- Muchos grandes temas debatidos a contrarreloj
- Campaña electoral atentó contra productividad
En una semana termina este Congreso. Y lo hace, como casi siempre ocurre, no solo en medio de sesiones extraordinarias sino de polémicas por la atropellada aprobación de importantes proyectos de acto legislativo y de ley. Como se había advertido meses atrás, tanto la propia campaña electoral parlamentaria -que terminó con la cita en las urnas del 11 de marzo- como la recta final de la contienda presidencial distrajeron la labor en las comisiones y plenarias de Senado y Cámara de forma sustancial. La mayor prueba de esta situación es, precisamente, el decreto dictado para llamar a sesiones extras, que incluyó un total de 16 iniciativas, muchas de ellas de amplio calado. Como es el caso del proyecto de ley procedimental de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP); el de sometimiento colectivo a la justicia de las bandas criminales organizadas; nuevas normas laborales para el servicio de vigilancia y seguridad privada; la reforma a los recursos de las regalías para el sector de ciencia y tecnología; el estatuto de lucha contra el cambio climático; el ajuste a la normatividad para la protección de los páramos; la modificación de las comisiones del Congreso por el ingreso de las diez curules de las Farc y otros escaños como los otorgados a los candidatos presidencial y vicepresidencial perdedores en segunda vuelta; además de las reglamentación del proceso de elección del Contralor General.
Es claro que en medio de la campaña electoral de los últimos diez meses, la productividad de esta legislatura de cierre venía siendo muy baja. Y eso que no hay que olvidar que hasta noviembre pasado estuvo vigente el ‘fast track’ o vía rápida legislativa que durante un año permitió sacar avante un número importante de normas constitucionales y legales derivadas del Acuerdo de Paz con las Farc. En la agonía de ese mecanismo excepcional, como se recuerda, se hundieron proyectos clave como el de la reforma política y aquel que creaba dieciséis curules para las víctimas del conflicto armado, en tanto que otros relativos al catastro multipropósito y la reforma al régimen de tierras quedaron a medio camino, con la promesa gubernamental de que serían radicados una vez pasarán los comicios de marzo y se reinstalara la legislatura para sus últimos tres meses de labores. Al final la mayoría de esas iniciativas no se radicaron para su trámite por la vía ordinaria, constituyéndose en un revés grave para el ya de por sí crítico proceso de implementación del acuerdo habanero. Y ahora, en medio de las repercusiones políticas de la ya definida sucesión en la Casa de Nariño, solo en estas últimas dos semanas se decidió apretar el acelerador legislativo, con extras a bordo. Antes de todo ello, apenas si se lograron aprobar algunos proyectos importantes, como el de alivios parciales a los deudores del Icetex. De resto, muchas iniciativas se terminaron hundiendo por razones de tiempo y falta de voluntad política, más aún después de que la coalición parlamentaria mayoritaria del saliente gobierno se fracturó grave e irreversiblemente. Es más, proyectos que despertaron mucha polémica, como aquel que plantea quitarle tres ceros a la unidad monetaria colombiana, quedó a medio camino y deberán ser los nuevos Congreso y Ejecutivo, que se posesionarán el 20 de julio y el 7 de agosto próximos, respectivamente, los que tendrán que definir la suerte de los mismos.
Así las cosas, todavía es muy temprano para hacer el balance de esta última legislatura parlamentaria, ya que solo hasta que terminen las sesiones extras, el próximo martes, se sabrá cuáles de las dieciséis iniciativas a debatir, pasarán a sanción presidencial definitiva. Aunque las plenarias ya dieron visto bueno a temas como las reglas para elegir Contralor, el sometimiento de las bacrim, los beneficios para los celadores y otras pocas iniciativas, restan algunas diligencias de conciliación. Por igual, está pendiente por despejarse el futuro del proyecto de ley procedimental de la JEP, que la semana pasada generó un choque de criterios entre los presidentes de la República entrante y saliente, que llevó incluso a la Corte Constitucional a emitir un polémico comunicado respecto a que sí puede tramitarse una iniciativa reglamentaria así la norma estatutaria que le dio vida aún no haya tenido dictamen de exequibilidad en ese máximo tribunal.
Si bien es cierto que para este último tramo legislativo eran pocas las esperanzas de que se tramitarán las grandes reformas políticas, económicas, sociales e institucionales que no se concretaron durante gran parte del doble cuatrienio congresional de la administración Santos, el ritmo accidentado y a las carreras con que están cerrando Senado y Cámara pone en evidencia que, como los alumnos de bajo rendimiento, el Parlamento sigue en las mismas: tratando de salvar el año, así sea ‘raspando’, a última hora, con todos los riesgos que ello implica.