Como una embarcación que navega por aguas turbulentas, el proyecto de Borrón y Cuenta Nueva (que reforma la Ley de Habeas Data dándoles más tiempo a los deudores morosos para que se pongan al día) zozobra en la Comisión Primera de la Cámara y está en peligro de hundirse.

La iniciativa, que propone que los deudores morosos reportados en Datacrédito y otras centrales de riesgo, que ya hayan pagado sus deudas, sean excluidos de la base de datos, estaba agendada ayer, pero fue aplazada para discutir el proyecto de regalías; es posible que pueda dársele el tercero el próximo martes.

Sin embargo, el 22 de mayo el Representante por Bogotá, José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, presentó ponencia negativa.

Los autores del articulado, los senadores David Barguil, del Partido Conservador, y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, advirtieron que la iniciativa corre el riesgo de hundirse al no habérsele dado el trámite oportuno en la Cámara.

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“Hacemos un llamado a los Representantes de la Comisión Primera de la Cámara. Llegó la hora de ponerse del lado de los ciudadanos que están reportados en las Centrales de Riesgo”, dijo Barguil, urgiendo a los legisladores que voten “de manera positiva nuestro proyecto de ley y le demos una segunda oportunidad a esos colombianos que, por alguna coyuntura, porque quedaron sin trabajo o tuvieron un problema en su negocio, los reportaron y quedaron por fuera del sistema crediticio”.

“Hagamos un debate diciéndole la verdad a los colombianos. Este no es un proyecto para premiar a aquellas personas que no honran sus obligaciones. Todo lo contrario, es para darle una segunda oportunidad a quienes alguna vez tuvieron alguna dificultad, y todos la hemos tenido, no pudieron pagar a tiempo y quedaron reportados con toda la afectación que en su vida comercial eso significa”, expresó Velasco.

La iniciativa busca que los deudores morosos puedan acogerse por una sola vez, a una especie de amnistía, siempre y cuando salden sus obligaciones en un término no mayor a seis meses y de esta manera, lograr que el informe negativo que registran en las centrales sea borrado en un lapso de 180 días.

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En octubre, cuando la iniciativa tuvo su primer debate en el Senado, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, planteó la modificación sustancial del articulado, pues lo consideró un estímulo al no pago.

“Tendríamos unas tasas de interés más elevadas y el impacto se sentiría en los usuarios con buenos hábitos de pago. Contaminaría a la base de datos positiva y reduciría el acceso al crédito de los sectores menos favorecidos”, expuso Castro.

Frente a ello, Barguil replicó que “este no es un proyecto que incentive la cultura del no pago. Estamos hablando de una amnistía por una única vez para los colombianos que se pongan al día. Entonces, al contrario de lo que se ha dicho, aquí va a haber un incentivo para que esa cartera vencida, en mora, se recupere”.

Otros sectores también han presentado reparos a la iniciativa. Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech, le planteó a EL NUEVO SIGLO que el proyecto propone una amnistía que podría tener efectos colaterales negativos en el crédito digital y además afectar el crecimiento de Colombia en materia financiera.

“Se subirán las tasas de crédito y vamos a terminar teniendo situaciones en las cuales la gente podrá acceder a créditos que tienen unos intereses altos, porque la banca no puede determinar el riesgo del usuario”, aseguró.

Además, dijo que en términos operativos se hace muy complicado el proceso de comunicación al cliente dispuesto por el proyecto de ley, pues “cuando se le hace llegar al usuario el texto de la comunicación deberá incluirse la advertencia de que se le reportará a las centrales de riesgo y esta se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino”.

Por lo anterior, “se entendería que solo hasta el día siguiente de surtirse la notificación comenzarán a contarse los 20 días de ley para que el deudor demuestre el pago o inexistencia de la obligación o para que se realice el reporte negativo ante centrales de riesgo por parte del acreedor como fuente de información. Así, la interpretación de la norma, genera para el acreedor, la imposibilidad de cumplir con el requisito exigido”.