Más de 165 personas han muerto en Nicaragua superando las cifras que dejaron las marchas contra Maduro, en 2017. El diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil se ha congelado, pero se especula que el sandinista ha tenido contactos para sentar las bases de una posible transición

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EL VIERNES, al mismo tiempo en que los delegados de Daniel Ortega negociaban con la sociedad civil, paramilitares al servicio del Gobierno atacaban barrios opositores de Managua, Juigalpa y Nindirí.  La voluntad de diálogo del sandinista ha quedado en entredicho, mientras Nicaragua ha culminado la peor semana desde que iniciaron las marchas que exigen un relevo en el poder.

A dos meses de protestas, paros y casi 170 muertos, el panorama es incierto y comparativamente peor del que se registró hace un año en Venezuela durante las movilizaciones en contra de Nicolás Maduro, que terminaron con un endurecimiento del régimen y más de 120 fallecidos.

Paro y algo más

Esta semana los nicaragüenses cesaron actividades por dos días en el marco del paro nacional convocado por gremios y la Alianza Cívica. La última vez que se había registrado este tipo de actividades fue en 1979, cuando se paralizó el país para derrocar al dictador Anastasio Somoza.

El paro tuvo lugar después de que Daniel Ortega mantuviera silencio frente a la propuesta presentada por la Iglesia para llegar a un acuerdo sobre la base de adelantar elecciones y abrir espacios democráticos.

Tras la parálisis de más del 70% de actividades en todo el país, los nicaragüenses retornaron a sus actividades el viernes con la esperanza de que el diálogo entre las partes terminara en algunos acuerdos base. Los obispos, principales interlocutores de la oposición, se mantuvieron cautos y poco optimistas. Su desazón se debió a la continuidad de la arbitrariedad del régimen contra los opositores que se mantienen en las calles.

“Es lamentable, deplorable, triste que no podamos llegar a un acuerdo. En peligro la estabilidad de la Nación”, dijo el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez, uno de los negociadores.

Para Ortega, como en su tiempo lo decía Maduro, todo aquel que proteste contra su gobierno es considerado “terrorista” y debe ser encarcelado por delitos políticos. Las coincidencias entre uno y otro país son enormes y simplemente se diferencian por el lenguaje. Llamados “guarimberos” en Venezuela, en Nicaragua los jóvenes opositores son conocidos como “turbas”.

Las noches en Managua recuerdan a las de Caracas hace un año. Medios locales han reportado cómo “paramilitares” en carros y motos llegan a los barrios opositores y amedrentan, matan y detienen a los opositores. Estos grupos hacen parte de las “Juventudes Sandinistas” (JS) quienes cumplen la misma función de los “colectivos” chavistas: defender el régimen a cualquier precio y por fuera de los canales institucionales.

Al igual que en Venezuela, estos sectores han sido los mayores responsables de las más de 165 muertes registradas en las protestas, reportadas por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cuya máquina represora enfrenta más de 900 barricadas –trancas- y numerosos choques que terminan en balaceras.

Los presos políticos aumentan cada día en medio de una incertidumbre que ni la misma Iglesia ha podido sortear. EL NUEVO SIGLO habló con una periodista local (que prefirió el anonimato) quien contó que su primo fue trasladado a un lugar conocido como “El Chipote” o la Dirección de Auxilio Judicial. Allí, desde los tiempos de Somoza, se torturan personas por sus tendencias políticas. “Es un sitio conocido por sus pésimas condiciones e históricamente es un sitio de torturas”.

Las cifras se desconocen, pero la maquinaria del Gobierno para perseguir a los políticos está tan bien aceitada como la del chavismo. No discriminan por edad, género o nivel socio económico. Su intención es atemorizar a la población civil, que no parece estar dispuesta a cesar sus movilizaciones

Según el sociólogo nicaraguense Cirilo Otero, en diálogo con la AFP, la “represión continuará” porque Ortega intenta usar el diálogo, que ha sido suspendido dos veces, para ganar tiempo y “organizar” su retirada.

Transición

No es el único que habla de una transición política. Esta semana, mientras el país se alistaba para el paro, el portal 100% dijo que, según un experto norteamericano en transiciones, Ortega ya había hablado con delegados de la Embajada de EU para sentar las bases de una salida eventual del poder.

El Gobierno ha exigido en una moción que se levantan las “trancas” a cambio de aceptar que organismos como la ONU y la OEA entren al país para investigar las muertes causadas en el marco de las protestas.

Frente al bloqueo del diálogo, algunos han empezado a hablar de un posible enfrentamiento armado, si se tiene en cuenta que los sectores opositores se enfrentan a las fuerzas de seguridad y los paramilitares con piedras e instrumentos fabricados en casa.

Entrevistado por la AFP, un hombre que hace parte de las “trancas” y es conocido como  “el Gato”, dijo que “esto que está sucediendo es una guerra civil escalonada”. “Nos vamos a tener que armar para estar al mismo nivel que ellos”.

El endurecimiento del régimen sandinista no parece tener la misma capacidad militar con la que ha contado Nicolás Maduro. Eso queda demostrado en el mantenimiento de las barricadas, que, contra viento y marea, se mantienen en las principales ciudades del país y en la posible intención de Ortega de dejar el poder, algo impensable en el caso del chavista.

Esta semana será crucial para conocer si Ortega convoca a elecciones anticipadas y abre las puertas a la inspección internacional o refuerza su régimen represivo, a costa de otras vidas.