La masacre de Masaya

  • Nicaragüenses claman libertad
  • La sinsalida del régimen Ortega

 

La muerte ronda por todas partes en Masaya, un municipio a treinta kilómetros de Managua, en donde las fuerzas de choque del gobierno de Daniel Ortega dispararon a mansalva contra la humilde población civil, en un intento por acallar el levantamiento popular a nivel nacional contra el régimen sandinista, protesta que ya lleva dos meses y un saldo superior a los 200 muertos.

Contrasta la protesta cívica de gentes inermes que piden libertad y justicia, con la actitud violenta y  represiva que ejerce la Fuerza Pública contra mujeres, niños y ancianos. Los nicaragüenses recuerdan así las masacres de los días previos a la caída de Somoza, cuando se cometieron genocidios de ese tipo para intentar amedrentar a la ciudadanía, en un vano intento por evitar la salida del régimen dictatorial. La ira popular se ha vuelto contagiosa y nada parece detener a las turbas que protestan en las calles, sin importar que les pueda costar la vida.

Los analistas e historiadores ven notables similitudes entre los Somoza y los Ortega, clanes que a nombre de la dictadura y el liberalismo el uno, y de la izquierda castro-chavista el otro, se han valido del nepotismo para gobernar. Ambas familias se enriquecen en el poder, puesto que los cargos, contratos y manejo presupuestal está en cabeza de familiares y cómplices. Entre los Somoza el poder lo asumían las cabezas masculinas de la familia, mientras que el presidente Ortega comparte con su esposa, Rosario Murillo, que es la Vicepresidenta, el mando. A ella se le acusa hasta de practicar brujería contra los jefes de la oposición, al menos mientras los detienen, torturan y condenan sin fórmula de juicio.

Todo comenzó cuando el gobierno atentó contra el sistema de seguridad social en abril pasado. La tozudez del gobernante, que pretendería manejar los recursos de inversión social por medio de empresas fantasmas que se lucran despojando los fondos de los trabajadores, llevó a una explosión de inconformismo popular y a que el pueblo se lanzara a las calles para exigir la renuncia de la pareja presidencial. La impopularidad del oficialismo ha aumentado en la medida en que se ha destapado la cadena de corrupción que agobia el sistema, sobre todo por el lujo, las fiestas y los aviones privados que usan los poderosos del gobierno y sus familias. Opulencia que contrasta con la miseria y la precariedad que sufre la mayoría de la población.

Ese levantamiento popular no fue cosa de un día. Todo lo contrario, creció jornada a jornada. De allí que se haya forjado con gran respaldo ciudadano la llamada “Alianza por la Justicia y la Democracia”, con dirigentes de distintas corrientes políticas, trabajadores, empresarios, universitarios, profesionales, amas de casa y descontentos de toda índole, cuyo único objetivo es sacar al régimen y restablecer la democracia.

Acorralados, los Ortega decidieron responder con violencia, generando alerta y repudio nacional e internacional. Por eso el alzamiento en Masaya está hoy en la lupa de todo el mundo. Se dice que por decisión del Papa Francisco, varios de los obispos y sacerdotes más influyentes del país visitaron esa población para obtener de primera mano una visión objetiva de la violenta represión y crímenes cometidos por las fuerzas oficiales.

Ya el secretario de la OEA y el pleno de la organización han denunciado la gravedad de la crisis en Nicaragua, sobre todo las múltiples violaciones a los derechos humanos por las tropas de Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre el violento proceder del régimen sandinista, condenando la brutalidad policial y de las bandas ‘paramilitares’ contra los civiles y manifestantes en las calles. Incluso se exigió al gobierno que cesara la represión, al tiempo que se urgió una investigación independiente de los cruentos hechos para establecer las responsabilidades.

En el entretanto, los analistas económicos prevén un gran daño a las finanzas del país debido a lo ocurrido en las últimas semanas. Muchas carreteras están bloqueadas o paralizadas, el comercio sufre enormes pérdidas y la producción decae. La ayuda de Venezuela al régimen no llega, porque Caracas está ilíquida y con una crisis interna más grave a bordo.

La cuestión ha llegado a tal punto que incluso el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, sostuvo que era necesario llevar a Ortega a la Corte Penal Internacional, junto con su aliado Nicolás Maduro, puesto que ambos siguen en el poder por la fuerza y la violencia ejercida contra sus pueblos.