El proyecto de acto legislativo que presentará el partido de la U con el fin de garantizar a los miembros de la fuerza pública el derecho al sufragio, francamente nos parece inconveniente, injustificado e incomprensible en los actuales momentos.

La Constitución Política dice que la fuerza pública no es deliberante y ese ha sido un principio sano adoptado para evitar la influencia política en la vida castrense y policial, cuya experiencia fue perniciosa en el pasado. Desde entonces hasta hoy la fuerza pública ha cumplido su tarea con criterios de profesionalismo, responsabilidad y equilibrio.

Se invoca como argumento para justificar la facultad de conferirles el derecho a elegir la manera como ha funcionado en la sociedad norteamericana, que no creemos sea el modelo a seguir en este caso, porque allá no han tenido las fracturas, ni las experiencias traumáticas que hemos vivido en Colombia.

El derecho al sufragio para los integrantes de las fuerzas militares no es una necesidad en la actual coyuntura de la vida de la Nación. Sostener que se trata de permitir que alrededor de 450.000 miembros de este estamento puedan participar de las decisiones que los afectan, es un planteamiento que no se puede ver en forma aislada, sino en el contexto de lo que ha sido el cumplimiento de su misión institucional y las interferencias que tuvo en el pasado. También se sostiene que sólo Colombia, Paraguay, Guatemala y Honduras son los  países de América Latina en donde existe esta limitación constitucional.

Por otro lado, se plantea que el restablecimiento del derecho al sufragio solo sería posible si la ciudadanía refrenda el acuerdo de paz. Y si no, los integrantes de la fuerza pública continuarían con esta prohibición constitucional. La verdad es que no se entiende bien porque se amarran estos dos temas. El no reconocimiento del derecho al sufragio a los integrantes de la fuerza pública se debió a causas diferentes a la confrontación que hoy se libra con los grupos armados ilegales.

A este respecto cabe recordar las palabras pronunciadas por Alberto Lleras en el Teatro Patria el 9 de mayo de 1958, en el marco de la transición al régimen civil, que se han convertido en la doctrina institucional practicada hasta la fecha, así:” la política es el arte de la controversia por excelencia. La milicia el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de sus funciones. Por eso las Fuerzas Armadas no deben deliberar, no deben ser deliberantes en política porque han sido creadas por toda la Nación…. Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la Nación, en vez de que lo decida el pueblo; pero no quiero, en manera alguna, que los políticos decidan como se deben manejar las Fuerzas Armadas en su función, su disciplina, en sus reglamentos, en su personal.”