El presidente Iván Duque recibió de los colombianos un mandato de transformación del sistema político que nos rige para depurar las costumbres políticas y sustraerlo de la férula de la corrupción. También adquirió, entre otros, el compromiso de promover una agenda de equidad que permita enfrentar con eficacia la desigualdad y la pobreza en un país que, como el nuestro, registra uno de los niveles más altos de necesidades básicas insatisfechas.

Al presidente electo le hemos oído hablar de la necesidad de luchar contra las brechas sociales que se han venido profundizando en nuestro medio, “donde la pobreza y la falta de bienes públicos de calidad pareciera que condenan a muchos…a una trampa sin salida que nos aleja de las oportunidades”. En el mismo sentido ha expresado que “las brechas entre el campo y las ciudades son abismales. Las brechas entre la mayoría de la población y las minorías étnicas y las brechas entre estratos sociales para acceder a bienes públicos son marcadas y agudas y si no las corregimos con políticas de Estado de largo plazo son una bomba social. La agenda de equidad que debe abordar Colombia demanda que mejoremos la educación y la salud para mejorar la calidad de vida. Pero cerrar la brecha implica que la corrupción pueda ser derrotada porque este cáncer medra cual rémora los recursos públicos evitando que cumplan su propósito cuando se asignan.”

De esta suerte tiene el nuevo presidente una enorme tarea por adelantar en la que no puede desfallecer para cerrar o, por lo menos, estrechar la brecha de la desigualdad entre los sectores poblacionales mencionados.

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La reglamentación de la JEP

Del mismo modo, el nuevo presidente anunció promover un acuerdo nacional para introducirle ajustes al acuerdo y la legislación de paz que, sin volverlo trizas, recoja las preocupaciones ciudadanas a este respecto. Por tanto, habrá una nueva dinámica que reemplazará el esquema Farc-Gobierno y, en ese escenario, el Congreso jugará un papel determinante.

Por eso no hay que preocuparse tanto por el hecho de que la ley que reglamenta el procedimiento de la JEP tome unos días más o un plazo razonable para que el nuevo gobierno, que tendrá a su cargo la ejecución de la legislación que se ha venido expidiendo, tenga oportunidad de promover el acuerdo nacional que ha propuesto. Lo que no puede es demorarse mucho tiempo porque está de por medio el caso Santrich.

El presidente Duque ha dicho que se debe esperar a que la Corte Constitucional adelante el control previo a la ley estatutaria sobre la JEP. Aunque la ley de procedimiento no depende del todo del alcance que tenga la ley estatutaria, sí resulta necesario que estos dos instrumentos guarden armonía, que se complementen y vayan en la misma dirección. Unido a ello todavía no se conoce la sentencia que aprobó el acto legislativo que crea la jurisdicción especial para la paz, y hay que reconocer que no resultó apropiada la facultad constitucional que autoriza a la JEP operar sin reglamentación.