Los afanes de Rivera

En medio del accidentado cierre del Congreso, que la próxima semana seguirá en sesiones extras, los senadores y Representantes sacan tiempo para hablar de lo divino y lo humano en política. Por ejemplo, un senador de La U le dijo a uno de sus colegas liberales que la extensión del trabajo legislativo podría estar complicándole la vida al ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien ya tiene lista su renuncia para no inhabilitarse para las elecciones regionales de octubre de 2019. Ya es vox populi que Rivera, exparlamentario, tiene pensando lanzarse el próximo año a buscar la gobernación de Putumayo, región de la que es oriundo. En el gabinete se dice que habría por lo menos otra renuncia más antes de que termine este mes. Y hablando del Congreso, se afirma que el saliente senador Juan Carlos Restrepo buscaría la gobernación de Cundinamarca.

El futuro de Naranjo

¿Cuál será el futuro del saliente vicepresidente Óscar Naranjo? Según algunos rumores en la Casa de Nariño, el exdirector de la Policía iría al exterior a un alto cargo, aunque no está claro si será en el sector privado o en alguna entidad multilateral. También se dice que hay algunos gobiernos latinoamericanos que están interesados en que Naranjo los asesore en la implementación de estrategias contra la criminalidad urbana y la lucha contra el narcotráfico. Lo cierto es que Naranjo sale del Ejecutivo como uno de los altos funcionarios con mejor imagen, pese a que las cifras en materia antidrogas no le favorecen al Gobierno, como quedó en evidencia la semana pasada, cuando se reveló que la extensión de narcocultivos llegó a 180 mil hectáreas al comienzo del año.

¿Contactos con Bacrim?

A punto de convertirse en ley el proyecto que permitirá a las bandas criminales organizadas, tipo “Clan del golfo”, poder someterse a la justicia de forma colectiva, se indagó con una alta fuente de la Fiscalía si habían seguido los contactos de abogados de algunos de los cabecillas de los llamados “grupos armados organizados” (GAO) sobre cómo podría ser ese proceso de entrega a las autoridades y, sobre todo, cuál era el método de aplicación de los beneficios penales contemplados. La fuente consultada indicó que esos contactos, que sí existieron en el pasado, se habían suspendido, sobre todo porque se pensaba que el proyecto en mención se había hundido, ya que circularon rumores en torno a que el Gobierno le había retirado el apoyo para  dejarle el tema al próximo titular de la Casa de Nariño.

“Dispersión” jurisdiccional

Y hablando de esta clase de legislaciones especiales, un ex magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia trajo a colación que había una peligrosa “dispersión” jurisdiccional en lo penal, ya que por un lado está vigente desde 2005 la Ley de Justicia y Paz, que se hizo para la desmovilización paramilitar; en el último año entró en rigor la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que se creó para tramitar el juzgamiento de guerrilleros de las Farc y personal castrense y militar involucrado en delitos atroces y de lesa humanidad; y ahora, en pocas semanas, entrará en vigencia otra norma destinada para las Bacrim, que también contempla rebajas y excepcionalidades aún dentro del marco de la justicia ordinaria.