Aunque la fecha límite para presentarlo es el 29 de julio, desde ya se avizora polémica frente al tema. Parlamentarios gobiernistas esperan que la iniciativa se enfoque en el posconflicto y el Centro Democrático ve con altísima preocupación que haya reducción del gasto público, sobre todo de la inversión.

Además de esta iniciativa, el Congreso tendrá que aprobar el presupuesto bianual de las regalías que, como está anunciado, resultará afectado por los bajos precios del petróleo en los mercados internacionales.

Para el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, lo más importante es que el presupuesto tenga claro que el objetivo es el posconflicto y la paz. Es decir, que refleje las prioridades en términos de paz, y que tenga como prioridad la educación.

Entre tanto el senador uribista Iván Duque señaló que estará muy atento a la configuración de la iniciativa. “Lógicamente preocupa que es un presupuesto en el que lo que cae es la inversión. Preocupa que mucha de la inversión se ha estado canalizando por medio de otros instrumentos por fuera del presupuesto, como es el caso de la Financiera de Desarrollo Nacional. Y preocupa también el servicio a la deuda. Pero sobre todo también nos debería llamar la atención que ya en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se está reconociendo un menor crecimiento potencial para la economía, lo cual muestra que hay factores estructurales que merecen atención”.

Aseguró que “lo primero que nosotros debemos ver es que el presupuesto debe mostrar un apretón del cinturón en los temas superfluos. Hay que mantener la inversión sobre todo la que es productiva. Vamos a analizar en dónde podemos hacer observaciones que contribuyan a que no tengamos un deterioro de la inversión”.

A su turno, el vicepresidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde), dijo que el presupuesto es la expresión política de Parlamento frente a las finanzas del Estado, las inversiones y el funcionamiento. “De tal manera que lo esperamos con la misma celeridad de siempre para analizarlo de fondo… Esperamos darle el tramite oportuno para el funcionamiento del Estado”, dijo.

Recordó que se debe tener en cuenta que la economía en el mundo está en crisis “pero analizaremos de manera tranquila las prioridades de inversión del Estado”.

A su turno, el presidente del Directorio Nacional Conservador, David Barguil, anotó que “para que el desarrollo de la producción agropecuaria con criterios sostenibles sea una realidad, el Gobierno debe agilizar la puesta en marcha de los planes de ordenamiento territorial rurales”.

Agregó también que “la idea es que estos POT rurales se conviertan en el instrumento básico de planificación y acción administrativa para forjar los objetivos del desarrollo agropecuario y de la población rural. Con esta herramienta, se facilitará la articulación del trabajo del Gobierno Nacional y el de los gobiernos locales para escoger las mejores zonas para desarrollar clusters de producción agroindustrial y para implementar programas de sustitución de cereales como la soya y el maíz, entre otros”.