En un país que se había acostumbrado a establecer la equivalencia estrambótica entre complicidad con la corrupción y Contraloría General de la República es necesario exaltar, como lo merece, la gestión del actual titular, Edgardo Maya Villazón.

Su denuncia reciente del escándalo de la salud en Córdoba demuestra que es posible confiar en el control fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación que ordena la Constitución.

Lo sucedido en Córdoba tiene visos de capítulo digno de la historia universal de la infamia. Porque se utilizaron niños especiales, aquejados de hemofilia, para defraudar el tesoro público. Cincuenta terapias, por ejemplo, tuvieron el costo falso de 1.350 millones de pesos. El cartel estafador de los hemofílicos, dirigido por el gobernador Alejandro Lyons Muskus, inventó además sobrecostos por encima de los 10 mil millones de pesos. La investigación se adelanta con decisión firme por el contralor Maya y se busca determinar los contornos de la espesa malla de defraudación en que participaron agentes de seguros locales. Cumplidas las instancias y comprobada así mismo la mala fe de este ex funcionario miserable e infame, su único destino aceptable es la cárcel.

El robo de Córdoba se suma a la situación del Hospital Universitario del Valle Evaristo García. Ignoro si finalmente el contralor Maya llevó a cabo el anunciado control excepcional. Los hallazgos iniciales fueron aterradores: 10.646 millones de pesos desaparecidos, contrataciones con fundaciones,  asociaciones, cooperativas de trabajo y personas naturales que en su mayoría no son idóneas para realizar actividades que se les encargan y la consabida generación de sobrecostos, riesgos de pérdida de recursos y baja en la calidad del servicio.

Punto fundamental en la gestión de Maya viene siendo su llamado, en la caso del Hospital Evaristo García -que ojalá se esté replicando en otros lugares del país- a las veedurías ciudadanas para que tramiten peticiones de control excepcional y se pueda adelantar en todo su alcance la actividad auditora

Justicia y salud son las dos grandes manchas que exhibe nuestra institucionalidad. Dos ex ministros, Horacio Serpa Uribe y Alfonso Gómez Méndez, opinan que debemos esperar cinco o diez años para reconstruir el sistema judicial, como si la postergación de soluciones fuese política pública. ¡A esta desidia y locura imperdonables ha llegado un sector político del país! La gestión del ministro de Salud Pública, Alejandro Gaviria,  -hay que destacar-  muestra elementos importantes pero hace falta la labor de limpieza en que se ha comprometido valerosamente el contralor Maya, entre cuyas ejecutorias se encuentra también el hallazgo de los sobrecostos de la Refinería de Cartagena (Reficar),  cuya anterior junta directiva no vio.

¡Habemus contralor! podemos exclamar. Como lo hubo en las épocas de oro de Carlos Lleras Restrepo, Alfonso Palacio Rudas, Víctor G. Ricardo (padre) y Evaristo Sourdís. Quizás en la conciencia profesional de Maya ha gravitado el espectro pasado de las contralorías de Julio Enrique Escallón, Aníbal Martínez Zuleta, Rodolfo González García, David Turbay y Manuel Francisco Becerra, cuyos estadios subsiguientes  fueron las celdas carcelarias.  O el de las muy controvertidas de Carlos Ossa, Julio César Turbay (hijo) y Sandra Morelli, no siempre signadas por el criterio de eficiencia total.

En EE.UU., la Contraloría (Government Accountability Office) es el supremo organismo de auditoría, evaluación e investigación. Empero, poco se escucha mediáticamente de esta institución. Porque la corrupción -en las palabras pragmáticas, no siempre bien entendidas, del ex presidente Turbay Ayala- se mantiene en sus muy justas y pequeñas proporciones. El contralor general no es, por tanto, funcionario de mayor prominencia pública, pese a su trascendencia única.

En Colombia tiene que seguir siéndolo. Y el contralor Maya está respondiendo bien este desafío monumental.