POR el cambio de gobierno y el balance de la situación en la que recibe el poder, se suscitan las naturales expectativas por las moderadas declaraciones del presidente electo Iván Duque, sobre los acuerdos de paz, así como sobre las reformas fundamentales para mejorar la eficiencia de la justicia, el imperio de la ley y la necesidad de hacer unos ajustes a lo acordado con las Farc en La Habana y Cartagena. En un país donde el pueblo ganó con el No el plebiscito y su voluntad la ignoró el gobierno se da un clamor por que tengamos una Gran Corte Suprema que abarque las funciones que hoy se dividen en diversas instancias y magistraturas.
No faltan los que argumentan sobre Iván Duque dizque carece de la experiencia para avanzar en temas tan delicados, así haya sido por dos legislaturas senador de Centro Democrático. Esas son hipótesis negativas sin fundamento. El haber sido congresista destacado por dos periodos le permite tener visión del Estado y de la cosa pública de conjunto; que, en un país de régimen parlamentario, le habría habilitado, por ejemplo, para ser ministro. En Inglaterra, William Pitt, fue primer ministro a los 24 años, en circunstancias de crisis extrema para esa potencia por la pérdida de las Colonias norteamericanas y el incendio provocado en Europa por la Revolución Francesa.
En Estados Unidos, la ley y el orden se aplican mediante las funciones de la Corte Suprema, con 9 magistrados. En Colombia, proliferan los magistrados por cuenta de la Carta de 1991, se aumenta el número de cortes, fuera de crearse la Fiscalía General de la Nación, por el empeño que en ese sentido puso Álvaro Gómez Hurtado, quien por décadas insistía en el tema, dado que la justicia del momento era demasiado débil para combatir las sanguinarias y poderosas mafias.
En la Constitución de 1886, bajo la inspiración del estadista Rafael Núñez y la sabiduría jurídica de don Miguel Antonio Caro y los brillantes delegatarios que lo seguían, se estableció que a la Corte Suprema de Justicia tuviera a su cargo la guarda y supremacía de la Constitución y por ello declarar sobre la exequibilidad de las leyes. Lo mismo que se le encomendaron ciertos asuntos especiales y taxativos, por lo que no ejercía una función general, al estilo de la Corte Constitucional actual. Algunos tratadistas estiman que en un sistema presidencialista como el nuestro, donde el proceso de aprobación de las leyes es cuidadoso y pasa por el tamiz de comisiones y de la Cámara y el Senado, incluso de la conciliación, no es necesaria una Corte Constitucional con tantos poderes como la actual. Muy distinto es el Régimen parlamentario en donde a diario se aprueban leyes complejas que deben ser estudiadas por una Corte Constitucional. Esas funciones regulatorias las podría cumplir a cabalidad la respectiva Sala Constitucional de la Corte Suprema. Y, por supuesto, los magistrados de la Sala Constitucional de ésta podrían presidir en algunos casos la institución, lo mismo que sus pares. Los cambios en el sistema jurídico no deben entenderse como una censura a los actuales magistrados, los que en su mayoría son juristas eminentes, sino a necesidades urgentes de hacer cambios en el sistema para hacerlo más eficaz.
Por cuenta de los excesos de la tutela, como por la variedad de cortes, prospera la inseguridad jurídica. El hecho de promover más cortes y burocracia no garantiza la eficacia de la ley. Por la avalancha de tutelas, incluso contra sentencias en firme, se descuartiza el sistema. Lo que no puede un jurista, en un caso de casación que lleva años en los tribunales, lo consigue un abogado audaz mediante una tutela y, en ocasiones, en breve tiempo. Por tal vía se borra la noción de doctrina probable y prevalece la anarquía, que conduce de manera casi inevitable a la postración de la justicia, la confusión y, por tanto, se vulnera su eficacia. Y ello sin mencionar los escándalos y casos aberrantes que sacuden la majestad de la justicia.
Todo ello amerita la reforma de la misma como lo ha planteado el presidente electo; viejo tema que, en la reforma de 1976 Alfonso López, con el apoyo de Álvaro Gómez, aventuran y se frustra por cuenta de la incomprensión de un sector de la Corte Suprema de entonces.
La proliferación de cortes nos lleva al extremo que, en La Habana, se pacta la creación de una nueva corte, conocida como la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, que en algunos casos está por encima de las demás cortes e instancias jurídicas nacionales, tal cual lo denuncia el Fiscal General Néstor Luis Martínez, y que debe ser revisado por el nuevo gobernante y su equipo.