El ‘cartel de los votos’

  • Estupefacción por revelaciones de la Fiscalía
  • Urge reforma política y electoral estructural

Si bien la democracia colombiana es considerada una de las más fuertes del continente y en las cuatro citas a las urnas de este año ha evidenciado récords de participación, es claro que arrastra una serie de falencias por demás graves. La principal de ellas, sin duda alguna, referente a flagelos de vieja data que afectan la trasparencia y legitimidad de las jornadas electorales. Las denuncias ayer del Fiscal General de la Nación no solo generan indignación sino también estupefacción en cuanto a las intrincadas modalidades de fraude electoral puestas al descubierto y calificadas por el jefe del ente acusador como “nauseabundas”.

Las pesquisas de la Fiscalía ponen de presente  que en ciudades como Barranquilla no existió una operación de compraventa de votos ‘tradicional’, sino que por el contrario se montó toda una empresa criminal destinada a falsear al más alto nivel de especialización la voluntad popular. Los videos,  fotografías, soportes de rastreos financieros y demás acervo probatorio confirman que era una estructura bastante compleja, que manejaba información electoral confidencial y que, además, no solo operó para los comicios parlamentarios recientes, sino que venía funcionando de tiempo atrás. Si bien es cierto que parte del modus operandi de esta red ya había sido revelado en la misma antesala de los comicios para Congreso e incluso tiene tras las rejas a una parlamentaria y otros particulares, lo conocido ayer fue mucho más impactante. Tanto en el caso de la capital del Atlántico como el de Magdalena y Antioquia, ya son cuatro los congresistas electos que quedan bajo la mira de la Sala Penal de la Corte de Justicia, al tiempo que otros particulares y reconocidos empresarios tendrán que responder ante los jueces y fiscales en las próximas semanas.

Desde los llamados escándalos del “proceso 8 mil” -en la década de los noventa- o de la “parapolítica” -en años recientes-, no se había revelado una trampa sistémica electoral de tan alta complejidad en Colombia.  Trampa que pone en evidencia, una vez más,  que la legislación constitucional, legal y reglamentaria para garantizar la trasparencia de la democracia terminó convertida en una confusa colcha de retazos normativos, por demás incoherente, insuficiente y en no pocos casos trasluciendo una ingenuidad supina.  El actual Código Electoral data del siglo pasado y los recurrentes intentos en las últimas dos décadas por aplicar una reforma política y electoral a fondo para recuperar la limpieza democrática se hundieron indefectiblemente, año tras año, en sucesivos congresos reacios a depurarse. Las pocas iniciativas que lograron ser aprobadas terminaron siendo claramente ineficaces, superficiales o derogadas parcialmente por vicios de forma y fondo en la Corte Constitucional.  Una prueba de la baja efectividad de la normatividad para garantizar la trasparencia electoral es que la investigación de la Fiscalía sobre lo ocurrido este año en las urnas coincide con la entrada en vigencia de la última ley que tipificó nuevos delitos contra el sufragio o agravó las penas de otros. Esa misma norma, que en su momento se presentó como una panacea para combatir el fraude en las urnas, también convirtió en conducta criminal infracciones que antes eran castigadas en la jurisdicción contencioso-administrativa y electoral, esto en relación a la cancelación de avales, sanciones a candidatos y partidos así como pérdidas de investidura.

Visto todo lo anterior se entiende por qué abordar de inmediato por parte del Gobierno y Congreso entrantes una reforma política y electoral de gran espectro se considera urgente. Está claro que mientras no se combata de forma más efectiva la compra y venta de votos, la coacción al sufragante, la violación de topes de financiación electoral, la suplantación de ciudadanos, la alteración de resultados en las urnas, las anomalías en las inscripción de cédulas y la financiación ilícita de campañas será imposible que la democracia colombiana logre erradicar las trampas de viejo y nuevo cuño. Las problemáticas del sistema están más que diagnosticadas y, por lo mismo, no es momento de citar a misiones de expertos que recomienden corregir los procederes corruptos y politiqueros conocidos. Hay que actuar ya porque la indefinición solo ha servido para facilitar, por acción u omisión, el enquistamiento a nivel nacional, regional y local de unas mafias que, a punta de fraude en las urnas, logran asegurar su llegada y presencia en instancias de gobierno, poder y decisión, y desde allí esquilmar de forma permanente al erario, haciendo de esta empresa criminal su modus vivendi, incluso de generación en generación.