El orden, única alternativa

  • Punto de inflexión electoral
  • Importancia de participación ciudadana

 

HOY, cuando los colombianos se aprestan a definir la extensa justa electoral que se tomó más de un año, no basta con señalar la división entre derecha e izquierda. El voto libre tiene una alta dosis de discernimiento y de postura íntima ante los grandes retos nacionales. Pocas veces, como en la actualidad, la definición por el tipo de democracia que se quiere había estado tan a la orden del día. Y en ese sentido tal vez el elemento más característico del país, en estos momentos en los que sin duda hay un punto de inflexión, es la necesidad del orden.

Dentro de los postulados democráticos el orden es lo que permite avanzar en el marco de la libertad y el progreso. Para ello, precisamente, existen las instituciones, puesto que son éstas las que canalizan a la Nación hacia los derroteros que consigan las mayorías. No es posible, pues, hablar de democracia si el desgaste institucional impide un ordenamiento jurídico dedicado a soportar las estructuras y la dinámica social.

La lesiva crisis que padecen las tres ramas del poder público viene dada, en una buena proporción, por una mala noción del orden. Quizá tiende a creerse que no ocurre nada cuando se cambian las leyes y los incisos, pensando por el contrario que aquello obedece a un espíritu reformista. Uno de los elementos sustanciales del desorden en estos momentos obedece a la llamada justicia transicional que se erigió como alternativa a la justicia ordinaria y al cauce jurídico internacional. Para volver al orden se requiere, por tanto, que esa justicia no cope el periodo de 10 a 15 años para el cual fue innecesariamente establecida, sino que es suficiente con que ella presente sus dictámenes en el término de la distancia, ya que tal y como quedó autorizada por la Corte Constitucional, solo debe pronunciarse sobre los máximos responsables de la guerrilla, dejando de lado a los civiles, en la justicia ordinaria, y a miembros de la Fuerza Pública implicados en un tema sumario. Es decir, que la justicia transicional sea verdaderamente temporal e inmediata, por lo demás sin tanta burocracia y a fin de restablecer lo más pronto posible la estructura jurídica del país.

También se puede votar hoy por el orden cuando se ven los gigantescos estragos causados por el vaivén de la política antidroga. El país tenía, hasta 2013, una estrategia debidamente activada contra los cultivos ilícitos, hasta haber arrinconado a esa roya. De haber seguido esa ruta, consecuente con los criterios de orden nacionales, tendríamos hoy cifras supremamente favorables y no las estrambóticas que han refundado al país como una nación cocalera y de alguna manera complaciente con las 240 mil hectáreas de sembradíos ilícitos.

El voto por el orden, igualmente, radica en la convicción que se tiene de que no puede mantenerse la benevolencia con las disidencias de las Farc, con los jefes reincidentes de esa organización, con el terrorismo del Eln y las demás situaciones que impiden ejercer la soberanía estatal sobre determinados territorios del país. Esto, a no dudarlo, es una afrenta contra el propósito de lograr una nación homogénea.

De igual modo la política internacional debe seguir una directriz coherente y ordenada sobre la cual afianzar los altos intereses de la Patria. No puede un día Colombia ser la mejor amiga de la satrapía venezolana y, al otro, declararse una enemiga renegada. Semejante incoherencia, tan típica de los últimos años, ha sido aliciente para el desastre colombiano en las fronteras. El orden exige ver al país como un todo y refundar la política exterior sobre la base de los principios y valores que viene defendiendo Colombia desde que es República.

Del mismo modo, la recuperación del orden en el frente económico es lo único que puede dar seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera y evitar vivir zarandeados por continuas reformas tributarias. Y lo peor, claro está, sería caer en la tentación populista. Tampoco es dable mantener la planeación económica como una simple mampara para el desorden, por donde se cuelan los “cupos indicativos” y las corruptelas permanentes en los contratos y el ejercicio de los cargos públicos.

Los saldos ingentes de paros mal negociados han lesionado no solamente la autoridad política del Estado, sino que igualmente permanecen como una mácula en las cuentas nacionales. No es dable, tampoco, intentar ordenar al país por cuenta de la OCDE, pero por otra parte saltarse cotidianamente los compromisos adquiridos en las buenas prácticas gubernamentales.

El país, en todos esos frentes y más, requiere principalmente de la reinstitucionalización y el orden, porque el orden no basta con proclamarlo, sino que hay que ejercerlo.