Actualmente existen en Colombia 75 curadores urbanos en 36 ciudades

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Realizar un mayor control al papel de las curadurías urbanas en todo el país, solicitaron diferentes sectores de la academia. El arquitecto y profesor de la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional con sede en Medellín, Armando Arteaga, sostuvo que “en la práctica las curadurías se convirtieron en una suerte de notarías en las que el curador no está muy interesado en la ciudad, sino que está interesado es en facturar”.

La figura de los curadores urbanos nació con el Decreto 2150 de 1995, que la definió como un “particular encargado de estudiar, tramitar y expedir las licencias de urbanismo o de construcción, a petición del interesado en adelantar proyectos de urbanización o de edificación, en las zonas o áreas de la ciudad”. Después de ser objeto de modificaciones y derogaciones, esta figura se consolidó con la reglamentación de la Ley 388 de 1997.

Actualmente existen en Colombia 75 curadores urbanos en 36 ciudades del país, que fueron designados por periodos individuales de cinco años para expedir licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción.

Solo los municipios con más de 100.000 habitantes pueden solicitar esta figura; en los territorios con menor población, los alcaldes o secretarios de planeación son los encargados de tramitar y expedir las licencias.

Sucesos

La reciente implosión del edificio Bernavento en Medellín, que recordó el desplome del Space en 2013, y el colapsó del edificio Portal Blas de Lezo II, en Cartagena, sumado al escándalo de corrupción por la expedición de licencias de construcción falsas, pone en evidencia el irregular papel que se realiza desde estas instancias y su responsabilidad en estos casos.

Para el académico Arteaga, el riesgo en el que están varias construcciones del país muestra que los curadores “no han servido, en el sentido de que el trabajo técnico que se esperaba que hicieran no lo han hecho, y mucho menos han cumplido con su función de velar por ayudar a la ciudad”.

Curadurías sin control

Una de las preocupaciones más recurrentes es la falta de control a las curadurías urbanas del país. Según el experto, hasta el siglo pasado el Estado era el encargado de velar, controlar y visitar las construcciones; no obstante esta responsabilidad fue delegada a los particulares, con la figura de los curadores, en quienes la nación depositó su confianza para realizar la importante responsabilidad de expedir licencias.

“A los curadores nadie los controla; de algún modo en el esquema anterior estaban lidiando directamente con el Estado, pero ahora es un asunto entre particulares”, dice el doctor en Urbanismo.

En enero de este año, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución 0064 de 2018, que reglamentó la Ley 1796 de 2016 (Ley de Vivienda Segura), mediante la cual se creó la nueva Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos, encargada de poner la lupa sobre las curadurías urbanas.

Esta Superintendencia ha adelantado varios estudios que evidencian repetidos casos de corrupción en los que se expiden licencias urbanas falsas. Por eso decidió implementar un papel de seguridad con características especiales como código de barras, código QR y numeración, entre otras, y exigirles a los curadores subir a un repositorio las licencias que expidan.

Además, la Ley 1796 de 2017 le encargó al Departamento Administrativo de la Función Pública realizar el concurso de méritos, por medio de la elaboración de las pruebas de conocimiento técnico y específico, y al alcalde municipal o distrital le corresponderá designar a los curadores urbanos de conformidad con el resultado del concurso.

De esta manera se espera poner en cintura a los curadores urbanos para evitar la expedición de licencias de construcción falsas que están poniendo en riesgo la vida de decenas de ciudadanos en varias regiones del país.