Las denuncias de la Fiscalía esta semana, que ya dejan a tres parlamentarios electos en la mira de la Corte Suprema, ponen de presente que Colombia aumenta en participación en las urnas y eficiencia en el operativo, pero las trampas siguen estando a la orden del día. Desde 2003 se vienen aprobando correctivos de fondo al sistema pero no han dado los resultados del caso. Hay exceso normativo así como altas y graves sanciones, sin embargo el fraude asoma aquí y allá ¿Qué hacer?

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Aunque las elecciones para Congreso y Presidenciales ya se surtieron en su totalidad, lo cierto es que siguen estando en el centro de la polémica. La mayor prueba de ello es lo que ocurrió esta semana.

De un lado, la Fiscalía General puso al descubierto una de las más grandes y complejas operaciones de fraude electoral de que se tenga noticia en Colombia desde los escándalos del “proceso ocho mil” y la “parapolítica”. Una operación que, al menos en el caso de Barranquilla, tiene en la mira a una senadora electa (Aida Merlano), otra excandidata a la Cámara, varios concejales, exconcejales y particulares, así como dos de los más reconocidos empresarios del Atlántico.

Según el jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, se trata de una estructurada “empresa criminal” dedicada a la compra y venta de votos mediante un sistema complejo, que manejaba millonarias sumas así como información confidencial de la Registraduría.

La Fiscalía también puso al descubierto casos de posible compraventa de votos en Magdalena y Antioquia, e incluso en la capital del país. Por estos casos se compulsaron copias del expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador electo Fabián Castillo y a la representante a la Cámara electa por Antioquia, Margarita Restrepo.

Aunque se trata de temas relacionados con las elecciones parlamentarias, las revelaciones de la Fiscalía también tuvieron repercusión en lo que hace a las presidenciales, ya que el candidato perdedor el pasado domingo, Gustavo Petro, dijo que la decisión de Martínez de aplazar para después de la segunda vuelta la revelación de estos casos de fraude electoral terminó favoreciendo en las urnas al presidente electo Iván Duque, ya que la mayoría de los parlamentarios indiciados habían apoyado al aspirante del Centro Democrático.

Paradójicamente hace tres semanas, cuando el Fiscal General indicó que tenía las pruebas de varios casos de fraude electoral en los comicios parlamentarios, dijo que sólo los revelaría después de la segunda vuelta presidencial para que no lo acusaran de estar interviniendo en política.

A la par de lo anterior, también trascendió esta semana que en el Consejo Nacional Electoral hay un proyecto de fallo que podría estar dejando sin curul en el Senado al exalcalde Antanas Mockus, quien sumó más de medio millón de votos el 11 de marzo, jalonando la lista de la Alianza Verde.

Según la información que se conoció, el senador electo habría incurrido en una inhabilidad porque dentro de los seis meses anteriores a la elección aún figuraba como representante legal de la fundación Corpovisionarios, que tenía contratos con la gobernación de Cundinamarca. Mockus y los verdes siempre han negado tales hechos, con documentación en mano.

Aunque no se trata de una información nueva, es claro que los detalles de la ponencia que se filtraron ponen en peligro la curul del segundo senador más votado y, sin duda, uno de los dirigentes políticos más reconocidos y de mayor transparencia en el país. El martes, el pleno del CNE deberá tomar una decisión al respecto.

A todo lo anterior se suma el hecho de que los escrutinios de las elecciones parlamentarias continúan avanzando en medio de más de 300 mil reclamaciones y ya el reloj corre en contra de los magistrados, puesto que deben oficializar la elección antes del 19 de julio, ya que un día después debe posesionarse el nuevo Legislativo.

Pero el caso de Mockus no es el único que está en vilo. También se conoció esta semana que la Fiscalía está tras la pista de una denuncia según la cual al movimiento político de origen religioso Colombia Justa y Libres le habrían sumado irregularmente 20 mil votos en Bogotá. No hay que olvidar que esta facción política alcanzó a superar levemente el umbral electoral para Senado y hacerse con tres curules. Pero si perdiera votos, entonces el mapa político de las parlamentarias se volvería a mover, ya que esos tres escaños tendrían que ir para otros partidos.

Es claro, en todo caso, que el hecho de que aún sin posesionarse ya, por lo menos, tres senadores y representantes electos estén en la mira de la Corte Suprema por presunto fraude electoral, es una situación muy grave, no sólo desde el punto de vista penal sino también de la composición parlamentaria, ya que estos delitos implican cárcel a los implicados y la consecuente sanción de “silla vacía” para las bancadas a las cuales pertenecen.

No hay que olvidar que el Congreso que termina labores esta semana se vio sacudido en el último año por sendos escándalos de corrupción, como los de los sobornos de Odebrecht y el ‘cartel de la toga’, que llevaron a la cárcel a senadores como Musa Besaile, Noño Elías y Álvaro Ashton.

Más sanciones, pero…  

Aún antes de que la Fiscalía pusiera al descubierto esta semana lo que pasó en Barranquilla, el Atlántico, Magdalena, Antioquia e incluso en Bogotá, muchos sectores sabían que si bien la democracia colombiana demostró este año una vigencia sin precedentes, llevando incluso a que en cada una de las dos rondas presidenciales votarán más de 19 millones de ciudadanos, otra cosa es que el sistema electoral sea cien por ciento transparente.

Todo lo contrario, son tantas y tan conocidas las trampas al sufragio que precisamente para estas elecciones entró en aplicación la última reforma penal que tipificó nuevos delitos electorales y agravó las penas de otros.

Esa norma, la 1864 de 2017, establece que habrá cárcel y fuertes multas para quienes incurran en la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de gastos, omisión de información del aportante, tráfico de votos, elección ilícita de candidatos, perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, fraude en inscripción de cédulas, corrupción de sufragante, voto fraudulento, favorecimiento de voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con una votación, alteración de resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula, así como denegación de inscripción.

De igual manera, se han hecho más gravosas las sanciones a los partidos y movimientos políticos por inscripciones de candidatos inhabilitados, violación de topes de financiación y otras infracciones que implican desde el castigo de “silla vacía” hasta el riesgo de perder la personería jurídica o la prohibición de presentar candidatos para las circunscripciones en donde sus elegidos tuvieron líos con la justicia.

Pan de cada día

Pero ni aun aumentando la legislación sancionatoria la actividad política logra depurarse. Los diagnósticos hechos por la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre la persistencia de las trampas a la actividad democrática dejan ver a las claras que si bien se ha avanzado sustancialmente en la legislación sancionatoria, en el día a día de la actividad proselitista se percibe otra realidad.

Por ejemplo, el domingo pasado la MOE indicó que recibió un total de 2.030 reportes sobre posibles irregularidades electorales para el proceso de Presidencia de la República, lo que representa un incremento del 65% frente a las mismas elecciones de 2014.

De los 2.030 reportes recibidos, 1.537 corresponden a la primera vuelta y 433 a la segunda. Las irregularidades denunciadas tuvieron que ver con compra y venta de votos, suplantación en el ejercicio al sufragio, presiones al elector, anomalías por parte de las autoridades electorales, tarjetones marcados, sospechas sobre jurados de votación, problemas con la acreditación de los testigos electorales, publicidad ilegal, dudas sobre el diligenciamiento de los formularios E14…

En cuanto a los comicios parlamentarios, la MOE reportó el 11 de marzo, tras el cierre de las urnas, que hubo un preocupante aumento de reportes ciudadanos sobre posibles irregularidades electorales (1.521) respecto de las pasadas elecciones de 2014 (1.001). Denuncias especialmente relacionadas con la compra y venta de votos, el constreñimiento al elector y el desconocimiento de los procedimientos por parte de los jurados de votación. También se alertó sobre irregularidades alrededor de las consultas interpartidistas populares (incluso con ausencia de tarjetones en algunas mesas).

Igualmente en no pocos de los escándalos de corrupción que han sido puestos al descubierto en los últimos dos años, cada vez es más evidente la relación entre las trampas electorales para llegar a gobernaciones, alcaldías, Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales, con las redes de contratistas que los patrocinan para que, una vez elegidos y posesionados, direccionen todos los recursos hacia ellos, esquilmando el erario en montos millonarios.

No en vano los informes de la Contraloría y de la Contaduría sostienen que uno de los mayores enemigos de la transparencia en el manejo de recursos públicos es la gran cantidad de contratos oficiales que se adjudican ‘a dedo’, sin licitación pública ni mecanismos de selección objetiva. También el creciente número en donde sólo se presenta un proponente. Allí está, sin duda alguna, el germen de que dio origen a lo que hoy se conoce en Colombia como la ‘cartelización de contratación’.

¿Cuál reforma?

Ahora bien, como se dijo, si bien hay consenso en que se requiere una reforma política y electoral en Colombia, el problema es que los intentos que se han realizado en las últimas dos décadas para sacarla avante no han  dado resultados. Unas veces porque a los congresos de turno les faltó voluntad política para depurar el sistema y, por ende, hundieron o recortaron drásticamente los alcances de los respectivos proyectos; y otras veces porque las reformas aprobadas arrastraban tantos vicios de forma y fondo que no pasaron invictas el control de exequibilidad en la Corte Constitucional.

Sin embargo, en los últimos 15 años entraron en vigor  varias reformas estructurales al sistema político y electoral en Colombia. Se recuerda, por ejemplo, que en 2004 se reimplantó la reelección presidencial inmediata, pero en 2015 se abolió en la llamada “reforma al equilibrio de poderes”.

En el campo típicamente electoral la más profunda fue la de 2003, cuando a través de un acto legislativo se crearon figuras como el umbral, la cifra repartidora, las listas únicas y el voto preferente, todas las cuales cambiaron la forma de escogencia de los cuerpos colegiados como el Congreso, las asambleas y los concejos.

También se puede traer a colación la ley 974 de 2005, mediante la cual se creó el “sistema de bancadas”, con destino a disciplinar la actuación de los partidos, partiendo de la base de que los escaños son de la colectividad y no de las personas.

No menos importante fue la reforma constitucional de 2009, a través de la cual se crearon sanciones como las de la llamada “silla vacía”, que impide a los partidos reemplazar a los congresistas presos o condenados por delitos como nexos con grupos armados, narcotráfico o por violación de normas electorales. Años después se extendería también a otras conductas como delitos contra la administración pública y corrupción.

Igualmente se avanzó en ese acto legislativo en establecer mecanismos para avanzar más la financiación estatal de las campañas, más ‘dientes’ al Consejo Nacional Electoral, la creación de las consultas interpartidistas para escoger candidatos de coalición, reglas para el trasteo partidista y el castigo de la doble militancia, aumento del 2 al 3 % de los umbrales electorales en votaciones para Congreso, el voto público y nominal de los parlamentarios (acabando así con el pupitrazo), restricción a las suplencias de senadores y Representantes, así como la repotenciación del voto en blanco, indicando que cuando esta sea mayoría, obliga a repetir los comicios y con distintos candidatos, a excepción de la segunda vuelta presidencial.

Vendría después la ley estatutaria 1475 de 2011, mediante la cual se reforzaron los códigos de ética partidista, se prohibió la doble militancia, se avanzó en cuanto a la conformación de los movimientos significativos de ciudadanos (es decir los que respaldan candidatos por firmas), se reforzaron los mecanismos de democracia interna partidista (consultas), se agravó el régimen sancionatorio a los partidos (por ejemplo por inscribir candidatos inhabilitados o que luego resultaron emproblemados con la justicia) y más controles a la financiación de las colectividades. También se apretó lo relativo a los avales a los aspirantes, más lupa de las autoridades electorales a las inscripciones de estos, mejor  acceso a propaganda electoral en medios estatales o concesionados. Incluso fue en esta ley en donde se ordenó proceder hacia el voto electrónico, crear en la Fiscalía la Unidad de Delitos contra los mecanismos de participación democrática, más filtros a los escrutinios, la depuración permanente del censo de votantes y más garantías en publicidad electoral.

A todo lo anterior deben sumarse otra serie de normas de carácter constitucional, legal, reglamentario y procedimental relacionadas con el voto biométrico, más mecanismos para detectar el trasteo de votos, mayores sanciones a los funcionarios públicos que coaccionen el voto de sus empleados, controles más estrictos a las encuestas electorales y mejor representación a colombianos en el exterior.

La última gran reforma fue la llamada de “equilibrio de poderes”, aprobada en 2015, que no sólo derogó la reelección presidencial inmediata, sino que también la prohibió en la mayoría de los altos cargos del Estado.

Esa reforma, cuyo componente judicial se cayó en gran parte en la Corte Constitucional, también estableció que los candidatos presidencial y vicepresidencial que perdieran en segunda vuelta tendrían curules en Senado y Cámara. Igualmente creó una curul en la Cámara para los raizales y se amplió la sanción de “silla vacía” a delitos de corrupción. Hubo cambios también en el sistema de postulación de candidatos a Contralor General.

¿Y ahora?

Tras esa reforma, que en su objetivo de “equilibrar” la balanza de pesos y contrapesos institucionales más bien avanzó muy poco, el siguiente intento de reforma política vino por cuenta del acuerdo de paz firmado con las Farc en La Habana.

En este hubo dos clases de pactos. Unos referidos a viabilizar la participación en política de los cabecillas desmovilizados de las Farc y otros haciendo referencia a la necesidad de presentar una reforma de fondo al sistema político y electoral.

Lo primero se cumplió al pie de la letra, ya que vía ‘fast track’, el año pasado, el Congreso aprobó la norma que le permitió a las Farc, una vez desarmadas y desmovilizadas, convertirse en partido político. Es más, pudieron participar en las elecciones a Congreso y a pesar de su ínfima votación accederán a las 10 curules (5 en Senado y 5 en Cámara) a partir del 20 de julio próximo, según lo garantizaba el acuerdo habanero.

En cuanto a la reforma política estructural, el Gobierno sí creó una Misión Especial Electoral (MEE) que, compuesta por expertos, proyectó una serie de recomendaciones como base del proyecto a llevar al Congreso.

La MEE proponía crear el Consejo Electoral Colombiano, una Corte Electoral, así como una circunscripción nacional con 100 senadores, elegidos en lista cerrada y bloqueada, en tanto la Cámara tendría 200 integrantes escogidos territorialmente. También planteó más mecanismos de democracia interna partidista para toma de decisiones y definir candidaturas; elección de asambleas departamentales y concejos con listas cerradas; aumento de la representación femenina en política mediante un incremento de la cuota de género; medidas para mejorar la participación electoral estableciendo el voto como un deber ciudadano; un modelo de financiamiento de la política mixto, preponderantemente público; incremento del aporte estatal a los partidos; mecanismos indirectos de financiamiento pública como pauta en medios de comunicación y transporte público en la jornada  electoral; control más efectivo por parte de la autoridad electoral de las rendiciones de cuenta, de la pauta en medios de comunicación y de los principales rubros de gasto…

Ese proyecto fue recortado drásticamente por el Gobierno cuando lo llevó al Congreso a mediados del año pasado. Sin embargo, las mayorías parlamentarias gobiernistas, por entonces ya fisuradas debido al arranque de las campañas electorales, se dividieron al respecto. Al final, el último día del ‘fast track’, la iniciativa tuvo un accidentado ‘entierro de tercera’, por temas polémicos como la lista ‘cremallera’ (alternación de hombres y mujeres candidatos), eliminación del voto preferente, garantías para minorías políticas y creación de partidos regionales y locales, entre otros.

Igual ocurrió con el proyecto que buscaba darles 16 curules en la Cámara a las víctimas del conflicto armado, que tampoco prosperó y dejó al país ante la paradoja de que los exFarc, es decir los victimarios, se posesionarán el 20 de julio pero no así los representantes de sus millones de víctimas.  Lo que sí pasó fue el Estatuto de la Oposición, pero aún no se sabe si podrá aplicarse para el 20 de julio próximo.

Por último, en un hecho ciertamente paradójico, después de las elecciones parlamentarias se presentó un nuevo proyecto de reforma política y electoral. Y lo hizo el MIRA, el mismo partido al que el Consejo de Estado, después de casi cuatro años, le reconoció que sí hubo una falla en los escrutinios de  los comicios de Congreso 2014 y tenían derecho a tres curules, que ordenó devolvérselas faltando apenas tres meses para que acabara el cuatrienio legislativo.

Como se ve, a la luz de las evidencias, puede que muchos proyectos de reforma política se hayan caído en las últimas dos décadas. Pero también se han aprobado algunos que, en su momento, fueron ambiciosos, otra cosa es que después, ya en su aplicación práctica, los objetivos que se tenían sobre sus efectos se fueron difuminando.

En ese  orden de ideas la pregunta es una sola: ¿qué clase de reforma electoral necesita el país que las aplicadas en 15 años no hayan tocado ya o, peor aún, probado que esos cambios no son la panacea que todos creen? Mientras no se responda seria y objetivamente ese interrogante, la próxima reforma caerá en el mismo terreno movedizo e incierto de las anteriores: en el del ensayo y el error.