Arrancó ayer la tercera legislatura del segundo mandato del presidente Santos y como siempre ocurre hubo un verdadero alud de anuncios de nuevos proyectos de ley y reforma constitucional. Sin entrar a calificar la pertinencia de las decenas de iniciativas de parlamentarios y bancadas, lo cierto es que no deja de llamar la atención un volumen tan elevado de proyectos en un país que sufre de hiperinflación legislativa y en el que, con corte a 2014, se contabilizaba más de un millar de leyes consideradas inútiles porque el objeto o situación que reglaban simplemente desapareció, quedó sin efectos o fue modificado sustancialmente por una norma posterior.

Aunque en Colombia siempre se ha hablado de combatir la exagerada producción de leyes y se crearon, en distintos gobiernos, comisiones de compilación para acabar con la dispersión normativa, lo cierto es que la tarea apenas va a medio camino. El último esfuerzo importante se concretó, precisamente, el año pasado, cuando el Gobierno, tras un proceso muy complejo a nivel de ministerios, superintendencias y otras entidades públicas, firmó la entrada en vigencia de 21 Decretos Únicos Reglamentarios que simplificaron la actividad normativa y eliminaron de paso casi 10 mil normas dispersas que estaban vigentes, algunas de ellas desde hace más de un siglo. Se prometió, entonces, que el siguiente paso sería realizar un ejercicio similar con los decretos de otros sectores que no clasificaron en esa primera tanda, así como iniciar un proceso de revisión de las miles de leyes  vigentes en el país con el objetivo de depurarlas y derogar los centenares que era obsoletas y anacrónicas. Sin embargo, gran parte de ese proceso que estaba a cargo de varios ministerios y de una comisión intersectorial para la armonización normativa, no se ha concretado hasta el momento.

Mientras ello no ocurra, la hiperinflación normativa seguirá creciendo. Solo como ejemplo, en el cuatrienio 2010-2014 el Congreso aprobó alrededor de 300 leyes, lo que significa un promedio de 75 nuevas normas por año. Obviamente una parte de esas leyes y reformas constitucionales seguramente eran necesarias, pero otro tanto no. Por ejemplo, en el lapso anotado algunos estudios han señalado que se aprobaron más de 60 “leyes de honores”, que buscaban rendir homenaje a determinados personajes y hechos de trascendencia, así como unirse a celebraciones de aniversarios de poblaciones y demás.

En cuanto a la última legislatura, por ejemplo, según un balance del Senado, se radicaron 13 actos legislativos y 198 proyectos de ley. De tal cantidad se aprobaron 50 proyectos y dos reformas constitucionales. Es claro que hubo iniciativas importantes como el acto legislativo para la paz, el plebiscito especial, la reforma a la Ley de Orden Público, el uso terapéutico de la marihuana, castigos al maltrato animal, las nuevas normas sobre donación de órganos, empleo juvenil y viviendas seguras, así como la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social (Zidres), la elevación a política de Estado del programa de Cero a Siempre y el nuevo Código de Policía… Pero frente a  normas nuevas, su necesidad y pertinencia no es tan clara.

Visto todo lo anterior, es necesario llamar a todos los partidos y movimientos políticos a crear filtros internos que permitan verificar la trascendencia de los proyectos que presentan sus senadores y representantes. Por más que la iniciativa legislativa sea uno de los derechos fundamentales de los congresistas, es claro que anunciar en el arranque de una legislatura “costalados de proyectos” -para traer a colación la expresión ayer de un parlamentario- no puede considerarse como un hecho normal. En algunos países cada colectividad evalúa previamente las propuestas legislativas de sus congresistas y solo si está seguro de la oportunidad y utilidad de las mismas, procede a dar su respaldo institucional y autorizar su radicación. Sin dicho visto bueno, ello no es posible. En otras naciones, además, hay unas comisiones parlamentarias que revisan las nuevas iniciativas y las filtran para evitar que las cámaras legislativas pierdan tiempo valioso debatiendo proyectos que no tienen importancia o, incluso, el objeto que buscan reglar puede tramitarse por otras vías distintas a la congresional.

El Congreso colombiano, pues, no puede continuar siendo el motor de la hiperinflación legislativa, que no sólo produce dispersión y confusión normativa, sino que es la culpable principal de la inseguridad jurídica y la debilidad institucional. Es necesario cualificar la producción de leyes y reformas constitucionales y en ello tanto los partidos como el propio Gobierno nacional tienen que actuar con sindéresis.