El fracaso antidroga

  • Se reversó una estrategia exitosa
  • Nuevo Gobierno obligado a timonazo

 

Las cifras son inapelables. Tras ocho años de mandato el gobierno saliente entrega el poder con un evidente retroceso en la lucha contra el narcotráfico. Sus propias estadísticas sostienen que al inicio de 2018 el país tenía un total de 180 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Sin duda es un hecho de extrema gravedad toda vez que en 2013 se había logrado reducir a 40 mil hectáreas la extensión de los sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola.

Como se ha reiterado en estas páginas la causa de semejante debacle es, en primer lugar, la flexibilización de la política antidroga que se venía aplicando desde 2002 con base en la implementación del Plan Colombia. En segundo término es innegable que la larga y desgastante negociación con las Farc en La Habana, sobre todo por la inclusión del narcotráfico dentro de la agenda de las tratativas, fue un error estratégico. Y más aún cuando se pactó allí que habría una compensación económica para los pequeños narcocultivadores que abandonaran esa actividad, generando de inmediato un incentivo perverso para que en muchas zonas del país, incluso bajo la anuencia de esa misma guerrilla, miles de campesinos se lanzaran desaforadamente a sembrar hoja de coca, marihuana y amapola.

Pero hubo más: por influjo de las negociaciones habaneras el Ejecutivo decidió suspender la fumigación aérea de los cultivos ilícitos, pese a que era la estrategia más probada y efectiva de la Fuerza Pública para lograr la reducción progresiva de los sembradíos ilegales. Más allá de que para las aspersiones se utilizara o no el glifosato, lo cierto es que no se encontró un químico sustituto y por eso los operativos de erradicación forzada terrestre y voluntaria empezaron a dar resultados cada vez más deficientes, hasta llegar a la actual debacle.

A todo ello debe sumarse que la tregua pactada entre el Gobierno y las Farc si bien disminuyó la intensidad del conflicto armado, se convirtió, a la par, en un obstáculo para las operaciones antidroga. Sería ingenuo negar que muchas acciones de las Fuerzas Militares y de Policía perdieron efectividad por el temor a romper el cese el fuego y afectar la marcha de la Mesa de Negociación. A la sombra de esa misma tregua también se fortaleció el papel de las bandas criminales, derivadas del paramilitarismo, en el negocio del narcotráfico, como se puede comprobar fácilmente en el crecimiento exponencial del llamado “Clan del Golfo”. De igual manera esos altibajos en la estrategia antidroga no solo permitieron el resurgimiento de una  nueva generación de ‘cartelitos’, muchos de ellos liderados por extraditados que regresaron al país después de pagar penas en Estados Unidos, sino que dieron lugar a la incursión en Colombia de los violentos carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa.

Otro flanco que evidencia el fracaso en la lucha antidroga con que cierra este gobierno tiene que ver con el auge del microtráfico. Un estudio de Planeación Nacional señaló que la venta al menudeo de drogas en nuestro país mueve más de seis billones de pesos anuales. Este fenómeno es hoy la mayor amenaza a la seguridad urbana, al tiempo que las estadísticas de la Fiscalía sobre delitos de alto impacto, lo ubican como el más dinámico en materia de reincidencia criminal y aumento de la población carcelaria.

El retroceso antidroga en los últimos años ha sido de tal magnitud que, incluso, el gobierno estadounidense de Donald Trump llegó a contemplar la posibilidad de descertificar a Colombia por el aumento alarmante de los narcocultivos y de la exportación de cocaína a ese país. La sanción no se produjo, finalmente, porque primó la necesidad de mantener la alianza geopolítica entre Bogotá y Washington, pero es creciente la preocupación en la Casa Blanca sobre la materia, como se evidencia en los nuevos y más exigentes condicionamientos a los recortados aportes al Plan Colombia. Es más, desde hace varias semanas circula extraoficialmente una versión según la cual el informe de las autoridades norteamericanas sobre narcocultivos en nuestra nación encontró que la extensión llegó a 220 mil hectáreas al cierre de 2017, es decir 40 mil más que las estimaciones del gobierno Santos.

Como se dijo, las cifras son inapelables. Aunque el Gobierno las terminó por admitir, ofrece confusas explicaciones al respecto, insiste en una gaseosa necesidad de replantear la política global al respecto y se enfoca más en el nuevo plan quinquenal. En este, al tiempo que sostiene que la meta anual de erradicación debe mantenerse en 70 mil hectáreas de sembradíos ilícitos, recalca que ha firmado pactos con campesinos cultivadores para destruir voluntariamente más de 80 mil hectáreas. Sin embargo, esa es una tarea que le corresponderá al nuevo Presidente, a elegirse mañana. Será éste quien replantee la estrategia, pues de lo contrario el país podría volver a cifras de narcocultivos similares a las que existían antes de que se activara el Plan Colombia hace 16 años. Se perdería así todo el costoso esfuerzo en vidas, acción estatal y presupuestal para acabar con este flagelo.