labor que desempeñan o es por motivos personales.

Y este temor no parece ser infundado teniendo en cuenta que más de tres mil concejales al finalizar su periodo el 31 de diciembre pasado contaban con medidas por parte de la Unidad Nacional de Protección, después de comprobar a través de estudios de riesgo las amenazas en su contra.

La Federación Nacional de Concejos (Fenacon) le dijo hace pocos días a EL NUEVO SIGLO que varios de los nuevos concejales que se posesionaron en enero pasado ya han recibido amenazas en diferentes regiones del país. Algunos de ellos, así como otros que vienen de periodos anteriores en los cabildos, han solicitado medidas de protección del Estado en tanto que otros ya las han obtenido.

Las amenazas a nuevos concejales se han producido en regiones como los departamentos del Caquetá, el Cauca, la zona del Magdalena Medio, en los Montes de María.

El más reciente de estos crímenes se registró el pasado lunes en Pueblo Bello, en del departamento del Cesar, en donde fue ultimado de dos disparos de bala el presidente del Concejo de este municipio, Aroldo Martínez Villazón, quien fue elegido por el Partido de La U.

Según las primeras investigaciones el hecho habría ocurrido por una riña que sostuvo Martínez con otro parroquiano en el parque de la localidad, después de que intervino en una discusión en que se trenzaron varias mujeres. Los hombres se habrían golpeado, tras de lo cual el agresor fue a su casa y sacó un arma de fuego con la que atacó al presidente del Concejo.

Pero mientras que las autoridades buscan al asesino del Concejal de Pueblo Bello y atribuyen el hecho a la intolerancia, no hay claridad sobre el crimen en junio pasado del concejal conservador de Liborina, departamento de Antioquia, Yolay Róbinson Chica Jaramillo, quien fue encontrado sin vida en zona rural un día después de su desaparición cuando se dirigía al corregimiento de La Honda, del cual era su representante en el Cabildo.

El cadáver de Chica Jaramillo presentaba varias heridas con arma blanca y se encontraba en una cañada junto con la moto en que acostumbraba desplazarse.

Un allegado al Concejal dijo que éste le contó que fue amenazado por organizaciones delincuenciales que operan en esta región del territorio antioqueño.

En tanto que el primer asesinato este año de un cabildante se produjo el 10 de enero en el municipio de Puerto López, departamento del Meta, en donde el servidor público Jáider Melo Pinto, Partido de la U, fue asesinado a balazos.

El crimen es materia de investigación por parte de las autoridades, que por lo pronto una de las tesis que manejan es que habría sido provocada por una banda criminal.

En ese sentido, una supuesta organización delincuencial autodenominada Vencer o Morir se atribuyó el crimen de Melo Pinto.

Quejas

Aunque las investigaciones por los crímenes de concejales este año están pendientes de concluir si están relacionados o no con las funciones que desarrollaban como servidores públicos, vale recordar que en días pasados el director ejecutivo Nacional de Fenacon, Édgar Polo Devia, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “realmente las condiciones que estamos recibiendo no son las mejores. Todo este cambio que ha habido en la Unidad Nacional de Protección desmejoró las condiciones en que un concejal pueda acceder a las medidas de protección que antiguamente otorgaba, como el chaleco antibalas, el medio de comunicación, un apoyo económico que de pronto les brindaban para que se reubicaran en el anillo de seguridad”.