Uno de  los temas de mayor discusión en el proceso de convocatoria del referendo para que los británicos votaran por quedarse o salirse de la Unión Europea fue, precisamente, la redacción de la pregunta que se sometería a consideración de la ciudadanía.

Aunque inicialmente se pensó que la formulación del interrogante no tendría mayor complejidad, lo cierto es que cuando llegó la hora de redactarlo empezó un debate de alto espectro político.

La pregunta inicial era:

“¿Debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea?” y debía responderse con un “Sí” o “No”.

Sin embargo, los partidarios de salirse del bloque multinacional consideraron que esa redacción favorecía a los partidarios de seguir en la UE, porque partía, tanto desde el punto de vista sintáctico como de significación e incluso de la emocionalidad propia del lenguaje, de una formulación positiva a estar en la Unión Europea y descargaba toda la carga negativa en quienes querían optar por partir cobijas con el resto del continente.

El candente tema fue llevado a comisiones de expertos en semiología del lenguaje y la comunicación. Asimismo, la Comisión Electoral decidió pedir opiniones tanto a los partidarios del “Brexit” (salirse de la UE) como de quedarse “Bremain” (quedarse).

Tras el consenso, en septiembre del año pasado, el gobierno del entonces primer ministro David Cameron propuso cambiar el interrogante por uno que diera una sensación de neutralidad mayor:

¿Debe el Reino Unido continuar siendo miembro de la Unión Europea o debe dejar la Unión Europea?”.

Se cambiaba, asimismo, de las opciones del “Sí” o el “No” y ahora los británicos podían votar por: “Continuar siendo miembro de la Unión Europea” o “Dejar la Unión Europea”. (Ver imagen)

Sólo había que marcar alguna de las dos cuadrículas para señalar el sentido del voto.

La cita en las urnas se celebró el pasado 23 de junio y, como se sabe, terminó ganando la opción de que el Reino Unido se salga del bloque multinacional, lo que, de paso, obligó a Cameron, perdedor en las urnas, a dar un paso al costado hace dos semanas y que en su reemplazo asumiera la también dirigente conservadora, Theresa May, quien debe liderar todo el proceso de ‘divorcio’ político, económico, migratorio, social, financiero y en muchos otros aspectos.

Gobierno, el redactor

Ya en Colombia, aunque la ley estatutaria que aprobó el plebiscito especial para que los colombianos refrenden en las urnas el acuerdo final de paz a que lleguen el Gobierno y las Farc se aprobó en diciembre pasado, el debate en torno a la redacción de la pregunta puntual y específica que se someterá a consideración de los votantes no fue mayor en los últimos meses, dado que todo estaba supeditado al fallo de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad o no de la respectiva norma.

Esa sentencia, como se sabe, se conoció el lunes de la semana pasada y la Corte no solo le dio vía libre a la convocatoria de este mecanismo de participación popular, sino que avaló que tenga un umbral de aprobación de apenas el 13% del censo electoral vigente (algo así como 4,5 millones de votos) y con carácter vinculante solo para el Presidente de la República y no para el resto de los poderes públicos.

Con ese fallo a favor, entonces el debate sobre la pregunta específica del plebiscito empezó a abrirse camino, toda vez que la redacción de la misma está a cargo del propio Gobierno y tiene que estar definida el día en que el Presidente de la República le informe oficialmente al Congreso su intención de convocar este mecanismo de participación popular para que los colombianos voten “Sí” o “No” a lo negociado con las Farc.

Dicho informe presidencial al Congreso debe estar acompañado no sólo del texto final del acuerdo de paz con la guerrilla (razón por la cual se debe esperar a que cierre la negociación en La Habana), sino también de la pregunta que se someterá a votación de la ciudadanía. El Parlamento, tras recibir dicho informe y documentación, tiene 30 días para responder positiva o negativamente al Jefe de Estado, incluyendo la validez de la pregunta, claro está.

Sin embargo, dado que las mayorías parlamentarias están a favor del proceso de paz del Gobierno, se prevé que las plenarias de Senado y Cámara aprobarán casi que automáticamente la solicitud de Santos, que tendrá, entonces, 8 días para expedir un decreto fijando la fecha de la cita en las urnas, que todo parece será a finales de septiembre o, lo más probable, en octubre.

Sugerencias presidenciales

Tanto la Constitución como la ley no profundizan mucho en la redacción de la pregunta como tal del plebiscito, salvo lo advertido en el artículo 37 de la ley estatutaria 1757 de 2015, según el cual “la tarjeta electoral o el mecanismo electrónico de votación que se emplee para los mecanismos de participación ciudadana deberá garantizar que se presente a los ciudadanos la posibilidad de manifestar libremente su decisión sobre la respectiva pregunta del plebiscito, referendo, revocatoria del mandato o consulta popular”.

En el artículo 38 de la misma norma se advierte, por igual, que “no podrán ser objeto de consulta popular o plebiscito proyectos de articulado y las preguntas que se formulen al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal manera que puedan contestarse con un sí o un no”.

Así las cosas, el Presidente de la República tiene un margen de discrecionalidad en cuanto a la redacción de la pregunta, con el único condicionamiento de que la misma debe referirse a la ley estatutaria “por la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Como se trata de un acuerdo que tiene, sumando los textos de los seis puntos ya acordados en La Habana, varios cientos de páginas, el debate en torno a la pregunta ha comenzado a crear polémica. Hay voces del uribismo y sectores críticos del proceso que han advertido que dado el clima de polarización política y los cruces de acusaciones de lado y lado sobre versiones amañadas en torno a los alcances del proceso, la pregunta que se formule debe ser totalmente imparcial y tanto en su redacción como sintaxis no debe contener palabras ni elementos de construcción semántica que influyan o inclinen la votación del ciudadano hacia determinada opción.

Así las cosas, los ojos están puestos en el Gobierno y cómo formulará la respectiva pregunta. El primero en referirse al tema fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien la semana pasada indicó que la pregunta que se someterá a votación no será si los colombianos apoyan la paz o apoyan la guerra, sino que estará relacionada con el respaldo  a los acuerdos de La Habana.

La respuesta del titular de la cartera política es muy general, por lo que no aclaró el tema. Como tampoco lo hizo el propio presidente Santos que el domingo pasado, en entrevista con El Tiempo, dio algunos visos al respecto.

Al responder un interrogante, según el cual “¿la gente no va a votar sobre si Santos sí o Santos no, sino sobre si paz sí o paz no?”, el Presidente dijo que “exactamente, ese es el interrogante que se le pondrá al pueblo colombiano. ¿Ustedes quieren que a través de estos acuerdos se logre la paz? ¿Sí o no? Nada tiene que ver con si les gusta el Presidente o el Gobierno”.

Contra-preguntado en torno a “¿por qué razón la pregunta no va a ser: usted quiere la paz o no?”, Santos respondió que “porque lo que estamos sometiendo ante el pueblo colombiano es si quiere la paz producto de los acuerdos que se lograron. En cierta forma, la pregunta es como usted (el entrevistador) la establece, pero tenemos que preguntar específicamente sobre el acuerdo”.

Por último tras hacer referencia a que los colombianos “deben votar sí o no al fin del conflicto” de 50 años y a que las Farc no sigan en la guerra, Santos dio a entender que aunque “… así no será la pregunta, pero en el fondo se trata de eso: si el país quiere que las Farc desaparezcan como grupo armado”.

Las opciones

Las alternativas de preguntas, como se ve, podrían ser varias, dependiendo del enfoque que se le quiera dar. Pero también es previsible que si en cada uno de estos se pueden identificar o sospechar intencionalidades, la polémica no se hará esperar, sobre todo en medio de un clima de polarización tan marcado.

No se trata de un hecho menor, como se evidenció en el proceso de aprobación en el Congreso, en 2009, del referendo que abría paso a una segunda reelección consecutiva de Uribe Vélez. Los promotores cometieron un error en la pregunta con base en la cual se recogieron las firmas para respaldar la iniciativa. El texto se corrigió en el Parlamento pero la Corte Constitucional determinó que fue ilegal dicho ajuste y por ello, junto a otras anomalías de forma y fondo, declaró inexequible, en febrero de 2010, la ley estatutaria de convocatoria.

¿Entonces? Una formulación básica, acudiendo al título de la ley del plebiscito de paz y de la agenda de negociación en La Habana bien podría ser:

“Gobierno y Farc firmaron un acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. ¿Está de acuerdo?: Sí o No”.

Algunos juristas sostienen que como la decisión de las urnas solo es vinculante para el Presidente y se trata de una decisión política de su gobierno y que solo le compete u obliga a él, el texto de la pregunta podría ser el siguiente:

“El Presidente de la República debe proceder a implementar el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el Gobierno y las Farc?: Sí o No”.

El senador Roy Barreras, ponente de la ley convocatoria de este plebiscito y, además, acompañante de la Mesa de Negociación en La Habana, indicó que no debe haber pulso ni debate sobre la pregunta que se someterá a consideración de los colombianos, e incluso señaló que algunas de las críticas de la oposición sobre este tema es porque ya se “sienten derrotados”. En ese orden de ideas, indicó que la pregunta debería ser sencilla y directa:

“¿Está de acuerdo, Sí o No, con el acuerdo de paz entre el  Gobierno y las Farc en La Habana? Sí o No”.

Sin embargo, otros congresistas se han mostrado partidarios de que la pregunta vaya más dirigida hacia la consecuencia del acuerdo que a este en sí. Proponen, por ejemplo, una pregunta en el siguiente tenor:

“¿Está de acuerdo con el acuerdo final de paz que acaba con 50 años de conflicto armado con las Farc y les permite convertirse en partido político?: Sí o No”.

Como se ve, la redacción de la pregunta no es un asunto apenas formal y, dada la alta tensión entre uribismo y Gobierno alrededor de todo lo que tenga que ver con el proceso de paz y ahora, en específico, sobre el plebiscito, es claro que cada palabra, cada coma, la estructura sintáctica del interrogante y el enfoque que se le dé, generará más de una discusión, toda vez que tiene implicaciones que van desde lo político y electoral, hasta los impactos emotivos en la siquis del elector y el efecto semiológico de los vocablos utilizados.

Por ahora habrá que esperar a que cierre en La Habana la negociación y a que el presidente Santos remita al Congreso no sólo el texto del acuerdo final y la solicitud para convocar el plebiscito, sino la pregunta puntual que se someterá a votación.