Para cerrar una complicada semana para la capital, tanto en términos de orden público como de contagios, en el lapso de tres días dos importantes funcionarios de la Administración Distrital tomaron la decisión de renunciar a sus respectivos cargos.
El viernes en horas de la mañana dimitió en una escueta carta el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero, sumándose así a la renuncia de Andrés Idárraga como director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, expresada en una misiva de 3 páginas donde, palabras más palabras menos, criticó la forma en la que esta Administración ha asumido la defensa de los derechos fundamentales. Dos renuncias en el lapso de 72 horas: ¿Qué está pasando?
De acuerdo con analistas consultados por EL NUEVO SIGLO, lo que llama la atención de estas dos renuncias es que de alguna manera ambos cargos son la cara y la cola de un mismo problema. Y es que en el marco de la protesta social (que mañana sumará dos meses de vigencia) la forma en la que la Fuerza Pública le ha dado respuesta a la violencia, y la manera en la que se han gestionado las presuntas violaciones a los derechos humanos, se convirtieron en el centro del debate, del cual ambos funcionarios son protagonistas.
Si bien es cierto que en ambas ocasiones la Alcaldía de Claudia López socializó los respectivos reemplazos de manera prácticamente inmediata ese mismo día (al secretario de Seguridad con Aníbal Fernández de Soto y a Andrés Idárraga con una dupla en cabeza de Ivonne González y Gustavo Trejos), ambas dimisiones han sido interpretadas por varios concejales, e incluso por otros miembros de la Administración, como un cortocircuito al interior de las filas.
Por ejemplo, de acuerdo con el concejal Andrés Forero, la renuncia del secretario de Seguridad “se veía venir. Hugo Acero no aguantó más los bandazos de Claudia López. Él es un hombre serio y no le quedaba bien seguir acolitando el mal manejo en materia de seguridad de la alcaldesa”, trinó en su cuenta de Twitter el concejal del Centro Democrático.
En esta apreciación coincidió el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, quien le dijo a la Alcaldesa que la renuncia de Hugo Acero es un campanazo para la ciudad capital. Recalcando que Hugo Acero era un buen funcionario que además sabe del tema, “sin embargo la que debe revisar la política de seguridad es la Alcaldesa López quien, luego de muchas promesas no tiene claro hacía dónde ir”.
“La renuncia de Hugo Acero a la Secretaría de Seguridad pone en evidencia la crítica situación de la política de seguridad de la Alcaldesa. Ningún funcionario aguantará en ese cargo si la mandataria sigue con el débil enfoque de seguridad y el inexistente liderazgo. No más ruedas de prensas, fotos y videos, la inseguridad no se soluciona con marketing, se requiere coordinación, gestión operativa y buena relación con la Policía”, agregó el concejal Rojas.
El ministro de Defensa, Diego Molano, se limitó a agradecer la gestión del secretario saliente, pero mandó un mensaje a la Alcaldía cuando le dio la bienvenida al próximo encargado de la seguridad en Bogotá, Aníbal Fernández de Soto: “Total disposición para hacer equipo con la Fuerza Pública e invitación para intervenir los puntos de vandalismo. Son espacios de anarquía y violencia que afectan la vida de los bogotanos”, trinó el viernes en horas de la tarde.
Otros concejales como Susana Muhamad, de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, vio con expectativa esta renuncia. “Esperamos que llegue el cambio de la seguridad punitiva a una política integral que sobre todo respete los derechos humanos". Y Marisol Gómez lamentó su partida.
Por último, un concejal que pidió que se mantuviera la reserva de su nombre, le dijo a este Diario que esas dos renuncias en tan corto tiempo eran equivalentes a que al gobierno de Iván Duque le renunciarán en el lapso de tres días el Ministro de Hacienda y el Ministro de Salud, los dos frentes más complicados que tiene en estos momentos la Casa de Nariño.
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Los DD. HH.
Ahora, si bien muchos veían venir la renuncia del Secretario de Seguridad, el distanciamiento de la Administración del director de Derechos Humanos, Andrés Idárraga, despertó las alarmas sobre todo por la justificación que el funcionario dio de su partida.
En su carta de renuncia él estableció que se apartó de la Administración pues esta Alcaldía no le ha dado a los derechos humanos la prioridad que se merecen. Eso a grandes rasgos. En la filigrana de su objeción, el funcionario criticó cómo esta dirigencia de ciudad no condenó con vehemencia el abuso policial y de ahí a que se refiriera en específico al informe que entregó el Distrito a la CIDH.
“Si bien es reprochable que los manifestantes agredan violentamente la integridad de los policías, jurídicamente a la luz de los derechos humanos es más grave que los policías agredan a funcionarios del Gobierno Distrital plenamente identificados y, más grave aún los atentados a la población civil causándoles la muerte o lesiones físicas de por vida. Esto último sí es propio de un informe de derechos humanos (…) Las violaciones a los derechos humanos se les imputan a los Estados no a la ciudadanía, por lo cual el informe debió concentrarse en las víctimas del Estado”, señala la carta de renuncia.
Idárraga claramente señaló: “La secretaría de Gobierno está en mora de asumir una postura clara, vehemente y pública con los métodos de la policía en la ciudad, y no solo los que se han causado en el marco del ejercicio del derecho a la protesta. Mi trabajo en la Dirección de Derechos Humanos difícilmente puede servirle a la ciudad en momentos históricos como este, cuando las prerrogativas para su ejercicio están minadas, razón suficiente para tomar distancia”, agregó la misiva.
Estas dos renuncias, en tan corto tiempo y en el marco de probablemente una de las semanas más difíciles que ha tenido que sortear la alcaldesa Claudia López, denotan que algo no anda bien.
Por su parte, tras 5 días en los que las confrontaciones con el senador Gustavo Petro por el uso del Esmad no cesaron, una de las últimas cosas que trinó la alcaldesa al finalizar la semana fue una condena contra las amenazas al sistema de Transmilenio, haciendo nuevamente un llamado a las personas que, de acuerdo con ella, están instigando el desorden social:
“La ciudad no cederá al chantaje político de quienes condicionan acabar Transmilenio para dejar de promover caos, polarización y disturbios en Bogotá (…) A Colombia la tenemos que cuidar de la radicalización y la romantización de toda forma de agresión violenta”, fue su último mensaje antes de que finalizara la semana”, indicó la mandataria.