Presidente del Consejo de Estado dijo que ese tribunal “siempre se ha opuesto a que se trasladen competencias judiciales a autoridades que no están instituidas para esos efectos”

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El borrador del proyecto de reforma a la justicia que ha socializado la ministra Margarita Cabello “no ignora el problema de la congestión de los despachos judiciales, no obstante, a nuestro juicio, lo hace en forma inadecuada”, sostuvo el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén Vargas.

EL NUEVO SIGLO: ¿Se requiere con prontitud una reforma a la justicia?

ÁLVARO NAMÉN VARGAS: Actualmente hay un borrador de reforma, que la doctora Margarita Cabello, ministra de Justicia, nos dio a conocer a comienzos de este año para que hiciéramos las opiniones y críticas que consideráramos necesarias.

Ese borrador de proyecto de reforma constitucional abarca varios aspectos relativos al Gobierno y la administración de la Rama Judicial, la forma de vinculación, los períodos y requisitos de los magistrados, el precedente judicial y el presupuesto, de los cuales ninguno resuelve los problemas de los usuarios de la justicia, como lo son, principalmente, el acceso y la congestión judicial.

El proyecto no ignora el problema de la congestión de los despachos judiciales, no obstante, a nuestro juicio, lo hace en forma inadecuada, por cuanto propone que se les otorguen atribuciones judiciales a autoridades administrativas, a notarios, a centros de arbitraje y a centros de conciliación, lo que no compartimos, pues consideramos que debe preservarse la competencia de la Rama Judicial sobre materias que le son propias. El Consejo de Estado siempre se ha opuesto a que se trasladen competencias judiciales a autoridades que no están instituidas para esos efectos, por ello siempre hemos sido claros en señalar que lo que se debe hacer es crear más cargos de jueces y magistrados que atiendan la carga razonable de trabajo que demanda la justicia del país, con plena cobertura territorial y acceso para toda la ciudadanía.

Un tema importante es el relacionado con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial las proferidas por las Altas Cortes, pues se trata de un asunto que ha dado origen a una alta inseguridad jurídica, que se traduce a su vez en la falta de certeza sobre el momento en el cual se termina verdaderamente un pleito. Por ello, estimamos necesario que se establezcan, en la Constitución, unas reglas que proporcionen claridad y seguridad jurídica en esta materia, así como una precisa definición de límites para que no se invadan otras jurisdicciones ni su especialidad.

Justicia digital

ENS: ¿Cómo ha venido trabajando el Consejo de Estado en esta pandemia?

ANV: Desde que el Gobierno nacional decretó la emergencia económica, social y ecológica, para hacer frente a la crisis que se ha generado con la pandemia del Covid-19, el 90% de la planta de personal del Consejo de Estado, a pesar que los términos judiciales fueron suspendidos, ha trabajado en casa, de manera virtual y sin interrupciones, mediante el uso de las tecnologías de información y de las comunicaciones.

Un porcentaje mínimo de servidores continúa asistiendo a las sedes de trabajo, para el desarrollo de algunas labores que implican necesariamente la presencia física de una persona, tales como la digitalización de expedientes y las notificaciones de las decisiones proferidas por la Corporación, así como también para retirar documentos para seguir con el trabajo desde las casas de cada uno.

Esta modalidad de trabajo, jurídicamente autorizada en esta época, la hemos podido adelantar gracias a que contamos con las plataformas tecnológicas a través de las cuales se puede llevar a cabo toda la gestión judicial, de manera que podemos trabajar desde las casas, comunicarnos y sesionar virtualmente. Todo el personal del Consejo de Estado cumple así la jornada laboral en sus casas, tal cual lo harían en las instalaciones, con disponibilidad para los jefes inmediatos, quienes hacen el seguimiento de su labor.     

Por supuesto, la modalidad de trabajo que ha resultado de la crisis generada por la pandemia del Covid-19 ha implicado una transformación abrupta en la cultura laboral a la que estábamos acostumbrados, en la que la presencialidad era la regla y la virtualidad la excepción. No ha sido fácil esta transición, pues, a decir verdad, no estábamos enteramente preparados para afrontarla. Al inicio de este periodo, por ejemplo, las dificultades se concentraron en el acceso a los expedientes, porque la mayoría no estaban digitalizados, lo que implicó llevar a cabo un plan de choque para evitar el desplazamiento hasta la sede de trabajo; era imposible notificar o publicar las decisiones con la misma dinámica en que se producía en tiempos de normalidad, así como la interacción con los usuarios de la justicias (ciudadanos, entidades y abogados) y el desarrollo de las funciones distintas a las judiciales, tales como los procesos de elección que se llevan a cabo en la Corporación.

Ahora bien, la situación extraordinaria que se presenta demuestra que se debe invertir más en la justicia y en su infraestructura. El presupuesto de la Rama Judicial es, aproximadamente, en un 97% de funcionamiento y solo en un 3% de inversión, lo cual es muy poco para lo que necesita la justicia. Necesitamos urgente invertir recursos en una transformación digital para llegar el expediente electrónico y el juicio en línea, con el fin de que los ciudadanos tengan una herramienta mucho más expedita de acceso a la administración de justicia y los jueces, mejores herramientas de trabajo. El Estado debe hacer un esfuerzo mayúsculo de inversión, que se sale de la pauta habitual de los incrementos vegetativos para la justicia, y ello solo será posible si hay suficiente voluntad política.