El tire y afloje entre oposición y chavismo no para en Venezuela. El oficialismo de vez en cuando abandona el discurso divisorio. Pero esta voluntad de diálogo es casi imposible porque las instituciones del Estado, salvo la Asamblea legislativa, están lideradas por chavistas, frenando toda iniciativa opositora.
Hoy, como en lo corrido desde que la MUD quedó como principal fuerza en la Asamblea, el chavismo dice que este grupo político se ha comportado fraudulentamente durante el proceso de recolección de firmas para iniciar la revocatoria contra Nicolás Maduro. En concreto, dice que hubo fraudes para obtener el 1% de firmas para activar el proceso.
Ante este presunto fraude, la comisión de verificación de las firmas le pidió al Consejo Nacional Electoral que vuelva a contar las 307.747 firmas que “no cumplieron con uno o más criterios técnicos, y de esas resulta que 53.658 son irregularidades muy graves; por ejemplo 10.995 personas fallecidas, 9.333 números de cédulas que son inexistentes, 1.335 inhabilitados políticos por estar sentenciados por delitos graves y 3.003 menores de 18 años”, señaló Jorge Rodríguez, presidente de la comisión.
Rodríguez dijo que su solicitud tiene como sustento el artículo 32, literal D, de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones, encargada de regular todo lo que tiene que ver con la revocatoria. Más allá de las fallas en el procedimiento, el chavismo busca frenar el embalaje de la MUD con el proceso revocatorio, solicitando su anulación como agrupación política ante el Consejo Nacional Electoral.
La sensación de inestabilidad y disgusto del pueblo venezolano con el gobierno de Maduro es evidente. El 73,4% de los venezolanos reprueba su gestión y el 64% de los electores iría a las urnas para que deje el poder, según la última encuesta de Venebarómetro.
Sorprende, por ello, que el chavismo trate de reprobar la validez de las firmas cuando es evidente que más del 1% del censo electoral quiere que el presidente abandone Miraflores. Con argumentos que carecen de validez política o jurídica, el chavismo busca impedir de cualquier manera la revocatoria. En ese camino, cita la historia y saca, de donde no tiene, una interpretación jurídica para deslegitimar este proceso.
Su nuevo escudero es Rodríguez, quien esta semana ha dicho que la MUD actuó de manera ilegítima y fraudulenta. “Es público, es notorio, es comunicacional y está plenamente demostrado que incurrió en el más gigantesco fraude que haya conocido la historia política y electoral de Venezuela”, dijo a las afueras del CNE.
Respuesta inmediata
Venezuela es el país más politizado de la región. Este fenómeno puede interpretarse para bien o para mal, pero lo cierto es que el ciudadano se toma las calles cada vez que los líderes del oficialismo y la oposición se lo piden. Ayer, tan pronto se conoció la voluntad para anular a la MUD, miles de opositores se congregaron para exigirle al CNE que active la revocatoria, en un gesto más de movilización social y política.
Bajo el lema: “Revocatorio ya”, acudieron masivamente a las calles en Caracas, buscando llegar a la sede del CNE para entregar una carta de la MUD, movilización que fue impedida por las autoridades locales.
Si el chavismo busca frenar la revocatoria, la oposición trata de activarla, conforme al artículo 72 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. El proceso ha sorteado todas las etapas, pero al momento de activarlo, el chavismo lo ha impedido de todas las maneras; sea con vagos argumentos jurídicos, con movilizaciones en su contra o simplemente con que intentan “incendiar el país”, como dijo Maduro.
El problema, como en todo proceso jurídico, son los tiempos. La oposición quiere que la elección para revocar a Maduro se realice antes del 7 de junio de 2017, con la mirada puesta en nuevas elecciones presidenciales, en caso de que el pueblo vote por su salida.
Si los tiempos del proceso no se cumplen antes de esa fecha, es decir, durante lo que queda de 2016 y siete días del próximo año, y Maduro es revocado, el vicepresidente, Aristóbulo Isturiz, sería el nuevo mandatario de Venezuela, permitiéndole al chavismo gobernar por dos años más.
En total el proceso, desde la verificación de las firmas por el CNE hasta el día del referendo revocatorio son 175 días, según las “Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios”. A 28 de julio, el proceso aún está en los tiempos, pero con un día más que pase se va acortando la posibilidad de realizar el referendo antes del 7 de enero de 2017.
Como lo dijo Eugenio Martínez, experto en temas electorales, a la AFP, “el argumento para ilegalizar a la MUD no tiene sustento práctico, pero como estrategia para demorar el proceso puede servirle al chavismo. Los lapsos empiezan a cerrarse de forma peligrosa".
El chavismo está impidiendo el referendo revocatorio con prácticas dilatorias como declarar la MUD una organización ilegal y fraudulenta, asegurándose un tiempo más en Miraflores. La transición no parece tener pie, por ahora.