No es nada fácil resolver la problemática que se está registrando desde hace ya varios meses en el Urabá antioqueño, sobre todo en el municipio de Turbo, en donde las autoridades locales se vieron en la necesidad de declarar el estado de emergencia debido a la masiva presencia de extranjeros que, en su inmensa mayoría, ingresaron de manera ilegal al país y están varados en la localidad en espera de que se les permita ingresar a las estribaciones de la serranía del Darién para seguir su camino hacia la frontera con Panamá, para recorrer luego la franja centroamericana y tratar de ingresar a Estados Unidos.

Mientras que las autoridades calculan entre 1.500 y 2.000 los migrantes irregulares, una parte de ellos hacinados en una bodega, otros cálculos locales indican que serían alrededor de 4.000 personas, ya que algunas han podido alquilar habitaciones y casas en el casco urbano y rural. Buena parte de los extranjeros son cubanos, aunque también hay haitianos, africanos y ecuatorianos, entre otros.

Si bien Migración Colombia y la Cancillería se han puesto al frente de la crisis, no es fácil de resolver. Lo procedente en estos casos es que las autoridades nacionales adelanten un proceso sumario para establecer la irregularidad migratoria de los extranjeros y proceda a deportarlos ya sea a su país de origen o a través de la línea fronteriza por donde ingresaron ilegalmente al país, que en este caso es Ecuador. Sin embargo, no sólo es muy costoso enviar más de un millar de cubanos a su sitio de origen, sino que las autoridades de ese país no estarían dispuestas a recibirlos. Igualmente, muchos de los isleños que permanecen en Turbo dicen ser perseguidos políticos o temen que si son repatriados podrían ser objeto de represalias judiciales por parte del régimen castrista. En cuanto a trasladarlos a la frontera con Ecuador, si bien es un proceso más barato para las autoridades colombianas, la deportación no es un asunto tan automático como algunos lo piensan, sino que tiene que cumplir ciertas formalidades diplomáticas y legales, entre ellas que se compruebe efectivamente que el migrante irregular efectivamente ingresó por esa zona limítrofe. Tampoco se puede cumplir con las peticiones de los centenares de cubanos y ciudadanos de otras nacionalidades que piden que se les permita seguir hacia Panamá, ya que este país cerró hace semanas sus pasos fronterizos con Colombia para evitar esta llegada masiva de migrantes ilegales, en tanto que Costa Rica y Nicaragua también redoblaron la vigilancia en sus fronteras terrestres y marítimas. De allí, entonces, que los líderes de los extranjeros varados en Turbo pidan ser enviados por avión a México, pero esta nación ya advirtió que no los recibirá.

En medio de semejante encrucijada el margen de acción para las autoridades colombianas es muy estrecho. No sólo se debe tener en cuenta el drama humanitario de los migrantes, entre los que hay familias enteras y no pocas mujeres y niños, sino que de la forma en que se resuelva esta situación dependerá el mensaje que se le envíe no sólo a miles de extranjeros que planean hacer el mismo recorrido para tratar de llegar a Estados Unidos, sino a las mafias trasnacionales de traficantes de migrantes que han hecho de nuestro país una estación de paso cada vez más utilizada por cubanos, asiáticos y africanos que buscan su ‘sueño americano’. Es apenas obvio  que una medida flexible o tolerante de Colombia, además de contraria al derecho internacional y los tratados y convenciones globales y regionales en materia migratoria, haría las veces de ‘incentivo’ a que se repitan estas oleadas de los ‘sin papeles’ en Chocó y Antioquia.

El tema debería ser llevado a la OEA por Colombia así como a otras instancias como la Acnur de la ONU, la Unasur o la Celac. Debe generarse una estrategia continental para hacer frente al tráfico ilegal de migrantes y establecer protocolos de acción trasnacionales más ágiles, en los que cada país acepte una cuota de responsabilidad por sus nacionales varados en otras naciones, señalando claramente cómo proceder a deportaciones automáticas y la financiación de las mismas. Incluso, con los instrumentos que hoy existen en el derecho público internacional es viable hacer exigibles tales compromisos de terceros países y pedir sanciones a los que no los cumplan a cabalidad. En el entretanto, lo procedente es seguir paliando el drama humanitario en Turbo, evitando que la situación se torne explosiva,  pues los ánimos de muchos pobladores ya se están exacerbando por el impacto que en materia de oferta de alimentos, víveres, servicios públicos, atención médica y asistencia tiene tal cantidad de extranjeros en su jurisdicción.